El PP explota el conflicto educativo en Valencia como arma electoral

Mariano Rajoy se desplazó este miércoles a Alfafar (Valencia), tres días después de la manifestación que congregó a miles de personas en defensa de la educación concertada en Valencia, para usar el conflicto educativo como arma electoral. La de la Comunidad Valenciana fue una de las fotografías del desplome popular en las elecciones del pasado diciembre. El PP, abrasado por los escándalos de corrupción, obtuvo en uno de sus tradicionales feudos, 11 escaños, nueve menos que en 2011, y ahora confía en recuperar apoyos en el descontento por la política educativa de la Generalitat, en manos del PSOE y Compromís con el apoyo de Podemos.

La Consejería de Educación, que dirige Vicent Marzà, de Compromís, ha decidido cambiar el sistema de admisión de forma que ahora todos los centros que reciben subvenciones, es decir, públicos y concertados, deberán aplicar el mismo criterio y los colegios han perdido la posibilidad de asignar libremente un punto a los aspirantes a matricularse. Y prevén, además, cerrar dos clases de educación concertada y abrir 440 en la red pública argumentando que no hay el número suficiente de alumnos que marca la ley. Un cambio total respecto a la política del PP, que cuando gobernó abrió numerosas aulas en la concertada mientras se suprimían en la pública.

Rajoy presentó esas decisiones como un “ataque” a la libertad educativa. “Está recogida en la Constitución española y es algo consustancial al ser humano. No hay nadie que pueda pasar por encima de los padres para imponer un modelo educativo desde ninguna suerte de Administración”, declaró tras reunirse con representantes de la Mesa por la Educación en Libertad —integrada por las escuelas católicas, el foro valenciano de la familia, el sindicato USO y el propio PP de la Comunidad Valenciana—.

Recado al PSOE

Sin citarlos, el presidente en funciones acusó al Gobierno valenciano de pretender enfrentar a la sociedad “en las instituciones, en la calle y en la escuela” y lanzó un recado al PSOE: “No estamos en el siglo XXI para liquidar derechos. La radicalización no es buena en ninguna faceta de la vida. El extremismo no lleva a ninguna parte. Los prejuicios ideológicos solo sirven para perjudicar al conjunto y alentar el radicalismo, pactar con ellos o ponerse a sus órdenes, solo sirve para una cosa: acabar devorado por ellos”.

En la Comunidad Valenciana hay 225.000 alumnos y 429 centros de educación concertada. La manifestación del pasado domingo contra la política del Gobierno que preside el socialista Ximo Puig encaja como un guante en la campaña emprendida por el PP para denunciar lo que considera “malas prácticas” de los Gobiernos autónomos que han surgido de pactos del PSOE con otras fuerzas políticas.

Este miércoles Rajoy metió de lleno a la educación en su agenda electoral, pero el sector tampoco es ajeno a los escándalos que afectan al partido. De hecho, el juez del caso Taula investiga si la empresa de la Generalitat Construcciones e Infraestructuras Educativas (Ciegsa), que se endeudó en cerca de 2.500 millones de euros para construir colegios —de los cuales se calcula que cerca de 1.000 fueron sobrecostes— fue una de las utilizadas en la trama del supuesto cobro de comisiones del 3% a cambio de contratos que, supuestamente, sirvieron para financiar al PP valenciano.

En los juzgados también se investiga el posible pago irregular de nóminas a una decena de liberados de entidades de la concertada y pagos indebidos a algunos centros educativos no contemplados en los conciertos.