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Rajoy: “Si se vuelve a vulnerar la ley tomaré la decisión que deba tomar”

El presidente del Gobierno dice que, por ahora, no ve necesarias “medidas excepcionales”

Rajoy hoy durante su comparecencia ATLAS

La pelota está en el tejado de la Generalitat de Cataluña. Después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la resolución del Parlament que inicia el proceso de “desconexión” con España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abierto un compás de espera. “Yo no tengo previsto tomar a día de hoy ninguna medida”, ha declarado en rueda de prensa en La Valeta (Malta), al término de la cumbre sobre inmigración entre la UE y África. “No veo ninguna razón que justifique que tenga que poner en marcha procedimientos excepcionales”, ha insistido.

Eso sí, ha enfatizado que si esta suspensión se desobedece, tal como han anunciado los líderes del movimiento secesionista, responderá: “No voy a mirar para otro lado”. Su compromiso es que consultará con los grupos parlamentarios los nuevos pasos a dar, como lo hizo antes de recurrir al Constitucional, ya que tiene la impresión de que el Gobierno “está arropado” por los principales partidos españoles.

El presidente considera “normal” que varios líderes europeos le hayan preguntado en esta cumbre por la situación de Cataluña, aunque no ha querido revelar sus nombres, ya que se ha tratado de conversaciones privadas. Todos ellos, según Rajoy, “tienen absolutamente claro” lo que está sucediendo y solo se sorprenden de que responsables políticos que deben su legitimidad a la Constitución y a la ley, proclamen que no van a cumplirla. Tras estas conversaciones, ha asegurado tener la “tranquilidad absoluta” de que cuenta con el respaldo de sus socios europeos.

Catalá insiste en que se actuará "con proporcionalidad"

Pedro Gorospe

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho en Bilbao, en el marco de la XXX Asamblea de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, que en un Estado derecho existen las reglas de convivencia y las normas para lograr que se cumplan. Al referirse a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha dicho que “iba encaminada a darle fortalezas para que si alguien se plantea incumplir las resoluciones del Tribunal el propio Constitucional tenga sistemas de requerimientos, de sanciones, o bien de inhabilitaciones o de ejecución subsidiaria”. Tras insistir en que el mensaje que tiene que entender la ciudadanía es que España es un Estado de Derecho en el que se cumple la ley y “donde nunca una minoría se puede imponer a la mayoría”, ha asegurado que “no se descarta nada”, ni la aplicación de artículo 155 ni ninguna otra de las medidas posibles: “No hay ningún descarte porque el Gobierno va a garantizar que España es un estado de Derecho”, eso si, ha precisado, “actuando con proporcionalidad”.

Aunque ha reconocido que el Tribunal Constitucional no ha atendido la petición que le hizo el Gobierno para que advirtiera expresamente de la posible suspensión en sus cargos en caso de desobediencia a los 21 responsables de la Generalitat y el Parlament a los que ha notificado personalmente su decisión, Rajoy ha negado importancia a este hecho, alegando que el Constitucional es libre de decidir lo que considere oportuno y que la posible suspensión “está en la ley, si alguien desobedece”, lo que nadie puede ignorar. “Lo que me importa en este caso es la mayor: el Constitucional ha atendido la petición clave, que era suspender la resolución”, ha dicho.

En su afán por no arrojar leña al fuego, el presidente ha eludido comentar la inestabilidad política que vive Cataluña después de que la investidura de Mas haya cosechado dos fracasos en el Parlament y, aunque ha reconocido que habría sido mejor que ya hubiera gobierno, solo ha lamentado el “papel protagonista que algunos extremistas están teniendo ”, en alusión a la CUP.

Tras insistir en que el problema de Cataluña es responsabilidad de Mas y a sus aliados, ha reconocido que la gestión de la crisis catalana, “el más importante problema” que tiene España, será un “factor más, con otros muchos” a la hora de que los españoles decidan a quién votar el próximo 20 de diciembre, pero ha insistido en el compromiso de sacar este tema de la refriega electoral. “No vamos a tener disputas con partidos que al final piensan igual”.

El Gobierno no quiere adelantar acontecimientos, pero prepara todos los escenarios posibles y, aclara, por ejemplo, que la suspensión de cargos públicos, derivada de la reforma de la ley del Constitucional, no es incompatible con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le permitiría tomar el control de competencias en manos de la Generalitar. “Son vías distintas con objetivos distintos”.

La posibilidad de cortar el grifo de la financiación a través del Fondo Liquidez Autonómica (FLA) o del Mecanismo de Pago a Proveedores se maneja con mucha cautela, ya que haría pagar el pato a toda la sociedad catalana y no solo a sus responsables políticos. El Gobierno cree que tiene cierto margen porque, hasta ahora, la crisis catalana no ha tenido un impacto significativo en la prima de riesgo española y las empresas de rating no tienen intención de revisar la calificación de la deuda española hasta después de las elecciones generales. Pero el tiempo se acaba.

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