Planteamientos insuficientes

España será el país más envejecido de Europa en unas décadas. El espectacular aumento de la esperanza de vida combinado con una de las menores tasas de fecundidad del mundo provocará que cuando se jubile la generación del baby boom, tengamos un jubilado por cada 1,3 personas en edad de trabajar. Las buenas noticias asociadas a una mayor longevidad se tornan negativas tan pronto pensamos en la sostenibilidad de las pensiones. Una sostenibilidad también amenazada en el corto plazo, con un déficit actual en la Seguridad Social (en su vertiente contributiva) de cerca de 17.000 millones. La insoportable tasa de paro, la precarización salarial y el despilfarro en la política de bonificaciones a la contratación han lastrado los ingresos, se ha comido rápidamente más de mitad del Fondo de Reserva y ha adelantado la entrada en déficit del sistema.

En definitiva, se agota el tiempo para adaptar nuestras pensiones a la nueva realidad demográfica. La última reforma consigue garantizar la sostenibilidad del sistema, pero de una forma ineficiente e injusta, al recaer todo el coste en la congelación de las pensiones. Tan pronto el Banco Central Europeo consiga su objetivo de inflación del 2%, las pensiones perderán un 1,75% de poder adquisitivo cada año.

Ante este panorama es normal la preocupación de los ciudadanos, máxime cuando estamos en la antesala de la repetición de las elecciones generales. Los políticos, en campaña, acuden raudos a satisfacer estas demandas. Por un lado el PSOE, con el apoyo posterior de Podemos, propone introducir una nueva tasa para financiar las pensiones. Por otro lado, PP y Ciudadanos no ven necesaria tal subida y como solución apuestan por la creación de empleo. Ambas propuestas políticas son claramente insuficientes, por no decir otra cosa, y no están a la altura del problema que tenemos por delante. La realidad aritmética del envejecimiento sobre las pensiones es tozuda. Si queremos escapar de la injusta congelación, el gasto superará el 15% del PIB en las próximas décadas. Y al mismo tiempo, aunque alcancemos el pleno empleo, los ingresos por cotizaciones apenas superaran el 10% del PIB.

Sabemos que las promesas electorales se las lleva el viento y que el papel lo aguanta todo. En una cuestión tan fundamental para la sociedad como las pensiones, los políticos deberían mostrar su sentido de Estado. No enzarzarse de forma partidista en el juego electoral prometiendo lo imposible, sino explicar a los ciudadanos la realidad del envejecimiento y trabajar juntos para conseguir un sistema de pensiones sostenible para las futuras generaciones. Se lo debemos a nuestros jóvenes, que ya han sufrido la peor parte de esta maldita crisis. Confiemos en que la clase política esté a la altura del reto demográfico al que nos enfrentamos.

José Ignacio Conde-Ruiz es profesor de Economía en la Universidad Complutense.