Decenas de municipios blindan o rescatan el agua de la privatización

La situación de los últimos años, cuando la crisis favoreció que los Ayuntamientos lanzaran una oferta general de venta de los servicios de agua a empresas privadas para hacerse con dinero, ha comenzado a revertir. El último cambio político municipal ha llevado a decenas de ciudades a rescatar las empresas o a aprobar medidas para blindarlas ante posibles privatizaciones. Santiago de Compostela, Valladolid, Vitoria o Sevilla son algunas de las capitales que han abierto la senda para que los grifos vuelvan o sigan en manos de los vecinos, mientras las empresas del sector defienden que la colaboración es la mejor fórmula.

La capital gallega ha empezado el camino del rescate. Xan Duro (Compostela Abierta), miembro de la Junta de Gobierno Local, tiene claro que, “pese a que la legislación ha puesto muchas trabas”, recuperarán el servicio, cuya concesión acaba en 2019. Le mueven diversos motivos: la declaración de la ONU en 2010 que reconoce el agua como un derecho humano, razones económicas –Duro defiende que como mínimo pueden conseguir un 30% de ahorro que revertiría en los ciudadanos- y evitar la supuesta corrupción. El sumario del caso Pokemon incluye “presuntas adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios” a sociedades privadas de agua.

“Con la empresa estamos perdiendo dinero y calidad”, justifica un técnico de la entidad encargada del suministro en Valladolid y que ha pasado por los dos modelos de gestión. A raíz de esta experiencia, afirma claramente que la sociedad municipal es “mejor y perjudica menos al ciudadano”. La concesión caduca en dos años.

Gregorio García, presidente del comité de Aguas de Valladolid, coincide con su compañero. “Los trabajadores lo tenemos muy claro”, afirma para explicar que una sociedad municipal persigue el servicio al ciudadano y una privada, “el lucro a costa de lo que sea”. Su balance de la última gestión empresarial es contundente: subida de tarifas, pérdida de calidad y una peor atención al público.

El primer pleno de Vitoria se dedicó a blindar el servicio público al aprobar, con el apoyo de PSE, PNV, Bildu y Podemos, el Pacto Social por el Agua, una iniciativa promovida por más de 300 asociaciones, organizaciones y partidos que pretende evitar la gestión privada y defender este recurso como derecho humano. El PP se abstuvo.

El concejal socialista Peio López de Munain defiende la importancia de esta medida tras unos años de gobierno del PP que, según afirma, intentó abocar a la privatización mediante la descapitalización de la sociedad municipal y poniendo en riesgo su viabilidad con “excusas para meter la mano en la caja”.

El Pacto Social por el Agua ha empezado a recorrer cientos de plenos municipales. En Toledo lo promueve IU que, según el responsable de servicios públicos de esta formación, José María Fernández, pretende aunar las voluntades políticas y de los ciudadanos, imprescindibles para blindar el carácter público de un servicio fundamental.

Este representante de IU enarbola las conclusiones de un informe tras siete meses evaluando a las empresas privadas del sector que operan en la provincia: no hay transparencia al anularse cualquier opción de licitación, disminuye la calidad del agua y del empleo, se pierde dinero por el “chantaje” que supone la cláusula de equilibrio financiero –"si hay beneficios se lo lleva la empresa y si hay pérdidas paga el ciudadano", explica- y falta eficacia.

Sevilla, con una histórica empresa pública metropolitana (Emasesa), también se va a sumar al pacto social. El nuevo alcalde, Juan Espadas (PSOE), ya ha empezado a establecer medidas incluidas en este acuerdo, como impedir los cortes de suministro por impago, pero quiere que el compromiso con un derecho humano como el agua pase por el resto de ayuntamientos de los que dependen un millón y medio de vecinos.

Espadas cree que el PP, que gobernó hasta las pasadas elecciones en la capital, tenía una “agenda oculta” para favorecer la privatización si llega a mantenerse en el poder. El nuevo equipo municipal, del PSOE con apoyo de IU y Participa Sevilla, rechaza esta posibilidad y quiere comprometerse con los principios del Pacto Social, como el establecimiento de garantías de suministro de un mínimo vital y favorecer una gestión participativa. “No es politizar sino primar los intereses generales”, defiende Espadas, quien se ha comprometido a “revisar y reforzar los protocolos de la entidad” con el fin de asegurar una actuación “sensible” con las circunstancias sociales.