El coste añadido de las obras faraónicas

En el Pabellón Reyno de Navarra Arena debería resonar el bullicio de miles de personas mientras corean canciones en conciertos multitudinarios o que jalean a sus equipos durante competiciones deportivas. Esas son algunas de las actividades que se preveía celebrar en este recinto multiusos, que costó 58 millones de euros y que fue finalizado en 2013. El proyecto fue impulsado por el anterior Gobierno foral, de UPN, y contó con el apoyo del PSN. “Será un referente para la sociedad navarra”, puede leerse en su web. Sin embargo, en este espacio no se escucha ni un eco porque sus 10.000 localidades siguen sin estrenarse y permanece cerrado hasta nuevo aviso, con un coste de 390.000 euros anuales.

No escasean los ejemplos de infraestructuras y edificios emblemáticos que han supuesto desembolsos de decenas, e incluso cientos de millones de euros, para después acabar siendo infrautilizados con caros mantenimientos. “El denominador común de este tipo de proyectos que han tenido una utilidad dudosa o costes desmesurados es que en gran medida han sido soportes publicitarios e instrumentos de comunicación política”, explica el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga.

Este experto ha explicado a EL PAÍS que en ocasiones “el poder busca expresarse al modo faraónico, apelando a instintos muy básicos como sobrecoger con el tamaño, el impacto visual o con una originalidad forzada”. Ezquiaga cree que las grandes infraestructuras y proyectos arquitectónicos tienen desde la antigüedad una función comunicativa consistente en representar símbolos comunes que cohesionan a la sociedad. “El significado de una catedral gótica era sorprender, pero también expresar un sentimiento común”, explica.

Pero ese sentido, comenta, se diluye cuando las administraciones, condicionadas por el escenario mediático, buscan un “impacto rápido y contundente”. Al final, añade, los proyectos acaban siendo síntoma de “banalidad y de que muchas de estas actuaciones no tenían un sustento sólido” en su planificación.

Edificaciones alegóricas y artísticas, como varios de los proyectos diseñados por el arquitecto Santiago Calatrava, han tenido repercusión mediática por los sobrecostes que han entrañado. El caso más reciente ha sido el último edificio creado por este arquitecto para la Ciudad de Valencia, bautizado como L’Àgora. La instalación fue presupuestada en unos 45 millones de euros durante el Gobierno del popular Francisco Camps. Ha costado casi el doble, y ahora, para ponerla en marcha, hace falta una inversión adicional de 10 millones de euros.

Algunos proyectos menos emblemáticos también contribuyen a la sangría de fondos públicos tras su construcción. En Málaga, los barrotes de la cárcel de Archidona solo recluyen aire. Terminada y cerrada desde hace más de dos años, mantener esta prisión cuesta alrededor de un millón de euros al año. Con 1.008 celdas y capacidad para albergar el doble de reclusos, ha contado con una inversión de 117 millones. Pero no está equipada y el principal problema para ponerla en marcha es la falta de personal y la ausencia de una oferta de empleo público que pueda integrar la plantilla.

La Subdelegación de Gobierno estima que el penal requiere medio millar de funcionarios. La cárcel se ideó para descongestionar la de Alhaurín de la Torre, con capacidad para unos 900 internos y una ocupación actual que ronda los 1.500. Entre los gastos para conservar el recinto están los del mantenimiento y vigilancia para evitar su deterioro, tareas adjudicadas a una empresa externa por 1,63 millones para un plazo de dos años.

En Galicia, la falta de fondos y la mala gestión de los proyectos han dejado vacíos una decena de centros de día y residencias para la tercera edad en cuya construcción se invirtieron 6,5 millones de euros. El más costoso fue el geriátrico de Nogueira de Ramuín (Ourense), un moderno complejo de 54 plazas en el que se invirtieron 1,6 millones y del que ahora se usan algunas salas para cursos, exposiciones y actos del PP. Algunos de estos recintos para mayores fueron incluso equipados y adjudicados a empresas privadas pero no se abrieron o lo hicieron por poco tiempo, circunstancia que no impidió que las concesionarias siguiesen cobrando de las arcas públicas un 75% del coste de la mayor parte de las plazas vacías gracias a una cláusula del contrato que introdujo la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.

La lista de proyectos que terminan siendo pozos de dinero público es larga. Ezquiaga cree que “mientras no veíamos la cara oscura de la crisis, la opinión pública y los medios jaleaban estos proyectos", en gran medida “frívolos” y “megalomaníacos”. Y “tenían éxito”, añade, “servían para ganar elecciones”. Ahora, “es como si la crisis nos hubiera quitado la venda de los ojos y de pronto viéramos que el rey iba desnudo”.

Con información de Sonia Vizoso, Antonio Jesús Mora y Javier Doria.