Medio siglo de rastro nuclear

La mañana de un 17 de enero como el de hoy, pero de hace 50 años, el cielo ardió en Palomares. Un bombardero B-52 y un avión de reabastecimiento, ambos de EE UU, colisionaron durante una operación de repostaje. El B-52 transportaba cuatro bombas nucleares. Las armas no explotaron, pero dos se rompieron y esparcieron su carga de plutonio por esta pedanía de Cuevas de Almanzora (Almería). Medio siglo después, el rastro radiactivo sigue presente: 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio. Tras años de negociaciones y anuncios de acuerdos que no se concretaban, España y EE UU firmaron en octubre una "declaración de intenciones" con el compromiso de limpiar la zona.

El "objeto" del memorando —que es poco concreto y que se tendrá que traducir en un tratado— es "realizar una rehabilitación complementaria del entorno de Palomares". "Ha costado 50 años llegar al reconocimiento de que se necesita una segunda limpieza", señala el periodista y profesor universitario Rafael Moreno, que esta semana ha publicado La historia secreta de Palomares (Crítica). Entre el material con el que ha trabajado para su libro figura un certificado de marzo de 1966 que el Ejército de EE UU y el Gobierno español entregaron al propietario de una parcela asegurando que "la contaminación puede considerarse eliminada".

Tras el accidente se limpió la zona. Y, aunque durante décadas se mantuvieron algunos controles a la población a través del programa Indalo, todo se dio por zanjado ese mismo 1966. "Franco no quería problemas con EE UU", dice Moreno. "En los primeros años tras el accidente empieza la dejadez. Incluso hay estaciones de control de Indalo que no funcionan".

La Embajada de EE UU en España recuerda que retiró "tierra y cultivos contaminados en 4.810 bidones con una capacidad de 242 litros cada uno". Resalta que se enviaron a EE UU "para su depósito". "Estados Unidos pagó cientos de reclamaciones, por un total de 7 millones de euros, a los pescadores y residentes locales", añade la Embajada. Pero atrás se dejaron 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada. Así se demostró en un estudio de 2008 del Ciemat, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, es el heredero de la Junta de Energía Nuclear y ha gestionado en el último medio siglo el programa Indalo. Tras el informe, se vallaron unas 40 hectáreas. Después de aquel análisis —que contó con financiación de EE UU— la presión de España aumentó para que la Administración norteamericana se hiciera cargo de los restos que aún quedan en la zona.

"Desde el principio de las negociaciones el problema ha sido dónde llevar la tierra", apunta Moreno. El año pasado, antes de la firma del último acuerdo, el Departamento de Energía de EE UU admitió como posible depósito una instalación militar del desierto de Nevada. En la declaración de intenciones de hace tres meses se señala que "las tierras contaminadas" irán a "un emplazamiento adecuado en los Estados Unidos". "EE UU ha entendido que es un problema que tiene que resolver", opina Moreno. Pero advierte de que en el texto firmado "no se fijan ni el cuándo ni el cómo ni quién pagará".

El coste de toda la operación, rondaría los 640 millones. Unos 500 millones corresponderían al almacenamiento en EE UU. Pero no está claro el reparto de las cargas. Tampoco se ha determinado el volumen de tierra que se trasladaría. Podrían ser los 50.000 metros cúbicos o podría reducirse a 6.000 a través de un proceso de tamizado, según se apuntaba ya en el informe del Ciemat de 2008. Todas estas dudas se tendrán que resolver en las negociaciones bilaterales. De momento, el Ciemat ya ha organizado una reunión de coordinación con el Consejo de Seguridad Nuclear y los ministerios de Exteriores, Fomento e Interior, ya que todo el proceso de limpieza y traslado implicará a varios departamentos del Gobierno.

Greenpeace ha pedido esta semana transparencia en el proceso. Y ha mostrado ciertas dudas al recordar que el protocolo firmado "no tiene validez jurídica". En el memorando también se apunta a que los firmantes pueden "interrumpir en cualquier momento las actividades previstas". Pero, a pesar de las dudas, el texto hace que Palomares esté más cerca de librarse del rastro radiactivo con el que carga desde hace 50 años.