La Xunta admite ante el juez que “priorizó” a enfermos de hepatitis C

"Priorización". Esa es la palabra a la que se han aferrado los dos cargos sanitarios de la Xunta investigados en la primera causa judicial abierta en España por las demoras que sufrieron los enfermos de hepatitis C para recibir sus tratamientos entre 2014 y 2015. Félix Rubial, director de Asistencia Sanitaria en aquella época, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia, han defendido este jueves en su declaración ante el juez que la comisión creada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) para controlar la dispensación de los costosos fármacos no excluía a pacientes a los que su médico especialista les había recetado el Sofosbuvir, sino que "priorizaba" a afectados cuyo grave estado cumplían ciertos requisitos, informan fuentes judiciales.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, Andrés Lago Louro, ha interrogado a los dos imputados por prevaricación sobre el funcionamiento y justificación de los trámites burocráticos impuestos por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la época en la que los nuevos tratamientos tenían un elevado precio. La fiscal del caso acusa a Rubial y Gómez-Criado de homicidio por imprudencia profesional grave porque vincula la muerte de ocho enfermos con una demora "injustificada" que impuso la Xunta por "razones presupuestarias" y no médicas.

Los dos cargos sanitarios, sin embargo, han insistido en que fueron motivaciones "clínicas" las que provocaron la angustiosa espera y han atribuido las decisiones a un grupo de médicos designados por la Administración para formar parte de la comisión que ellos dirigían como presidente y vicepresidenta. Ambos han alegado que se limitaban a cumplir los trámites burocráticos sin participar en la autorización o denegación de los fármacos, un argumento de defensa que también utilizó Feijóo esta semana en el Parlamento gallego. 

Mientras los afectados documentan esperas de hasta ocho meses por los medicamentos recetados por sus hepatólogos, Rubial y Gómez-Criado han asegurado que las peticiones de los tratamientos se resolvían en solo un mes "desde que llegaba a la comisión" y se han aferrado a la supuesta falta de formalidad de las solicitudes de los médicos especialistas para justificar el tiempo transcurrido antes de que este órgano del Sergas registrase la entrada. La plataforma gallega de afectados por la hepatitis C acusó hace unos días a la Xunta de falsear las fechas de los documentos para negar las largas demoras que sufrieron estos enfermos.

Los dos cargos sanitarios, cuya labor ha sido respaldada públicamente por el Gobierno de Feijóo, han respondido a las preguntas de todas las partes personadas en el caso. Rubial y Gómez-Criado declararon durante cuatro horas con "pleno ánimo de colaboración" para esclarecer el "correcto" y "diligente" funcionamiento de la comisión de farmacia que dirigían, según destacó su abogado, Manuel Pillado, al término de la sesión en la que los dos investigados aportaron nueva documentación a la causa.

El abogado de la acusación popular, que ejerce la plataforma gallega de afectados por la hepatitis C, tildó de "no satisfactorias" las respuestas de los dos imputados y precisó que quedan "muchas lagunas que habrá que analizar" en esta primera causa penal abierta en España contra una administración pública por demoras en la concesión de medicamentos.