Las administraciones invierten un 13% menos en servicios sociales en 4 años

Casi 11.000 millones de euros menos han gastado las administraciones estatal, autonómicas y municipales en servicios sociales en la pasada legislatura (de 2012 a 2015, ambos incluidos), según el estudio que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves. Y el cálculo es conservador, ya que lo que se ha medido es la diferencia entre lo que se gastó durante esos cuatro años y el monto que se habría destinado si se hubieran mantenido las partidas de 2011, cuando lo normal hubiera sido que aumentaran. En ese periodo, de haberse mantenido el gasto, este hubiera sido de unos 82.000 millones de euros en los cuatro años. El recorte supone, por tanto, el 13% del total, que se divide entre el Estado (2.200 millones), las comunidades autónomas (4.900 millones) y los Ayuntamientos (3.700 millones).

La asociación no mide solo el dinero. Desde 2102 elabora, además, un índice DEC (derechos, economía y cobertura) con 26 indicadores. En el apartado de derechos, por ejemplo, se evalúa si hay un catálogo de prestaciones o una ley que recoja los derechos de los ciudadanos. En el económico se mide el gasto por población o qué proporción representa respecto al presupuesto total de la comunidad. Y en el de cobertura, el más amplio, hay apartados como el porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben teleasistencia, las plazas públicas en residencias de mayores o el importe y extensión de las rentas mínimas de inserción. Una comunidad que tuviera todo perfecto según el baremo de la asociación tendría un 10. De esta nota, el 15% depende del primer apartado (derechos); el 35%, del de economía; y el 55% restante, del de cobertura, según ha explicado Gustavo García, coordinador del informe.

De acuerdo con este índice, solo seis comunidades (País Vasco, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Cantabria) aprueban. Las peores son la Comunidad Valenciana (1,05 puntos, que equivale a prácticamente no hacer nada, dijo Ramírez), Murcia (2,35) y Canarias (2,4).

España, como conjunto, no ha aprobado ninguno de los cuatro años que se han medido. La mejor nota la sacó en 2013 (4,91) y en 2015 ha llegado a su mínimo (4,54). Entre los Gobiernos autónomos, los tres donde el índice bajó más en el último año son Cataluña (1,35 puntos), Asturias (0,95) y Aragón (0,85). Por el contrario, los que más subieron fueron Andalucía (0,65), Extremadura y el País Vasco (0,55).

Si se toman los cuatro años de la legislatura, los mayores descensos desde 2012 hasta 2015 han sido los de Galicia (2,5 puntos), Murcia (1,25) y Aragón (1,15). Los mayores avances, de Madrid (1,30), el País Vasco (1,25) y Baleares (0,95).

Ocho millones de personas

"Los sistemas sociales se han debilitado en plena crisis, cuando más se necesitaban", ha dicho José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Según sus cuentas, hasta ocho millones de personas están en situación de recibir algún tipo de ayuda en este sentido. Esta es la primera de las conclusiones del informe presentado a partir de los datos del índice DEC.

La aportación de los Ayuntamientos está amenazada por la ley de reforma local

Otras son "la extraordinaria disparidad entre comunidades en temas básico", ha dicho Ramírez. Por ejemplo, "el 10,65% de la población potencialmente dependiente —mayores de 65 años o personas con discapacidad— de Andalucía recibe algún tipo de atención del sistema de dependencia, frente al 3,62% en Canarias", señaló Luis Barriga, encargado de la parte económica del informe. Prácticamente cada tabla es un ejemplo. En Navarra hay 5,1 plazas residenciales por cada 100 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad superior al 32%; en la Comunidad Valenciana son 0,72; el País Vasco invirtió 611 euros por habitante en servicios sociales en 2014; la Comunidad Valenciana, 204.

Además, todavía el 26,7% del gasto lo realizan las entidades locales, y este esfuerzo está amenazado por la ley de reforma de las competencias y gasto de los municipios, ha dicho Barriga.

La asociación cree que la nueva composición del Congreso de los Diputados hace más factible una de sus viejas recomendaciones: un pacto de Estado para salvaguardar los servicios sociales. García ha señalado que casi todos los partidos políticos (menos el PP) llevaban en sus programas propuestas de proteger ciertos derechos en la Constitución. También para otra de sus reivindicaciones: una renta mínima garantizada. La tarde del jueves se veían con los grupos parlamentarios (menos el del PP, que no les ha querido recibir) para exponerles sus necesidades.