La Guardia Civil pide imputar al presidente de Murcia por corrupción

Un informe de la Guardia Civil remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco muestra indicios de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), y la exsenadora popular Pilar Barreiro, que fue alcaldesa de Cartagena durante 20 años, destinaron dinero público para contratar a empresas de la trama Púnica con el objeto de que mejoraran su imagen en Internet. Los agentes sugieren al juez que cite a declarar a ambos políticos como imputados. Sánchez está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y Barreiro, si es reelegida senadora el 26 de junio, lo estará ante el Supremo.

Los supuestos contratos de lavado de imagen digital pagados con dinero público los firmó el Gobierno murciano con sociedades del empresario Alejandro de Pedro en 2014, informó este lunes la cadena SER. Ese año Pedro Antonio Sánchez era consejero de Educación del Ejecutivo regional del popular Alberto Garre, tras cerrar una etapa de 10 años como alcalde de Puerto Lumbreras. Su gestión al frente de esta localidad limítrofe con Almería estuvo cuajada de demandas interpuestas por grupos de la oposición.

En 2014, Sánchez ya aspiraba a suceder a Garre y necesitaba que su reputación digital mejorara. La labor de las empresas de Alejandro de Pedro, según la investigación del caso Púnica, consistía esencialmente en crear una serie de periódicos fantasma en Internet en los que se alababa la gestión de sus patrocinados. Desde estos medios se lanzaban noticias que posteriormente eran amplificadas en las redes sociales hasta lograr que en los buscadores de Internet, especialmente Google, las noticias negativas fueran quedando relegadas en favor de las positivas, que ocupaban los primeros puestos en las consultas de los internautas.

Por su parte, Pilar Barreiro supuestamente requirió los servicios de Alejandro de Pedro tras 20 años en la alcaldía de Cartagena —dejó el cargo el 30 de mayo de 2015— y antes de dar el salto al Senado en la pasada legislatura. Tras la disolución de las Cortes el pasado 2 de mayo, Barreiro ya no tiene condición de senadora, aunque concurre en las listas para la Cámara alta el próximo 26 de junio.

En su informe, los agentes de la Unidad Central Operativa proponen al juez Velasco que cite como investigados —nueva denominación de los imputados— a Sánchez y a Barreiro por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración, entre otros. Fuentes jurídicas apuntan que el magistrado no enviará hasta después de las elecciones generales la obligatoria exposición razonada al Tribunal Superior murciano o al Supremo para que ambos políticos puedan ser investigados en caso de seguir como aforados.

Según fuentes jurídicas, se trata de una situación “similar” a la del exconsejero de Presidencia y Justicia de Madrid Salvador Victoria, a quien también se investiga por contratos de reputación digital con Alejandro de Pedro y cuya implicación en la Púnica le ha costado su carrera política.