Dos altos cargos señalan a Arias Cañete en el ‘caso Acuamed’
El juez imputa al ex secretario de Estado de Medio Ambiente y a la directora general de Aguas
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, encargado de la investigación del caso de corrupción en la sociedad pública Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas), ha tomado este martes declaración a Federico Ramos, ex secretario de Estado de Medio Ambiente, y a Liana Ardiles, actual directora general de Aguas del Ministerio de Agricultura. Ambos, según informan fuentes judiciales, han señalado al exministro Miguel Arias Cañete como responsable del nombramiento del ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el cabecilla de la trama corrupta que cobraba dádivas a cambio de beneficiar a empresas constructoras.
Ramos y Ardiles, además, han relatado al juez que el antiguo responsable de Acuamed "tenía una relación directa con Arias Cañete", según las mismas fuentes. Han explicado el enfrentamiento que tuvieron Mateo y Ardiles, que era presidenta del consejo de administración de la sociedad pública. Finalmente, según la versión de ambos, el exministro y actual comisario europeo terminó por retirar a Ardiles de la presidencia. "En los momentos de tensión, Arcadio Mateo era respaldado por Arias Cañete", ha dicho Ramos al juez.
Ramos fue hasta mayo de 2015 secretario de Estado de Medio Ambiente. Hace un año dejó ese cargo y pasó a formar parte del equipo de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Fue nombrado subsecretario de Presidencia.
Cuando estalló el escándalo de Acuamed se detuvo a 13 personas. Ninguno era alto cargo del Ministerio de Agricultura, del que depende esta empresa pública. Sin embargo, en el auto en el que Velasco dictó prisión para los 13 detenidos, el juez apuntó que "cargos de muy alto nivel del ministerio" habrían beneficiado a FCC. Aunque su nombre no aparecía, Ramos dimitió.
Hace 10 días, Ramos y Ardiles fueron citados a declarar como investigados por Velasco —la antigua imputación—. El ex secretario de Estado, según las fuentes judiciales consultadas, ha llevado a su declaración de este martes ante el juez un informe de su departamento en el que se desaconsejaba cerrar una compensación con fondos públicos para FCC por los daños en una desaladora de Almería, una obra que está en el centro de la trama de Acuamed. A pesar de ese informe, y tras reunirse con FCC, Arias Cañete encargó a la Abogacía del Estado que analizara el encaje legal de la operación de compensación.
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