Muerte entre las flores de opio

El forense que llevó el caso recuerda perfectamente la escena: un cuerpo tendido entre un mar de plantas coronadas por peculiares cápsulas verdes mecidas por el viento. “Un entorno bucólico” donde perdió la vida Pasquale, italiano de 32 años que, burlando la vigilancia de la Guardia Civil, se coló con otros dos amigos en la plantación de adormidera para intentar conseguir droga. El forense incluso fotografió las toscas pero eficaces herramientas que encontraron bajo su cuerpo. Con ellas había hecho los cortes a las cabezas de las plantas para extraer el látex, el jugo blanco y pegajoso del que se obtiene el opio.

Poca gente lo sabe, pero España es una potencia mundial en el cultivo de adormidera. Con 13.000 hectáreas sembradas en la campaña que termina este verano, solo la supera Australia. El negocio del opio legal, en aumento por la creciente necesidad global de los analgésicos que se fabrican con él, está rodeado de secretismo en su segundo productor mundial. Una sola empresa controla, con autorización gubernamental, desde la siembra hasta la cosecha y la exportación del producto. El sigilo es tal que se prohíbe divulgar la localización de las plantaciones, vigiladas por los cuerpos de seguridad. Si un agricultor quisiera plantar opio, necesitaría un permiso del Ministerio de Agricultura.

La muerte de Pasquale tampoco trascendió. Ocurrió un 25 de junio de 2009 por la tarde. Según el relato policial, empezó a sufrir convulsiones y dejó de respirar. Sus dos compañeros salieron corriendo a la carretera y alertaron a un paseante, que avisó a una patrulla de la Guardia Civil. Fue, según determinó el forense, una muerte accidental por ingesta de opio. El fallecido era politoxicómano y, según relataron sus amigos, padecía epilepsia. Un juzgado de Albacete abrió diligencias previas, investigó y lo archivó cuatro meses después. Nadie, salvo sus allegados, supo de una muerte una tarde de junio en un campo de opio.

Y nadie lo habría sabido de no ser por el interés divulgador de una forense toxicóloga, María Antonia Martínez, que jamás olvidó aquel caso que llegó a su despacho en el Instituto Toxicológico de Madrid en 2009. Siete años después, una revista científica, Forensic Science International, acaba de publicar un artículo sobre aquel fallecimiento. Porque se trata de algo insólito: la primera muerte registrada en el mundo ocurrida en un campo de opio legal. En Europa, España, Albacete. “El trabajo generó mucha expectación cuando lo presentamos en el último congreso de forenses en Florencia”, relata Martínez.

Mientras en Afganistán, Irán y otros países se cultiva de forma ilegal y se producen intoxicaciones, incluso muertes accidentales —es una de las causas de ingreso hospitalario de niños más común en Pakistán—, en Occidente los incidentes de envenenamiento por opio son escasos. El artículo científico recuerda que en los años ochenta varios jóvenes robaron cápsulas de adormidera en Dinamarca y se hicieron tés. Uno de ellos falleció. No hay muchos más precedentes.

En el caso de Albacete, Martínez y otras dos colaboradoras, Salomé Ballesteros y Elena Almarza, realizaron nuevas pruebas a las muestras que se conservan. “Se detectaron tebaína, morfina y codeína, que son constituyentes naturales del opio. Además se observó un consumo de otras drogas de abuso: cocaína, cannabis e incluso alcohol etílico”. La causa de la muerte: policonsumo con un rol preponderante de la morfina y la tebaína, “una sustancia muy tóxica, muy peligrosa”, explica.

No es habitual, pero sucede, sobre todo en el sur. Fuentes de la Guardia Civil relatan que cada cierto tiempo detectan personas que se introducen ilegalmente en estos campos para sajar el látex de las plantas de adormidera (Papaver somniferum). Suelen ser franceses o italianos que acampan cerca de los cultivos, o incluso dentro. En 2013 la Audiencia Provincial de Toledo condenó a casi dos años de prisión a dos italianos por extraer látex de las amapolas de opio plantadas en Polán. También a indemnizar a la empresa propietaria del cultivo con casi 12.000 euros por daños y perjuicios.

“Hoy día el proceso está mecanizado. Se cosecha la planta ya seca y luego se procesa para obtener los alcaloides con los que se fabrican medicamentos como la morfina y la codeína. El método empleado en el caso que estudiamos es el tradicional, el que se usa todavía en algunas partes del mundo: hacer incisiones para que brote el látex, que cuando se seca se oscurece y es lo que se llama opio”, explica Martínez.

Líder mundial

Mientras Australia (19.500 hectáreas esta campaña) produce en mayor cantidad la variedad rica en morfina, en España se cultiva sobre todo la rica en tebaína, un alcaloide a partir del cual se sintetizan varios fármacos analgésicos. El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo que vigila el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, destaca la apuesta de España por este cultivo, que ha crecido un 62,5% en superficie plantada en solo un año.

España y el resto de países que han ratificado la convención están obligados a informar puntualmente de su producción de esta planta y de asegurarse de que no se “desvía”. En España todo lo controla Alcaliber, que, según su página web, es el mayor productor de morfina del mundo. La empresa obtuvo la autorización administrativa del Gobierno español en 1973. Desde su sede en la madrileña plaza de Colón sus responsables declinaron hablar para este reportaje. Alcaliber está integrada en el grupo Torreal, del inversor Juan Abelló, y está participada por la farmacéutica Sanofi Aventis. En 2014, según sus cuentas anuales, obtuvo un beneficio de siete millones de euros.

Al silencio de Alcaliber se suma el del Ministerio de Sanidad, que es quien autoriza a los agricultores a cultivar adormidera. En esta campaña son 536 (en la anterior, 313), y sus explotaciones se encuentran en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y País Vasco. Esa es toda la información que se obtiene cuando se solicita a través del Portal de Transparencia. La localización exacta es secreta, y está sometida a la vigilancia de los cuerpos policiales, principalmente la Guardia Civil, que también controla “asentamientos de riesgo (colectivos marginales de consumidores)” y escolta y protege los transportes de la cosecha y de la materia prima ya transformada. Incluso se vigilan unos misteriosos “depósitos acorazados oficiales” sobre los que el Gobierno evita dar más explicaciones.

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