Madrid se suma a la rebelión de seis regiones y dará sanidad a sin papeles

La amenaza del número dos del Ministerio de Sanidad a las comunidades que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles ha provocado el efecto contrario: más autonomías han anunciado que atenderán a sus ciudadanos en situación irregular. Castilla-La Mancha, Extremadura (ambas gobernadas por el PSOE) y Madrid (PP) aseguran que aprobarán en breve normas para darles asistencia. Se suman así a Aragón, Cantabria, Valencia y Baleares, que tras las elecciones cambiaron de color político y ya han revertido la exclusión sanitaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció este viernes que en los próximos meses creará un documento específico para que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder a la atención primaria y especializada en la región. Con estas declaraciones se sumó al frente común de las comunidades socialistas, que reiteraron que mantendrán la atención a los inmigrantes o la establecerán en breve, como Castilla-La Mancha. La mayoría salieron en tromba a criticar la advertencia del Ministerio de Sanidad, que amenazó con llevarles al Constitucional por invadir sus competencias. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, llegó a aludir a unas supuestas “multas millonarias” de la Comisión Europea.

La consejera de Sanidad cántabra, María Luisa Real, calificó la amenaza de “pataleta” del Gobierno y aseguró que es “penoso” que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “gaste tiempo y recursos económicos y humanos en combatir a las comunidades autónomas en lugar de a mejorar la universalidad de la asistencia sanitaria”. Añadió que no tiene “ningún temor ni ninguna duda” sobre la norma aprobada porque entra dentro de las competencias autonómicas.

La consejera valenciana, Carmen Montón, agregó que la amenaza es “una salida de tono sin fundamento” y recordó que tanto el Consejo de Europa como la relatora especial de derechos humanos de la ONU han criticado duramente la exclusión sanitaria que impuso el Gobierno en un real decreto de 2012.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, aseguró que está trabajando para cerrar la normativa que permitirá atender a los sin papeles, aunque precisó que su objetivo último es lograr que el Gobierno central derogue la ley que limitó dicha atención. Y el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, calificó de inaceptables las “amenazas” del Gobierno. El PP respondió que el PSOE está haciendo demagogia y negó que se haya amenazado a ninguna comunidad. “Se ha constatado un hecho”, señaló Moreno a Efe.

Madrid quiere entregar a los inmigrantes en situación irregular un documento “diferente” de la tradicional tarjeta sanitaria, que permita su uso únicamente dentro de la región, explicó Cifuentes. La presidenta madrileña abogó por un sistema “armonizado” en España para la asistencia sanitaria a estos ciudadanos para que en todas las comunidades “se actúe de la misma manera”. “No puede ser”, señaló, que se den diferentes prestaciones en función de la región.

Anuncio incumplido

Precisamente para evitar esa disparidad, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció en marzo que iba a devolver a los inmigrantes la asistencia en atención primaria (médico de familia). Cinco meses después, su departamento no lo ha puesto en marcha. Pese a la petición de las comunidades, el ministerio rechazó incluir la asistencia sanitaria a los inmigrantes en el orden del día del último consejo interterritorial (el órgano en el que el Gobierno y las regiones discuten las cuestiones clave en política sanitaria), a finales de julio. Los consejeros socialistas forzaron que la cuestión se tratara en los ruegos y preguntas.

Las elecciones del 24-M dieron un vuelco a la mayoría del PP en las autonomías. Siete pasaron a manos de Gobiernos de izquierda, que empezaron a revertir políticas del PP. Así, se adelantaron a los planes de Alonso para ofrecer una asistencia parcial en primaria y empezaron a presionar para que se derogue el real decreto 16/2012 que aprobó la anterior ministra, Ana Mato, y que Alonso ya ha enmendado en algunos puntos, como el copago hospitalario de los fármacos. Navarra, Asturias, Cataluña, Galicia y Andalucía ya tenían normativas propias que daban derecho a los inmigrantes a asistencia sanitaria.

Las declaraciones que hizo el jueves Rubén Moreno acerca de unas supuestas multas millonarias no son nuevas. En la rueda de prensa posterior al consejo interterritorial habló de esta cuestión, pero sin precisar qué normativa europea estarían incumpliendo las comunidades. También deslizó que podrían estar asumiendo competencias que no les corresponden. 

“Me da la impresión, hay que estudiarlo, de que probablemente pudieran estar vulnerando las competencias que constitucionalmente tenemos establecidas”, aseguró Moreno a preguntas de los periodistas en el Congreso, después de su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. Añadió que la Abogacía del Estado está estudiando las normas que han aprobado esos Ejecutivos autónomos por si fueran inconstitucionales. “Si eso es así, deben entender que el Estado tendrá que actuar”, dijo.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad reconoció hoy que pedir informes a la Abogacía del Estado cada vez que aparece una nueva normativa autonómica es "lo habitual" y que de momento no hay indicios de inconstitucionalidad. Moreno citó expresamente a la Comunidad Valenciana (Gobierno del PSOE con Compromís) a Baleares (PSOE con Més) y a Cantabria (Partido Regionalista de Cantabria y PSOE).