Expulsar a los incómodos

Marruecos, Mozambique y Camboya han deportado en el último año a casi una decena de activistas españoles

Eva Anadón, en Zaragoza, tras su expulsión de Mozambique.
Eva Anadón, en Zaragoza, tras su expulsión de Mozambique.David Asensio

Cuando un grupo de agentes armados la esposó y detuvo durante una protesta contra los abusos sexuales en las escuelas; cuando la soltaron para, a la semana, ir a buscarla a casa; y cuando la interrogaron y retuvieron durante horas “sin decirme de qué se me acusaba”; la española Eva Anadón, de 34 años, solo pensaba que la policía mozambiqueña quería intimidarla. En un principio, a esta aragonesa no se le pasó por la cabeza que, tras cuatro años en el país luchando con diferentes ONG por los derechos de la mujer, acabaría en un avión rumbo al aeropuerto madrileño de Barajas sin ni siquiera poder hacer las maletas. "Me echaron con una impunidad absoluta", relata indignada, pasados ya unos días desde su expulsión el 31 de marzo. "El Gobierno quiso lanzar así un mensaje a toda la sociedad civil: que no protestasen", añade de inmediato.

Porque esta feminista forma parte de un amplio grupo de activistas y cooperantes españoles que se han erigido, en los últimos meses, como voces incómodas en los países donde trabajaban. Como el ecologista Alejandro González-Davidson, al que Camboya deportó en febrero de 2015 tras liderar las movilizaciones contra la construcción de una presa. O el jesuita Esteban Velázquez, que atendía a los inmigrantes que esperan en el monte Gurugú —para intentar entrar en Melilla— hasta que Rabat, a inicios de 2016, le impidió continuar allí con su labor

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Solo Marruecos, Mozambique y Camboya suman ya casi una decena de expulsiones de este tipo en el último año. La mayor parte se produjeron en el país norteafricano, donde existe una importante presencia de cooperantes españoles por sus lazos históricos con el otro lado del Estrecho. Así, a la deportación del sacerdote jesuita se suma la de una defensora de los derechos de los homosexuales el pasado verano; y, a principios de abril, las de cinco juristas que aterrizaron en Rabat para intentar comprobar el estado de un grupo de presos saharauis.

"Desde 2002 hemos acudido a muchos juicios contra los presos políticos saharauis para elaborar informes que trasladábamos a la ONU. Hasta ahora, no nos habían puesto problemas", cuenta María Nieves Cubas, una de las abogadas expulsadas de Marruecos. Entonces, ¿qué ha cambiado en estos meses? La letrada apunta directamente a un fallo del Tribunal Europeo de Justicia que, en diciembre, anuló un acuerdo comercial sobre productos agrícolas y pesqueros entre Rabat y Bruselas. Según recoge la sentencia, los Veintiocho no se aseguraron de que el país africano no usara este pacto para explotara los recursos naturales del Sáhara Occidental : "Sobre el que no está reconocida la soberanía de Marruecos, ni por la UE; ni por sus Estados miembros; ni, de manera general, por la ONU".

La reacción del Gobierno de Rajoy

El papel de Exteriores. "Todos los países son soberanos para realizar, con arreglo a su legislación, expulsiones", relata un portavoz del Ministerio español de Exteriores, que cuenta que el papel de los cónsules consiste, por tanto, en verificar que los afectados se encuentran bien y que las deportaciones se hacen conforme a la ley: "Que tienen, por ejemplo, asistencia letrada. Aunque son ellos los que tienen que buscarse a sus propios abogados".

Quejas de España. El Gobierno de Rajoy ha convocado, en las últimas semanas, a las embajadas de Mozambique y Marruecos para pedir explicaciones por las expulsiones, respectivamente, de Anadón y los cinco juristas. En el primer caso, Madrid se quejó de que Maputo no informó a la embajada española de la detención de la feminista y, después, no permitió a la cónsul prestarle asistencia. En el segundo, mostró su preocupación "por las garantías de los afectados en la gestión de esta expulsión administrativa".

Acusaciones. Mozambique imputa a Eva Anadón la "participación en una manifestación ilegal, dirigiendo a un grupo de menores con uniformes escolares y exhibiendo pancartas contrarias a las buenas costumbres", lo que supone una "clara violación de la ley" mozambiqueña. Por su parte, Marruecos acusa a los cinco juristas españoles de "entrar en territorio nacional para crear disturbios y atentar contra el orden público".

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Los activistas se mueven en muchos países, por tanto, sobre "arenas movedizas", ilustra José Ángel Sotillo, director del Instituto de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Las relaciones bilaterales que existan en esos momentos —o cualquier cambio que experimenten— pueden influir sobre ellos. Pero la propia actividad de los cooperantes también puede marcar el trato entre los Estados. "Todas estas personas crean, con la ciudadanía local, un tejido social que permite trabajar para avanzar en el futuro. Y eso, donde existe cierto cuestionamiento de los derechos humanos y la democracia, a los Gobiernos no les gusta nada", remacha Sotillo.

"Frustración y miedo"

A Eva Anadón le cuesta elegir una sola palabra que describa todo lo que sintió desde su arresto hasta su expulsión de Mozambique. Habla de una montaña rusa de sensaciones: de frustración, rabia, impotencia, pena y miedo. Todo empezó en la mañana del 18 de marzo. El grupo local de Secretariado Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, colectivo al que pertenece, había convocado una concentración para denunciar los casos de acoso sexual en las escuelas —"hay niñas que, para pasar de curso, tienen que ceder a abusos por parte de sus profesores"— y resaltar la ineficacia de las medidas adoptadas por la comunidad educativa para combatirlos. Una de ellas: que las chicas tengan que llevar una falda hasta los tobillos. Una iniciativa que, según resalta Anadón, criminaliza a las víctimas porque lanza el mensaje a la sociedad de que la "culpa es de ellas, que enseñan la pierna".

"Estábamos juntándonos para comenzar la actividad cuando llegó la policía y empezó a intimidarnos. Las niñas empezaron a cantar un lema: 'Si las mujeres se unen, el machismo va a caer'. Y entonces los agentes se pusieron muy violentos", relata Anadón, a la que arrestaron junto a una compañera brasileña y tres mozambiqueñas. Pese a que las soltaron a las horas, las autoridades de Maputo continuaron la ofensiva. Un grupo de policías fue a buscarla a su casa, pero no dieron con ella. Después, la citaron. Pensó que sería para intimidarla. "No que me meterían en un avión para devolverme a España", sentencia la activista.

"Al deportarme se le envió un recordatorio a la sociedad civil"

Alejandro González-Davidson se enfrentó a Camboya y terminó expulsado tras liderar las movilizaciones contra la construcción de una presa, que suponía la inundación de, como mínimo, 26.000 hectáreas de bosques y el desplazamiento de unas 1.500 personas. "El Gobierno decidió echarme porque me empezaron a ver como alguien capaz de movilizar a la opinión pública", afirma este catalán, fundador de la ONG Mother Nature en el país asiático.

"Al deportarme se le envió también un recordatorio a la sociedad civil en general y a las numerosas ONG extranjeras que trabajan allí: 'Si os pasáis de la raya y hacéis algo efectivo, algo que demuestre al público camboyano de lo que verdaderamente estamos hechos, esto es lo que os pasará", continúa el ecologista, que llevaba 14 años en Camboya. González-Davidson añade: "Pero no fue en balde, ya que mi expulsión creó muchísimo descontento en la sociedad, lo que forzó al gobierno a cancelar la presa". "Un activista con un pasaporte de un país democrático y con influencia, como España, tiene la posibilidad de conseguir muchas cosas que a activistas nativos del país no les serian tan fáciles", concluye el catalán.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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