La Junta cifra en 72 millones el fraude en los cursos de formación

La Junta de Andalucía ha pedido el reintegro en firme de 71,9 millones de euros por subvenciones concedidas por la Administración autonómica desde 2007 a 2012 en cursos de formación que no han sido justificadas. Este es el resumen de la investigación interna abierta por el Gobierno regional desde la pasada legislatura, una revisión que aún no está acabada y que persigue comprobar si los 1.613 millones de euros que la Junta gastó en el periodo investigado se usó correctamente. Al margen de la tramitación administrativa, un total de 18 juzgados de la comunidad investigan presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación.

En el primer pleno ordinario del Parlamento andaluz, el consejero de Empleo, el socialista José Sánchez Maldonado, ha informado a petición propia de la fiscalización interna en laque han participado 134 funcionarios. De los 8.505 expedientes administrativos existentes, se han verificado 5.300 por un importe de 728,5 millones de euros. En 1.013 casos se ha pedido la devolución en firme por casi 72 millones; otros 190 expedientes que han recibido 167,5 millones aún están en el proceso de alegaciones; y 4.097 ayudas por un total de 485 millones han sido justificadas correctamente. Aún quedan pendientes de poner bajo la lupa de Empleo 662,5 millones que han recibido 2.127 entidades. Hay 1.077 expedientes que aún están en plazo de justificar 222 millones de euros. Empleo no ha dado ningún nombre de las empresas expedientadas.

Maldonado, que se ha comprometido a comparecer cada mes en el Parlamento, ha pedido no hacer una causa general sobre las subvenciones públicas, pero la oposición en bloque ha criticado con dureza la falta de control de estas ayudas a lo largo de los años. “En Empleo ha habido un mal funcionamiento, un guirigay, porque nadie vigilaba”, ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, ha pedido “poner punto y final a la corrupción política en Andalucía” y ha asegurado que las ayudas se otorgaron “sin ningún tipo de control”. Para la diputada de Podemos, Carmen Lizárraga, las subvenciones concedidas “ponen bajo sospecha a las instituciones públicas” y causan un “daño irrecuperable a los cursos de formación para el empleo”. La popular Teresa Ruiz Sillero ha afirmado que la política andaluza gira “sobre el binomio corrupción y desempleo”. El socialista Rodrigo Sánchez ha alertado de que las manifestaciones críticas de la oposicion "tiene un efecto demoledor sobre la marca Andalucía".

En el cierre del debate, Maldonado ha pedido rigor a los grupos parlamentarios a la hora de hablar del fraude en los cursos de formación. Ha negado que la cantidad en cuestión se eleve a 3.000 millones, como en ocasiones ha utilizado el PP, ya que la cantidad concedida en los cinco años investigados es de 1.613 millones. "Hay que diferenciar la gestión administrativa de las diligencias de la justicia, que debe ser la que cuantifique el fraude", ha subrayado.

A la vuelta del verano, los gruops parlamentarios del PP, Ciudadanos e Izquierda Unidfa plantearán la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre los cursos de formación.