Ocho jueces dieron la pista del dinero escondido en Andorra por Jordi Pujol

Hace 29 años, la víspera de Navidad de 1986, ocho destacados magistrados de la extinta Audiencia Territorial de Barcelona, pidieron procesar y embargar las cuentas de Jordi Pujol i Soley tras descubrir que supuestamente se había apoderado de al menos 85 millones de las antiguas pesetas (507.000 euros) de la entidad Banca Catalana, S. A. Ahora que el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata indaga el origen de la fortuna del clan de los Pujol, fuentes judiciales relacionadas con aquellas pesquisas afirman no albergar dudas de que ahí nace parte de la explicación del dinero escondido en Andorra por esta familia.

El auto, con múltiples detalles, no prosperó ante el voto mayoritario del pleno de la entonces Audiencia Territorial. Uno de los jueces firmantes del auto recuerda hoy las presiones políticas que llegaron, incluso desde Madrid, para que se archivase la causa, a lo que ellos se opusieron, y cuya apertura Pujol enmarcó como un ataque del Estado español a su persona y, por extensión, a Cataluña.

Las diligencias fueron archivadas, pero los ocho magistrados lo tenían claro: en el auto revelan el entramado de sociedades, un total de 27, creadas por Banca Catalana para desviar dinero desde esta entidad a los bolsillos de sus gobernantes, entre ellos Jordi Pujol i Soley. Y cómo estos descapitalizaron la entidad hasta dejarla en la ruina. El auto describe el supuesto saqueo, y sitúa al expresidente Pujol como uno de los ideólogos y ejecutores en la sombra de las decisiones que llevaron a la entidad a su posterior quiebra.

Los ochos jueces (el entonces presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Doñate, otros dos presidentes de secciones penales de esa ciudad, José Presencia y Ángel de Prada, y otros cinco magistrados de esta instancia judicial, entre ellos la hoy magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles) dan por sentado que Pujol se incorporó en 1965, con Franco en la jefatura del Estado, "a la dirección de Banca catalana".

Según este auto, este “grupo dirigente” de Banca Catalana tomó decisiones “que nunca fueron plasmadas en documento alguno”, entre ellas, “crear una caja B” en la entidad opaca al fisco. Y desviar desde ella dinero a sociedades ficticias al frente de las cuales colocaron testaferros para conducir el destino de los millones de pesetas desaparecidos (entonces la moneda oficial de España). Los ocho jueces sostuvieron que “el señor Pujol i Soley” tenía “un papel esencial en la dirección oficial del banco”, hasta el punto de que fue “su principal impulsor”. Y si bien dimitió como consejero de la entidad el 5 de abril de 1977, mantuvo su condición “de principal accionista hasta la última operación de venta de acciones a la firma HOE, S. A., el 19 de enero de 1982”, así como a "la posterior donación de 96.000 acciones de la entidad a la denominada Fundación Catalana”.

El grupo dirigente de Banca Catalana encabezado por Pujol tomó decisiones en “beneficio propio y de terceros” en detrimento de las arcas del banco. Es decir, en 1968 “constituyó una caja B también conocida en la jerga del banco como Cane o Mon K” que les permitió “tener una doble contabilidad oculta a los accionistas y a las autoridades monetarias”. Para desviar fondos de Banca Catalana a esa caja B, el citado grupo encabezado por Pujol otorgó “numerosos créditos ficticios a favor de personas físicas y jurídicas”. Los jueces acreditaron la entrega de al menos 300.000 pesetas a varios testaferros que ayudaron a sacar dinero de Banca Catalana por la puerta trasera. Entre “1974 y 1981”, añade el auto, el grupo dirigente extrajo “la suma total de 78,5 millones de pesetas" (470.000 euros de ahora), un 11 % “de los recursos totales" de la entidad durante "los años 1974/1977", periodo en que era "consejero ejecutivo el señor Pujol i Soley”, subrayaron los ocho magistrados. 

Para sacar dinero de Banca Catalana, el grupo que encabezaba Pujol “creó sucesivamente hasta 27 sociedades instrumentales, con un exiguo capital que ni siquiera fue desembolsado, y cuyos accionistas y administradores eran ordinariamente funcionarios de la propia Banca Catalana”. Por ejemplo, hubo “desvió de importantes fondos de la caja B” para la compra de acciones de “Chasir 1879”, firma en la que Pujol i Soley “era administrador”. También salió dinero de Banca Catalana con destino a una sociedad presidida por el padre del expresidente catalán, Florencio Pujol Brugal. Precisamente, Jordi Pujol confesó el pasado enero en un juzgado de Barcelona que su fortuna oculta en Andorra procede de una herencia de 140 millones de pesetas que le dejo su ascendiente y que procedía de sus actividades clandestinas durante el franquismo.

En el auto se añade que "el grupo dirigente" sabía que con sus chanchullos Banca Catalana se estaba “empobreciendo”, y que por eso tuvieron “buen cuidado de procurar desprenderse de sus acciones” ante de que trascendiera su estado contable real. En el auto consta el siguiente hecho: “Pujol vendió 1.057 acciones de la serie B de Banca Catalana a HOE, S. A., el 19 de enero de 1982. El precio fue concertado por el aforado, como vendedor [Pujol ya era presidente de la Generalitat], a través del departamento de valores de Banca Catalana, y ello pese a conocer [los dirigentes] que HOE, S. A., a la que se había concedido un crédito para pagar [el importe de las acciones] jamás podría hacer frente a sus obligaciones [al crédito] dado que su situación patrimonial era de -1.714 millones de pesetas”.

Los ocho jueces destacan cómo el citado grupo de Banca Catalana “propuso a la Junta General de Accionistas, durante los ejercicios económicos 1974/1980, un reparto de dividendos por importe de 1.903 millones de pesetas [10,8 millones de euros], de los que Pujol obtuvo 84,3 millones de pesetas [507.000 euros]”, y todo ello pese a la situación de la entidad, que ellos “conocían”. Y añade que, por ejemplo, en 1979, Pujol se repartió 13,9 millones de pesetas en dividendos, “contribuyendo así, de forma singular, a la ruina de la entidad”.

El auto revela toda la trama que urdió el grupo encabezado por Pujol para que las autoridades monetarias ignoraran el estado financiero de la entidad y, de camino, lucrase personalmente con los fondos de la entidad. Fruto de esta gestión (se concedieron casi 15 millones de créditos ficticios a sociedades creadas por ellos mismos y que nunca fueron recuperados porque sus destinatarios “eran absolutamente insolventes”. El Fondo Nacional de Garantía de Depósitos bancarios tuvo que hacer frente, con el dinero de todos, a otros 19 millones de pesetas de la época.

Estos ocho jueces exigieron, sin éxito, procesar a Pujol y otras 17 personas por el saqueo de Banca Catalana. Para el jefe del clan pidieron que prestase una fianza de 35.000 millones de pesetas como garantía del desfalco y que le fueran embargadas sus cuentas si no lo hacía. La mayoría del pleno de la Audiencia Territorial de Cataluña, la antecesora del actual Tribunal Superior, optó por no seguir investigando a Pujol y cerró el caso. "Es increíble todo lo que sucedió, y las presiones que recayeron sobre el presidente del tribunal para que, como sucedió, se archivase el caso", recuerdan un magistrado que intervino en las deliberaciones.

Las pesquisas que desarrolla ahora el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata, quien recientemente ordenó registros en casa de varios hijos de Pujol, entre ellos el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, acreditan que este cobró a través de sociedades instrumentales 11,5 millones de euros de empresas de la construcción por servicios que nunca se prestaron. El juez cree que responden a comisiones a cambio de contratos públicos, y que ese dinero corresponde a todo el clan familiar. "No hay que ir muy lejos para deducir que parte de la fortuna en Andorra de Jordi Pujol padre procede de Banca Catalana; los ocho jueces que firmamos el auto lo vimos muy claro", añaden las citadas fuentes judiciales.