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El Congreso español apoya la Ley de Amnistía vetada por Maduro

La Comisión de Exteriores denuncia, con la abstención de Podemos, la existencia de presos políticos en Venezuela

El embajador de Venezuela, Mario Isea, a su salida del Ministerio de Exteriores el pasado viernes.
El embajador de Venezuela, Mario Isea, a su salida del Ministerio de Exteriores el pasado viernes.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley en la que denuncia la presencia de presos políticos en Venezuela, “incompatible con la existencia de un régimen democrático”, y muestra su “preocupación y rechazo” al veto del presidente Nicolás Maduro a la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea venezolana y declarada inconstitucional por el  Tribunal Supremo de dicho país. El texto, consensuado por el PP, el PSOE, Ciudadanos y Democràcia i Llibertat (DL), a los que se ha sumado el PNV, ha contado con la abstención de Podemos y el voto en contra de ERC e IU.

El portavoz de Podemos, Pablo Bustinduy, ha justificado la abstención de su grupo explicando que el texto final era mucho menos beligerante que el inicial del PP, pero se alinea con una de las partes, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), de oposición, por lo que no podía votar a favor. Durante el debate, Bustinduy ha protagonizado un rifirrafe con el portavoz del PP, José Ramón García-Hernández, ante las alusiones de este a los pagos del régimen chavista a la fundación CEPS, germen ideológico de Podemos. Bustinduy ha pedido que se deje de imputar a su partido “gravísimos delitos sin aportar pruebas ni ir a los tribunales”, en referencia a la financiación ilegal.

El texto aprobado “condena” los insultos proferidos por Maduro contra Rajoy y “manifiesta su apoyo” a la respuesta del Gobierno en funciones, que ha llamado a consultas al embajador de España en Caracas.

Todos los partidos, salvo el PP, piden que se suspenda el acuerdo de la UE con Turquía para devolver refugiados

La primera, y probablemente única, sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores en esta legislatura dedicada al debate de proposiciones no de ley –que no vinculan legalmente pero tienen la fuerza de un mandato político— ha abordado un puñado de asuntos polémicos: desde las relaciones con Cuba, a la crisis de los refugiados, pasando por el reconocimiento del Estado Palestino o el establecimiento de relaciones diplomáticas con Kosovo. Con relación a Cuba, la Comisión ha aprobado, con solo dos abstenciones, una declaración en la que aboga por “continuar impulsando” las relaciones entre España y Cuba, desde el convencimiento de que las mismas “ofrecen una magnífica oportunidad para contribuir a avances en derechos y libertades del pueblo cubano”. Más allá de su estilo gaseoso, el texto entierra la posición común impulsada en 1996 por Aznar, que condicionaba el diálogo con La Habana a la democratización y el respeto a los derechos humanos, ya arrumbada por la UE.

Con la abstención del PP, la comisión ha aprobado, a iniciativa de DL, una proposición que insta al Gobierno a exigir la suspensión del acuerdo entre la UE y Turquía para la devolución de los inmigrantes llegados irregularmente a Grecia hasta que el primero sea un país seguro y el segundo  cuente con medios para gestionar las peticiones de asilo y garantizar las condiciones de vida de los refugiados.

Además, la Comisión ha aprobado, por unanimidad, una proposición de condena del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, propuesta por el PSOE; mientras que ha rechazado sendas declaraciones a favor del reconocimiento unilateral e incondicional del Estado palestino (iniciativa de Podemos) y del establecimiento de relaciones diplomáticas con Kosovo (de ERC).