Los ‘alcaldes del cambio’ defienden su gestión y tratan de sortear las crisis

Hace un año las candidaturas municipalistas impulsadas por Podemos se convirtieron en la principal alternativa al PP en las grandes capitales. Gracias al apoyo del PSOE, gobiernan hoy en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz o en Galicia. En el clima de precampaña de las elecciones generales del 26-J, el partido de Pablo Iglesias presume ahora del trabajo de los llamados alcaldes del cambio tras doce meses de gestión marcada por la ruptura con sus antecesores y varias polémicas.

Madrid

Manuela Carmena llegó a la alcaldía hace un año al frente de Ahora Madrid (una coalición en la que participan Podemos, Ganemos e Izquierda Unida) y gracias al respaldo del PSOE, que en julio se planteará incorporarse al Gobierno municipal. Tanto durante la campaña como en sus primeras semanas de gobierno, Carmena puso el énfasis en aspectos sociales como la lucha contra la desnutrición infantil y los desahucios, pero pronto el foco político se desplazó hacia la limpieza viaria y las grandes operaciones urbanísticas. En cuanto a lo primero, heredó una situación desastrosa del PP (que gobernó entre 1991 y 2015) y la ha ido enderezando mediante la presión a las empresas concesionarias. En urbanismo, ha desatascado alguna operación trabada por el PP, como las que atañen a los estadios del Real Madrid y el Atlético; está intentando enmendar la Operación Chamartín para reducir el número de viviendas previstas; y ha evitado que el grupo chino Wanda derribe el edificio España pese a estar protegido.

Aun así, ha recibido duras críticas por, supuestamente, asustar a los inversores internacionales. Los errores más graves de su gestión se han centrado en el área de Cultura, que comenzó torcida por la dimisión de Guillermo Zapata apenas horas después de ser nombrado debido a unos tuits escritos hace años. Su sustituta, Celia Mayer, está muy cuestionada por polémicas menores (los trajes de la cabalgata de Reyes Magos o una función de titiriteros en Carnaval) y por errores graves como retirar vestigios del franquismo sin soporte jurídico. La posible entrada del PSOE podría servir para asentar el gobierno municipal, aunque probablemente causaría un terremoto político en Ahora Madrid y también entre los socialistas.

Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha gobernado el Ayuntamiento de Barcelona durante un año con solo 11 concejales de 41, el ejecutivo más minoritario en el consistorio más plural, con siete partidos. Uno de ellos, el PSC, formalizará este miércoles, la entrada en el gobierno de un Ayuntamiento de ADN socialista. El pacto llega coincidiendo con el aniversario de la victoria de Colau por solo 17.000 votos sobre CiU. Con cuatro concejales más para atender áreas y distrito y las cuentas aprobadas, afronta la hora de la verdad tras un año de más anuncios que medidas concretas.

La alcaldesa deberá lograr consenso para aprobar el nuevo plan que fija dónde podrán abrir nuevos hoteles o la unión de los dos tranvías por la avenida de la Diagonal. Y no lo tendrá fácil ni con sus hasta ahora socios, ERC y la CUP. También se enfrenta a polémicas como la ordenanza de terrazas o la gestión del top manta, dos cuestiones heredadas de anteriores mandatos que son un quebradero de cabeza, sobre todo después de las presiones de su concejal Jaume Asens a la abogada de la Guardia Urbana para que no encarcelara al vendedor que agredió a un agente. Una crisis que la ha enfrentado a la cúpula del cuerpo policial. La gran prioridad de Colau es ahora el Plan de Barrios para atacar la creciente brecha socioeconómica en la ciudad, un proyecto que comenzará por invertir en tres barrios del eje Besòs, el más pobre de la ciudad. También debe cerrar decenas de carpetas que ha abierto: la retirada del nomenclátor de las calles con referencias borbónicas, la revisión de la política fiscal en función de las rentas, del catastro, de contratos y empresas públicas o cuestiones que afectan al territorio como la cobertura de la Ronda de Dalt o la pacificación de la Meridiana, dos vías centrales.

Valencia

Joan Ribó, alcalde de Valencia tras el pacto de Gobierno entre Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú, ha brillado durante su primer año de gestión por su política de gestos. Ha abierto una parte del Consistorio a las visitas de vecinos y turistas, cambiado el coche blindado de su predecesora Rita Barberá por la bicicleta o un coche oficial más modesto y eliminado la representación institucional del Consistorio en los actos religiosos.

El Gobierno de Ribó ha dado vuelo a las políticas de movilidad que no exigían grandes inversiones: restringir coches del centro de la capital, peatonalizar zonas del casco histórico o mejorar la red de carriles bici. Ha revertido algunas decisiones polémicas del anterior gobierno del PP, como ha sido eliminar el distrito único educativo en la capital, de forma que cada familia solicite de nuevo plaza escolar en el centro más próximo a su domicilio.

Las críticas a su gestión han llegado por su intento de que los centros comerciales no abran en domingo o por su falta de interlocución con el Gobierno de Mariano Rajoy para negociar un contrato de subvenciones para el transporte urbano o el rescate de la Marina Real, un espacio portuario remodelado con motivo de la Copa del América y ahogado por la deuda. Ambas cuestiones heredadas del anterior Ejecutivo. Ha sido un año de gestión discreta dado que la investigación por presunto blanqueo de capitales que salpica a la práctica totalidad del grupo municipal del PP en Valencia lo ha devorado todo.

Zaragoza

Pedro Santisteve, que llegó a la alcaldía de Zaragoza de la mano de la candidatura instrumental Zaragoza en Común, es uno de los referentes de los llamados Ayuntamientos del cambio más citados por Pablo Iglesias. Profesor y activista, Santisteve se presentó con el principal objetivo de impulsar un plan de “emergencia social” y rescate ciudadano y paralizar los desahucios. Cercano a Podemos y a la vez a Izquierda Unida, el regidor hizo campaña por ambas formaciones antes de las elecciones del 20 de diciembre, mostrando así equidistancia entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón.

El aspecto más polémico de su gestión tiene que ver con el llamado caso de la gomina. La acusación sostuvo que Santisteve cargó al Ayuntamiento de Zaragoza alrededor de 1.000 euros con los que pagó su gomina y un viaje del partido a Galicia realizado el pasado noviembre para participar en un acto de la marea atlántica. El pleno municipal le exigió la devolución del dinero.

Galicia

Las mareas gallegas que desplazaron al PP en A Coruña y Santiago no lograron gobernar en solitario y esta circunstancia ha marcado su primer año de mandato. PSOE y BNG permitieron a Marea Atlántica y Compostela Aberta tomar el bastón de mando en A Coruña y Santiago pero, ya instalados en la oposición y votando con el PP, la colaboración se terminó. En ambas ciudades los regidores de las mareas han consumido prácticamente estos 12 meses en la negociación de sus presupuestos, finalmente, aprobados.

Con la gestión municipal centrada en la dotación presupuestaria y la oposición controlando los tiempos, los gobiernos de las mareas apenas han podido poner en marcha algunos de los grandes cambios anunciados, como la renta social municipal, punto estrella del programa del coruñés Xulio Ferreiro, o la reforma fiscal, frenada con la pinza de PP y PSOE, que buscaba Martiño Noriega en Santiago. Ambos alcaldes han dejado no obstante su impronta con medidas como la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en A Coruña que ha borrado la dictadura del callejero, la celebración de encuentros abiertos entre el gobierno y los vecinos o la proclamación laicista de sus respectivas instituciones. Medidas, todas ellas, muy criticadas por la oposición.

Cádiz

No ha pasado nada. Este es el principal balance del primer año de mandato de José María González, Kichi, como alcalde de Cádiz tras 20 años de gobierno municipal del PP y que el regidor resume con la expresión “no hemos quemado iglesias”. Los servicios públicos funcionan con las deficiencias habituales de cualquier ciudad, se ha rebajado la deuda municipal, que supera los 200 millones de euros, se ha intervenido en un centenar de desahucios, y se han registrado enfrentamientos con sectores municipales diversos: con las cofradías de Semana Santa por reordenar las ayudas públicas; con la Policía Local por defender el alcalde a un vendedor ambulante frente a la acción de los agentes; con el PP, a quien ha acusado judicialmente de permitir el suministro de agua contaminada; y con el PSOE, por no respaldar los primeros presupuestos de Podemos, que se presentó en Cádiz con la marca Por Cádiz Sí Se Puede.

Kichi cuenta con ocho de los 27 concejales y accedió a la alcaldía con el apoyo puntual del PSOE para desbancar a Teófila Martínez (PP), que se quedó con 10 concejales tras 20 años de mayoría. Su principal herramienta de gobierno, las cuentas, no ha sido respaldada por la oposición, donde se incluyen los socialistas. Quieren contar con 159,7 millones, pero ocho de esos millones de euros para inversiones están vinculados a que sean aportados por los Gobiernos central (PP) o el autonómico (PSOE).

Con información de Bruno García Gallo, Clara Blanchar, Cristina Vázquez, Cristina Huete, Raúl Limón y Francesco Manetto.