La crisis agrava las desigualdades regionales

¿Optimismo por la creación de empleo? Un informe de la fundación Foessa, de Cáritas, enfría el panorama. "Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos anteriores a la crisis, que ya eran muy elevadas, costará siete años", constata el informe anual Análisis y perspectivas 2016, de los expertos de Cáritas, titulado Expulsión social y recuperación económica. El panorama se agrava por las diferencias regionales de la pobreza, la desigualdad y el bienestar, que consagran la tópica teoría de la España de dos velocidades.

"Las diferencias en el eje norte-sur no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares están en peor situación ante una eventual salida de la crisis de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón", afirma el economista Guillermo Fernández, del comité técnico de Foessa. Los diversos documentos del estudio se presentaron este jueves en la sede central de Cáritas Española, a cargo de Natalia Peiro, su directora de Comunicación, Sensibilización e Incidencia.

En el análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo, que documentan un país a dos velocidades, se constata, además del proceso de divergencia entre comunidades autónomas, cómo los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%. Un factor preocupante es que esas consecuencias se estén haciendo invisibles para una parte de la sociedad, un proceso que va a más. "Se trata de algo ya experimentado también en otras crisis: en el año 2007, por ejemplo, la exclusión social de la población española era del 16,3% y afectaba a más de 7,3 millones de personas. Pero casi nadie lo percibía", afirma Natalia Peiro.

Caritas busca "recuperar para la política de lo social a los ignorados, los no útiles, los expulsados, sobre todo en un momento como el actual, donde el deterioro de un sector significativo de la sociedad exige una mayor altura de miras, a la que nuestros partidos no han sabido responder todavía". Lo malo es que los excluidos no suelen acudir a votar y se alejan de los debates públicos. Lo sostiene Natalia Peiro a partir de la experiencia diaria de Cáritas en el acompañamiento de las situaciones de exclusión social. "Urge que los representantes públicos tomen conciencia de este hecho y estén a la altura de las personas que, a causa de la exclusión social, han dejado de considerar la participación pública como algo que tiene que ver con su supervivencia y su seguridad colectiva".

Caritas reitera, en consecuencia, el documento Propuestas ante las elecciones generales, resentado a partidos hace cuatro meses. La organización de la Iglesia católica propone un gasto de 10.000 millones de euros. "Sería la cifra necesaria para garantizar la adecuada protección de los grupos sociales más vulnerables", afirma. La primera de las medidas sería la "creación de una renta garantizada que cubra un mínimo equivalente en el conjunto del territorio del Estado", con un gasto estimado de entre 2.700 y 3.600 millones para una cobertura entre el 75% y el 100% de los posibles hogares sin ingresos beneficiarios de la prestación.