Andalucía no hará examen final para la evaluación de sexto de primaria

El diagnóstico será un informe elaborado por profesores del centro y verificado por una comisión externa

Alumnos en un centro público de Sevilla.
Alumnos en un centro público de Sevilla.GARCÍA CORDERO
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Andalucía no hará un examen final externo para la evaluación de sexto de primaria, sino que elaborará informes individuales de cada alumno al acabar el curso. Es la interpretación definitiva que la Consejería de Educación andaluza da a la polémica evaluación para los alumnos del último curso de primaria contemplada en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En Andalucía estudian 91.350 alumnos de sexto, casi el 20% del total.

Las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PSOE acordaron el martes "minimizar" la prueba externa que prevé la reforma educativa del PP. Las dos claves principales son usar a los maestros del centro de sexto de primaria (en lugar de docentes externos) y pasar el informe final por una comisión externa. Andalucía da un paso más e interpreta que esa evaluación no tiene por qué ser necesariamente un examen final.

El real decreto que regula este examen, publicado el pasado noviembre, establece que se debe hacer una "evaluación final" al acabar el curso y que serán profesores externos los encargados de "aplicar y corregir la prueba". Los socialistas interpretan que su formulación de la prueba se queda en una "zona gris" y que no supone saltársela, aunque otras comunidades han optado por un examen final con correctores externos, principalmente las cinco gobernadas por el PP.

"No somos insumisos"

 “No somos insumisos, aplicamos la ley y la adaptamos. Vamos a hacer una evaluación continua, específica e individualizada”, ha detallado este jueves la consejera andaluza, Adelaida de la Calle, tras mantener sendas reuniones con las asociaciones de directores de primaria y secundaria en la comunidad en las que ha estado también presente la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El ministerio evita hacer críticas o valorar si las comunidades socialistas están incumpliendo o no su normativa. Un portavoz oficial señala que Educación no valora "futuribles" y recuerda lo que ha repetido el ministro en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, en las últimas semanas: que la ley hay que cumplirla y que todas las comunidades autónomas la van a cumplir.

La metodología que implantará Andalucía se regirá por un manual de instrucciones que la consejería redactará mediante el que se comprobará el grado de adquisición de las competencias en lengua, matemáticas y ciencia y tecnología. Las materias a evaluar son el único punto que Andalucía y las demás regiones socialistas mantienen tal como marca el real decreto que regula la prueba externa para toda España.

"El profesorado se responsabilizará de las pruebas y redactará un informe individualizado de cada niño. Son evaluaciones que ya se hacían, pero ahora se realizarán de acuerdo con los informes", ha matizado De la Calle, que ha avanzado que estas evaluaciones se harán en la primera quincena de junio, "cuando la actividad académica ha bajado", ha matizado.

Para cumplir con la evaluación externa exigida en la ley, la propuesta de la Junta es contar con una comisión de verificación externa organizada por zonas que "supervisará, asesorará y validará los resultados", según apunta en una nota la consejería. Será una comisión territorial que estará conformada por personal de inspección educativa, miembros de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) y en la que podrán participar los directores de centros.

La consejera ha criticado que el Ministerio de Educación "no haya sido capaz" de convocar una conferencia sectorial a tiempo para resolver las dudas y problemas de la ley. El ministerio entiende, por su parte, que las pruebas externas de primaria ya fueron sometidas a debate con las comunidades el pasado verano.

La próxima sectorial, en cualquier caso, está prevista el próximo 13 de mayo, después de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP hayan elaborado ya su prueba. La Junta de Andalucía ha avanzado que ha acordado esta medida junto a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Aragón, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha.

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