El fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para Rato por las tarjetas ‘black’

Rodrigo Rato, expresidente de Caja Madrid y Bankia, se enfrenta a una posible pena de cuatro años y medio de prisión por el caso de las llamadas tarjetas black. 85 consejeros y directivos de ambas entidades cargaron entre 1999 y 2012 un total de 15,5 millones de euros en gastos personales, muchos de ellos en bienes de lujo, que quedaron ocultos a Hacienda. La fiscalía pide que Rato, exvicepresidente del Gobierno con el PP, reintegre los 2,69 millones de euros que los responsables de la entidad cargaron a las tarjetas opacas entre febrero de 2010 y mayo de 2012, cuando él estuvo al frente.

Además de las penas de prisión y la indemnización —que deberían abonar solidariamente con él los usuarios de las tarjetas— el fiscal reclama a la Audiencia Nacional que imponga a Rato una multa de 108.000 euros por un delito de apropiación indebida. El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional se puede beneficiar, sin embargo, de la atenuante de reparación del daño. Rato ha devuelto a su antigua empresa —rescatada con 22.424 millones de euros de fondos públicos— la práctica totalidad de los 99.054 euros que cargó a su tarjeta. Otros 10 de los 66 procesados también han reintegrado sus cantidades.

El panorama para su antecesor de Rato al frente de la antigua caja madrileña, Miguel Blesa, es algo peor. Anticorrupción reclama para él una pena de seis años de prisión y que indemnice a la caja —solidariamente con el resto de imputados— con un total de 9,34 millones de euros. Esta cantidad es la que los directivos y miembros de los consejos de administración y control de Caja Madrid, nombrados a propuesta de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, cargaron a las tarjetas entre enero de 2003 y enero de 2010. Blesa accedió a la presidencia de Caja Madrid en 1996, aupado por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

El caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, pieza separada del caso Bankia sobre la salida a bolsa de la entidad, se destapó en octubre de 2014, y fue uno de los mayores escándalos políticos de la pasada legislatura. La trama, denunciada por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, afectó a los principales partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, y, entre otros, le costó el puesto de asesor de Felipe VI a Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey, que cargó 235.818 euros a su tarjeta black en su época al frente de la Fundación Caja Madrid.

La causa afecta finalmente a 66 procesados. De los cargos entre 1999 y 2003 no hay constancia documental suficiente para formular la acusación, la causa de 14 usuarios ha sido declarada prescrita y tres han fallecido: Guillermo Marcos, Pedro Bujidos y Mercedes de la Merced. Para el resto de procesados, el ministerio público reclama penas que oscilan entre los cuatro años de cárcel —para los miembros del Consejo de Administración de la caja que dieron el visto bueno al sistema y se lucraron con él— y un año de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito que la entrega, autorizada por Blesa, de tarjetas para gastos personales de libre disposición —cuando eran un instrumento concebido inicialmente para gastos de representación de los consejeros y directivos de la caja— es “una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal”.

El encargado, por orden de Blesa, de entregar materialmente las tarjetas era, según el fiscal, Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha del presidente de Caja Madrid. Para ocultar su naturaleza de retribuciones irregulares, la entidad “nunca practicó las correspondientes retenciones fiscales” a las tarjetas, recuerda el ministerio público. Además, los cargos que se hacían con ellas —generalmente en restaurantes de lujo, en hoteles, y en vacaciones— se camuflaban en la contabilidad de la empresa por una doble vía. La primera era imputarlos en la cuenta de gastos de representación de los órganos de gobierno de la caja. La segunda vía era más alambicada: se cargaban a la llamada cuenta de quebrantos, donde se regularizan fraudes, negligencias, errores internos, deficiencias de los sistemas y reclamaciones de los clientes.

El círculo de la opacidad se cerraba con el silencio de los beneficiados por la trama de pagos ajenos al fisco. “Se estableció que los destinatarios de las tarjetas no debían presentar justificación documental alguna acreditativa del gasto, de lo que expresamente se les advertía al entregárseles la correspondiente tarjeta”, escribe el fiscal del caso, Alejandro Luzón.