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El juez pregunta al empresario preso por sus pagos a Rodrigo Rato

El juez interroga a Portuondo Coll, que facturó más de 800.000 euros a una empresa del exvicepresidente económico

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El informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que originó en abril pasado la imputación de Rodrigo Rato por supuesto delito fiscal, de blanqueo y de alzamiento de bienes, escondía dos datos que pasaron inadvertidos en un primer momento para los inspectores de Hacienda y que ahora resultan claves para conocer si el exvicepresidente económico se corrompió. Esos datos fiscales acreditaban que una empresa privada, Albisa Inversiones y Asesoramiento, propiedad de Alberto Portuondo Coll, había pagado 474.000 euros en 2011 y 360.000 euros en 2012 a la sociedad Kradonara 2001, cuyo dueño es Rodrigo Rato, según el ministerio de Hacienda.

El informe de la ONIF, finalizado en febrero de este año, recogía esos dos ingresos de Kradonara pero no analizaba su origen. La Fiscalía de Madrid, que presentó una denuncia contra Rato ante el juzgado de guardia de Plaza de Castilla tomando como base el trabajo de la ONIF, tampoco se fijó en esos dos ingresos que, sólo unos meses después, resultan cruciales para determinar si Rato favoreció a empresas privadas a cambio de comisiones ilegales durante sus dos años al frente de Caja Madrid y Bankia.

Cuando los técnicos de la ONIF han profundizado en su investigación sobre el expediente Rato y analizado el historial de la empresa Albisa, han descubierto que sus principales ingresos en 2011 y 2012 procedían de dos firmas de publicidad, Zenith y Publicis, que logrado esos dos años varios contratos multimillonarios de Caja Madrid y Bankia, entidades presididas entonces por Rodrigo Rato.

Con esos elementos, los inspectores de Hacienda han dibujado en su informe un triángulo de intereses para concluir que existían suficientes indicios de corrupción en la gestión de Rato al frente de Caja Madrid. La ONIF sugiere que Rato favoreció como presidente de Bankia a dos firmas publicitarias que, a su vez, devolvieron el favor a través de un intermediario, Alberto Portuondo Coll, al que pagaron casi dos millones de euros en dos entregas por unos servicios inexistentes, según Hacienda. Y Portuondo Coll, según la teoría de Hacienda, devolvió una parte de esa supuesta comisión ilegal a Rato ingresando en una de sus sociedades, Kradonara, 834.000 euros en dos entregas realizadas en 2011 y 2012.

Los hechos investigados ocurrieron cuando Rato presidía Bankia y gozaba de un sueldo anual que superaba los dos millones de euros.

El juez Antonio Serrano Artal interroga hoy jueves a Portuondo Coll, quien fue detenido el pasado domingo por la Guardia Civil en Barajas cuando se disponía a viajar a Méjico, donde reside habitualmente. El juez de guardia ordenó prisión provisional para Portuondo Coll a petición de la Fiscalía, quién argumentó que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Portuondo Coll deberá explicar al juez Serrano Artal las razones que le llevaron a pagar grandes cantidades de dinero (834.000 euros) a la sociedad propiedad de Rato. Y si esos pagos tienen relación con los dos millones de euros que la empresa de Portuondo ingresó de dos firmas de publicidad adjudicatarias de contratos multimillonarios de Caja Madrid y Bankia. La investigación considera que una parte de la supuesta mordida que cobró Rato la dedicó a invertir en un hotel de Berlín, por lo que el supuesto delito de blanqueo se habría producido en el extranjero, razón por la que el instructor del caso remitió la causa a la Audiencia Nacional, donde todavía no han determinado qué juez asume la competencia sobre el caso.

El exvicepresidente económico niega los hechos que le atribuye el informe de la ONIF y alega que no intervino en los procedimientos que llevaron a Caja Madrid y Bankia a adjudicar sendos concursos multimillonarios a las firmas Zenith y Publicis.