Moncloa encargó un estudio para abrir el plazo de disolución sin investidura
Los letrados han concluido que es imposible que empezara a contar el plazo de disolución de las Cortes para repetir otras elecciones sin acudir a un pleno de investidura
Los letrados destinados en La Moncloa, dependientes del Ministerio de Presidencia, han estudiado para Mariano Rajoy si podría existir alguna opción de que empezara a contar el plazo de disolución de las Cortes para repetir otras elecciones sin acudir a un pleno de investidura y han concluido que es imposible. Rajoy quería llegar con esa opción abierta a su cita con el rey Felipe VI el martes y se la han cerrado de pleno.
El Gobierno no ha encargado aún a la Abogacía del Estado ningún informe jurídico oficial sobre los escenarios políticos que se puedan plantear si tras concluir la ronda de contactos con el Rey el martes que viene de los líderes políticos ningún aspirante presenta formalmente su candidatura. No se ha reclamado ese documento oficialmente porque se considera, para empezar, que sería una desconsideración con respecto a las atribuciones que tiene asumidas el monarca según el artículo 99 de la Constitución de 1978, que no le fija plazos para resolver ni los contactos previos ni cuando debe proponer un aspirante a la jefatura del Gobierno al presidente de las Cortes.
La Constitución solo establece que tras celebrarse el primer pleno de investidura los candidatos tienen dos meses para sumar los apoyos necesarios para salir elegidos o se convocan automáticamente otras elecciones.
Pero en La Moncloa sí se han estudiado diversas opciones. Los letrados dependientes de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes han analizado los estatutos de autonomía vigentes en España, que en general sí contemplan los plazos para la investidura, y se han comparado otras legislaciones europeas. La conclusión, sin embargo, ha remitido de manera apabullante a lo fijado en la Constitución. El Rey no está limitado por un plazo concreto para terminar los contactos políticos preliminares.
Ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio de Justicia han intervenido en esos trabajos, según fuentes de esos departamentos. El estudio se ha centralizado en el Ministerio de Presidencia que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Qué dice el artículo 99 de la Constitución
Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
“La idea que manejábamos era que el reloj de la disolución de las Cortes echara a andar con la mera designación por el Rey del primer candidato a la presidencia y sin que se tuviera que celebrar un pleno de investidura en el Congreso pero los expertos han sido tajantes: esa opción no existe”, coinciden fuentes de Justicia y de La Moncloa.
Los asesores de la Presidencia del Gobierno han sido claros. “Debe haber un procedimiento parlamentario de investidura y con votación para que el plazo de dos meses para repetir las elecciones comience a contar”, recalcan las mismas fuentes.
Los juristas del Gobierno han escrutado todos los estatutos de autonomía, informes del Consejo de Estado, otros precedentes posibles y hasta los debates de las sesiones constituyentes de las Cortes españolas.
En ese rastreo los asesores gubernamentales han llegado incluso a las polémicas e históricas discusiones entre los padres de la Constitución de 1978 y han encontrado que el entonces diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Heribert Barrera, ya cuestionó vivamente no solo el papel que se le reservaba al rey sino lo excesivamente ambiguo de los plazos que se le concedían para fraguar las candidaturas a la presidencia del Gobierno. Le parecían que se podrían dilatar y extender en exceso. Otros parlamentarios ya le discutieron entonces a Barrera que no se podían cercenar de entrada tanto las competencias del monarca. Los constituyentes seguramente nunca imaginaron para España un escenario como el actual pero la conclusión ahora de los juristas expertos del Gobierno es la misma: el Rey es el único que tiene esa prerrogativa y no la tiene encapsulada por ningún período en concreto.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que conoce las razones de este estudio, no quiso anticipar el jueves qué tipo de planteamientos va a ofrecer al Rey en su cita del martes que viene. Lo que sí subrayó varias veces fue que los responsables políticos tienen el deber de resolver este atasco institucional “pronto, lo antes posible”, en alusión a Pedro Sánchez.
En el PP, por su parte, ha emergido una sensación de desconcierto ante este bloqueo y para no mirar hacia la responsabilidad de Rajoy han empezado a apuntar otras teorías que se podrían barajar si el martes ningún candidato se ofrece al Rey para ser investido.
Cuando se le preguntó el jueves al portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernando, por ese supuesto no descartó que haya que buscar fórmulas para salir de ese hipotético bloqueo, pero destacó que no le corresponde a su grupo “alumbrar” esas soluciones. Hernando insinuó que serán entonces otras instituciones las encargadas de determinar cómo se resuelve esa situación.
“Yo no le digo al monarca qué debe hacer”
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, volvió a remachar el jueves que no piensa anticipar en público qué tipo de conversación quiere mantener en privado el próximo martes con el rey Felipe VI. No lo hizo el viernes pasado y ahora acudirá con la misma idea. “Yo no le digo al monarca lo qué tiene que hacer”, apuntó Rajoy en una conversación informal el jueves con los periodistas cuando se le preguntó qué podría proponer el Rey el martes si todos los candidatos declinan presentarse a la investidura. Rajoy quiere esperar a conocer la posición final de Pedro Sánchez, tras el comité federal del PSOE este sábado, que acudirá antes que él a ver al monarca. El líder del PP ha reducido al máximo el núcleo de dirigentes del Gobierno y el partido con los que consulta sobre esta materia. Rajoy no ha hablado de este asunto con ningún barón autonómico del PP.
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