Más de 700.000 españoles viven en zonas de riesgo de inundación

La primera vez, en 2003, fue solo un susto. Pero llegaron la segunda, la tercera, la cuarta inundación. “He tenido que cambiar el suelo tres veces, la cocina, el baño, el estuco de las paredes... La última vez me salió flotando el sillón”, cuenta Alberto Díez, de 55 años. Vive en Novillas, municipio de 600 habitantes a 65 kilómetros al noroeste de Zaragoza y a solo unos pocos metros del río Ebro, el mismo que, desbordado en época de lluvias, le ha anegado a Díez la casa en 2003, 2007, 2013 y 2015.

Novillas es uno de los centenares de municipios españoles situados en “áreas de riesgo significativo de inundación”, en los que vive 710.000 personas con “probabilidad alta” de sufrir este fenómeno natural, según los mapas elaborados por las confederaciones hidrográficas en los últimos años porque así le obliga la normativa europea. En la página web del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, una herramienta permite ver sobre el mapa de España dónde está cada una de esas zonas y los riesgos estimados. La directiva europea obliga, además, a redactar planes de gestión de esos peligros que deben estar aprobados antes de que acabe 2015; ya están listos, dice el ministerio, y se empezarán a aprobar en alguno de los últimos Consejos de Ministros del año.

“El riesgo de inundación y la escala de los daños se incrementarán en el futuro a consecuencia del cambio climático, la gestión deficiente de las cuencas, la construcción en zonas con riesgo”, dice la directiva europea sobre el asunto. Pero no hace falta mirar al futuro, pues las inundaciones son ya la catástrofe natural que más daños genera en España, cuantificados en una media de 800 millones de euros al año, según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero. Se trata de episodios que ponen en riesgo vidas humanas —ha habido 219 fallecidos desde 1987— y pérdidas en viviendas, fábricas, granjas, infraestructuras...

Niveles de amenaza

Todos estos factores se han tenido en cuenta a la hora de establecer los niveles de riesgo, divididos, además, según las probabilidades de riada a 10, a 100 años, a 500... Ese periodo de aquí a 10 años es el que afecta a las 710.000 personas que viven en zonas de alta probabilidad de inundación, según los datos del ministerio. Novillas, además, está incluido en un área de “riesgo alto significativo”, esto es, por probabilidad y por los daños que puede causar.

Fuentes de la Dirección General del Agua del ministerio insisten en que la suma de población afectada puede ser “engañosa”, pues se trata de datos estimados a partir de la densidad de población de cada municipio y de su superficie inundable. “En Palencia, por ejemplo, se consideraría afectada el 25% de la población [22.386 personas], aunque el agua nunca afectaría a quien vive en un segundo o un quinto”, explican.

En Novillas, se estima que el agua afectaría a 124 personas, el 20% del pueblo. Su alcalde, José Ayesa, lo que sabe es que las pérdidas acumuladas desde 2003 son de seis a siete millones de euros, y que solo han recuperado la mitad gracias a los seguros y a ayudas autonómicas y estatales. “Ya no podemos cultivar nada sin asegurarlo”, dice un hombre, vecino de Novillas desde hace 70 años, los mismos que tiene.

Por eso, el Ayuntamiento no dudó en comprar una parcela de tres hectáreas junto al río donde están trabajando estos días las máquinas para ensanchar el cauce y colocar unos tubos que reducirán la presión del agua justo después del puente que hay frente a la localidad. “Queremos abrir también cauces en medio de las islas de vegetación que hay en medio del río, pero ahí es donde chocamos con los ecologistas”, añade el alcalde.

Devolver espacio al río

Y eso que las obras que se están llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro en toda la zona se han ahorrado el trámite de evaluación de impacto ambiental porque el Gobierno las declaró de emergencia, de lo cual se queja Julia Martínez, profesora de la Universidad de Murcia y experta de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Tanto ella como el profesor de la Universidad de Zaragoza Alfredo Ollero opinan que los planes de gestión de riesgo están bien en la parte de información (con esos mapas de peligrosidad), pero son muy vagos en la de medidas para atajar problemas. “Deberíamos devolverle terreno al río, con espacios que no importe que se inunden cada tantos años, como zonas naturales y de cultivo”, reclama Martínez. El gran problema, añade Ollero, “es que se ha construido muchísimo donde no se debía”. Y no habla solo de urbanizaciones ilícitas, sino de otras perfectamente legales.

La urbanización La Torre Golf Resort, en Torre Pacheco (Murcia), es probablemente un caso paradigmático. Fue levantada a mediados de la década pasada por la promotora Polaris World, famosa por construir varios resorts en Murcia dejando en el camino escándalos de corrupción y urbanizaciones medio vacías. La Torre Golf sí está llena de vecinos, pero estos sufren una construcción que no tuvo en cuenta un riesgo de inundación grave que se ha materializado en 2009 y este 2015, dejando tras de sí importantes daños. Los vecinos han conseguido una indemnización de Polaris, pero aún intentan que asuman sus responsabilidades el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Confederación Hidrográfica del Segura.

En el Ministerio de Medio Ambiente, las mismas fuentes de la Dirección General del Agua insisten en que su departamento no tiene las competencias de urbanismo. Su labor, a través de los planes, explican, es la de dar información a quienes hacen esa normativa urbanística, mejorar los sistemas de avisos (junto con la agencia de meteorología) y de emergencias (con protección civil), la coordinación entre todos (también con los seguros), y mejorar el estado de los ríos y la gestión de los embalses. Asimismo, destacan iniciativas destacadas por la Unión Europea porque han conseguido combinar la reducción del riesgo y la mejora del estado ambiental del río, por ejemplo, el Proyecto LIFE+Territorio Visón en el río Aragón, en Marcilla (Navarra).