Archivada la causa contra el consejero andaluz de Economía por prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia contra el consejero andaluz de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por considerar que "no existen indicios suficientes" de los delitos de prevaricación y falsificación de los que fue denunciado por la Fiscalía Superior de Andalucía. Ramírez de Arellano fue acusado de supuestas irregularidades en la adjudicación para la construcción de un edificio universitario cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla. 

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A raíz del escrito del Colegio de Arquitectos de Sevilla, la Fiscalía Superior de Andalucía denunció por estos delitos a finales de marzo al consejero después de detectar posibles irregularidades en cuatro contratos para desarrollar dicho proyecto, conocido como Centrius y que costó 34 millones de euros. En el auto notificado este martes, el magistrado de la Sala Civil y Penal Juan Ruiz-Rico considera que el entonces vicerrector "no participó en el proceso selectivo" y señala que, según las pruebas practicadas, "no ha quedado acreditado" que Ramírez de Arellano "conociera los datos de los licitadores que habían concurrido a los mismos, ni cómo se habían documentado las ofertas y demás trámites administrativos ni, en definitiva, que se hubiera producido cualquier tipo de irregularidad". 

Asimismo, el juez señala que las diligencias practicadas manifiestan que el investigado "no había expresado un especial interés por las adjudicaciones a determinado arquitecto" y estima que lo decisivo para constatar el carácter irregular de esas contrataciones sería que la adjudicación de los distintos proyectos "estuviera ya tomada de antemano bien por el investigado o por otras personas, conociéndolo y consintiéndolo aquel". 

En su declaración ante el TSJA, el actual consejero de Economía ya negó cualquier irregularidad en la adjudicación del proyecto. "Todas las operaciones han estado presididas por actuaciones regulares y legales. Ni a mí ni a la Universidad nos une nada con los arquitectos adjudicatarios de los contratos ni antes ni después. Las 80 empresas que se presentaron al concurso estaban al tanto de todo y fue público”, afirmó Ramírez de Arellano tras declarar ante el magistrado.

Sobre su declaración, el juez señala que "las explicaciones del investigado sobre su desconocimiento sobre la tramitación de los expedientes resultan no solo muy verosímiles sino además ciertas de acomodarse a lo más probable", apunta el magistrado antes de señalar que "las autoridades y funcionarios de alto rango no pueden conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que les son sometidos a la firma, y generalmente deben fiarse de los informes técnicos que los avalan". "Exigir al vicerrector que desconfiase de todos y cada uno de esos expedientes tramitados en las áreas correspondientes de la universidad [...] es un despropósito", agrega. 

Tras la decisión del TSJA, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha instado a las personas que han atacado al consejero durante este proceso a que pidan perdón. "Antonio Ramírez de Arellano debe haberlo pasado mal ante tantas acusaciones infundadas. Más de uno, y de una, deberían pedirle perdón", ha escrito en Twitter la presidenta en referencia a la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, un partido que ha reclamado en reiteradas ocasiones a Díaz que retirara al consejero del cargo hasta que se aclaraba este caso.

El Colegio de Arquitectos de Sevilla ha promovido numerosos procesos (hasta nueve, según la universidad) por la construcción de este edificio, que impulsó Joaquín Luque Rodríguez, elegido rector en 2008 y anterior vicerrector de Infraestructuras. Este último cargo lo asumió Ramírez de Arellano ese mismo año, a quien le llegó la orden de iniciar los trámites del proyecto dos meses después de su designación. Para aprovechar condiciones administrativas del momento, se encargó un proyecto básico por "procedimiento negociado sin publicidad", una fórmula prevista en la legislación vigente en ese año que consiste en recabar tres ofertas limitadas a 60.000 euros sin IVA y negociar con una o varias de ellas. El Colegio de Arquitectos entiende que esta adjudicación se debería haber hecho por concurso y, tras no obtener una respuesta satisfactoria en los tribunales contenciosos administrativos, recurrió a la vía penal al considerar que se pudieron cometer delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.