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El PP llega al final de la legislatura sin despejar el futuro nuclear

El siguiente Ejecutivo deberá decidir sobre la central de Garoña y el almacén radiactivo

Exteriores de la central de Santa María de Garoña (Burgues).
Exteriores de la central de Santa María de Garoña (Burgues).

La legislatura terminará sin resolver el panorama de la energía nuclear, cuyo futuro quedará en manos del Gobierno que salga de las elecciones de diciembre. El nuevo Ejecutivo tendrá que decidir qué hace con el almacén para desechos nucleares de Cuenca, paralizado por Castilla-La Mancha. También deberá actualizar el plan nacional de residuos radiactivos, que data de 2006 y está desfasado. Y tendrá que decidir si autoriza a la central burgalesa de Santa María Garoña a reabrir y ampliar su vida útil hasta los 60 años, algo inédito en España.

Garoña, la central más antigua de España, dejó de producir electricidad en 2012. Pero, desde entonces, sus propietarios —50% Endesa, 50% Iberdrola— han mantenido entre sus planes la reapertura, a pesar de que se han cumplido los 40 años de vida útil. Los propietarios, agrupados en Nuclenor, tramitan ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para reabrir. El permiso que se ha solicitado, en caso de concederse, se extendería hasta 2031, lo que supondría alargar la vida de Garoña a los 60 años, algo que no se ha hecho nunca en España.

El sector defiende su aportación económica

Ante lo trascendente del momento, el sector defiende su aportación a la economía. El Foro de la Industria Nuclear ha difundido un informe en el que se resalta que esta industria aportó 2.781 millones al PIB de España en 2013, lo que supone el 0,27%. Respecto al empleo, según esta asociación, en España trabajaban vinculados a este sector 27.466 personas en 2013, lo que supone el 0,16% del empleo total. Según el informe, de esos, 8.472 empleos fueron generados directamente por la actividad de la industria nuclear. Además, “por cada 100 euros de cifra de negocio” de este sector, “25 euros se destinaron al pago de impuestos”.

Ese permiso supondría abrir la puerta a que las otras seis centrales en activo del país también pudieran hacerlo. Si no, a partir de la próxima década se producirá un cierre escalonado y, por tanto, la desaparición de la energía nuclear en España, que ahora supone alrededor del 20% de la generación de la electricidad del país. Tras un parón en las labores de adaptación a los requisitos que el CSN ha impuesto para reabrir, los trabajos en Garoña se han reiniciado. Pero fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear sostienen que Nuclenor ya ha comunicado a este órgano supervisor que el 100% de esas labores no estará rematado a mediados de diciembre, cuando se preveía que el CSN se pronunciara sobre si se puede reabrir la central.

Un portavoz de Nuclenor reconoce que se ha "acelerado el proceso". Pero, sobre la posibilidad de que pueda estar todo listo en diciembre, afirma desconocer si se llegará, ya que la empresa no controla "el calendario". Argumenta que es un proceso vivo y que los técnicos del CSN pueden ampliar las reclamaciones en cualquier momento.

En todo caso, si Garoña recibiera el visto bueno del consejo de seguridad eso no significaría que pudiera empezar a operar. El informe es solo vinculante en el caso de ser negativo. Es el Ministerio de Industria el que tiene finalmente que dar esa autorización.

Si dependiera del actual Ejecutivo no habría dudas. El Gobierno del PP aprobó en 2014 un real decreto en el que se establecía que el cierre definitivo de una central solo se hará efectivo cuando existan problemas de seguridad. Es decir, si Garoña cumple con los requisitos de seguridad puede volver a generar electricidad. Pero esa futura reapertura está en el aire. Será el siguiente Gobierno el que se pronuncie. Y, si el PP sale de La Moncloa, Garoña tendría muy complicado volver a operar.

PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias firmaron en 2014 un acuerdo en el Congreso por el que prometen impedir la reactivación de estas instalaciones. Podemos también se ha comprometido en Castilla y León a no permitirlo. "40 años son suficientes", dice Pilar Lucio, responsable de Cambio Climático del PSOE, sobre la vida de las centrales.

Otro de los asuntos que el siguiente Ejecutivo tendrá que afrontar es el plan nacional de residuos radiactivos, que data de hace casi una década. El actual Gobierno se comprometió a tenerlo en 2013, pero los meses y años han ido pasando sin que haya ocurrido. Algunas fuentes apuntan a que Industria podría tener listo un borrador antes de que acabe la legislatura. Pero la aprobación de ese documento, que tiene una larga tramitación, ya estaría en manos del siguiente Gobierno.

Residuos radiactivos

En el plan nacional de residuos vigente se prevé la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los desechos radiactivos. Según ese documento, ya debería estar construido.

Pero este silo, previsto en Villar de Cañas (Cuenca), está paralizado. El cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha ha propiciado que los socialistas maniobren para frenar esta infraestructura debido a las dudas lanzadas desde algunos sectores sobre los suelos elegidos. La Junta ha incluido los terrenos en los que estaba previsto que se levantara el almacén dentro de un espacio protegido. Esta medida supone que no se puedan otorgar los permisos para acometer la obra, como ha reconocido Industria.

El Gobierno del PP tenía en su mano declarar el proyecto de interés público de primer orden, algo que no ha hecho. Ese paso habría supuesto trasladar a los tribunales el conflicto. En todo caso, este asunto no se resolverá esta legislatura. Faltan varios permisos desde Industria y desde el Ministerio de Medio Ambiente.

Fue el PSOE el que, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó a Villar de Cañas como candidato a acoger esta infraestructura. Pero el PP fue el que acabó señalando al pueblo conquense como el elegido. Los socialistas, si consiguen volver a La Moncloa, tendrán que resolver este asunto. Sobre la mesa ya tienen la rotunda negativa de Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, a que se instale en su comunidad.