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ANÁLISIS

Basta ya

De una vez por todas, hay que afrontar la viabilidad financiera de las comunidades autónomas

El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne este viernes llega después de un “basta ya” prácticamente unánime de las comunidades autónomas. Tras meses de silencio y de ocultación de la realidad, el Gobierno no ha tenido más remedio que convocar a un organismo cuya forma de funcionamiento no puede continuar ni un día más.

Las comunidades autónomas, a las que el Gobierno ha intentado culpar de su mala política económica, tenemos toda la legitimidad para tomar la palabra y para exigir un cambio en la manera de hacer las cosas. Este Consejo de Política Fiscal y Financiera, en cuyo orden del día solo viene como punto relevante los recortes a hacer, debe analizar el origen y la naturaleza real de las desviaciones del objetivo de déficit en 2015. Deber delimitar las responsabilidades de cada administración y, sobre todo, fijar un objetivo realista para el actual ejercicio.

Y ese objetivo de déficit, no puede tomarse de forma unilateral, con el peso del 51% de los votos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que representa la mano levantada del ministro. Hay que fijar una cifra proporcional a la dimensión del gasto que gestiona cada administración pública. Y, sobre todo, hay que proteger el gasto —en realidad, inversión— en servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y protección social. Cumplir el déficit no puede significar dañar esas prioridades. No caben más recortes cuando las autonomías han ajustado su gasto un 13% en cuatro años, mientras que la administración central solo lo ha hecho en un 3,6%.

De una vez por todas, hay que afrontar la viabilidad financiera de las comunidades autónomas, algo que en muchos casos es actualmente una quimera. El Gobierno tiene pendientes y obligadas dos tareas. La primera, convocar la Conferencia de Presidentes para fijar con el Gobierno la respuesta al ajuste que reclama Europa. La segunda, iniciar de inmediato y con carácter urgente los trabajos para la revisión del sistema de financiación, un debate que debe llevar aparejado la transición a un modelo federal del Estado.

Me congratula que el ministro aceptara la propuesta de crear un grupo de expertos para preparar un diagnóstico técnico de la financiación de las autonomías. Será el primer paso de un nuevo sistema de financiación que debe poner encima de la mesa toda la tarta del dinero de las administraciones públicas.

No puede solo plantearse lo que se destina a las comunidades autónomas. Desviar la atención a esa parte, propiciando una batalla entre las comunidades autónomas, solo está en la mente de quienes no quieren resolver el problema. Porque en la cifra está la evidencia: el gasto en servicios públicos fundamentales de las comunidades este año asciende a 105.000 millones. El Gobierno reparte unos 88.204 millones entre todos. Si tienen una calculadora a mano ya pueden echar cuentas de cuál será el déficit. Y no les saldrá el 0,3%.

Ximo Puig es el presidente de la Generalitat valenciana