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La inspectora jefa de Hacienda no asume el informe contra Rato

El exvicepresidente económico del Gobierno comparecerá el próximo miércoles

Margarita García-Valdecasas, inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), aseguró al juez que ella se limitó, “como es habitual”, a firmar el informe de los funcionarios que motivó la denuncia de la fiscalía contra el exvicepresidente del PP Rodrigo Rato, su detención e imputación por tres delitos fiscales, uno de alzamiento de bienes y otro de blanqueo. El juez Antonio Serrano-Artal ha citado el miércoles a Rato para preguntarle por los tres delitos que le atribuye la ONIF, y que suman un fraude de 1.039.741 euros.

El instructor no ve el alzamiento de bienes que denunció Hacienda

La Agencia Tributaria analizó un extraño movimiento patrimonial de Rodrigo Rato y concluyó que estaba ocultando sus propiedades poniéndolas a nombre de otras personas para evitar el pago de una fianza lo que se podía interpretar como un alzamiento de bienes. Así lo escribió en el informe que remitió a la Fiscalía para que presentara una denuncia contra Rato. 

La operación sospechosa se produjo en 2013 cuando  Rato donó a sus hijos “sin que haya quedado acreditado que los mismos conocieran el propósito del denunciado” participaciones de cuatro empresas por 2.594.348 euros. 

Cuando Rato llevó a cabo estas operaciones, aún no se le habían impuesto fianzas relacionadas con el caso Bankia. La primera, de tres millones de euros por la supuesta administración desleal en la concesión de tarjetas de crédito a consejeros y directivos, la depositó mediante un aval bancario en octubre de 2014. La segunda fianza, relacionada con la salida a Bolsa de Bankia, de 800 millones, rebajada luego a 34, fue consignada por la entidad financiera en marzo de 2015, aunque posteriormente se le iba a reclamar al expolítico.

La Audiencia Provincial analizó el caso e interpretó que los hechos investigados por la Agencia Tributaria y las pruebas aportadas no demostraban la existencia de un delito de alzamiento de bienes pues Rato pagó  la fianza sin problemas. 

El juez preguntó esta mañana a García-Valdecasas sobre el informe de su departamento que atribuía a Rato hasta cinco delitos, y la inspectora jefe lo definió como “una denuncia temprana sobre posibles riesgos”. Los abogados de Rato, presentes en la declaración, insistieron en preguntar a García-Valdecasas si las acusaciones del informe eran suficientemente sólidas, a lo que la inspectora jefe respondió reiteradamente que las conclusiones de los funcionarios se basaban en los datos que figuraban en los ficheros de la ONIF. La base de datos de la Agencia Tributarias es el soporte documental en el que se apoya la ONIF para sus investigaciones.

El juez Antonio Serrano, preguntó a García-Valdecasas si conocía la diferencia existente entre “indicios” y “sospechas” y la inspectora jefe contestó que no y aclaró que no era una experta judicial, según fuentes conocedoras del interrogatorio. Los abogados del exvicepresidente pidieron al juez el archivo de la causa al escuchar las explicaciones “endebles” de la inspectora jefe. La Fiscalía se opuso porque aún falta por conocer el segundo informe de la ONIF, elaborado con los datos obtenidos en el registro de la vivienda y de la oficina de Rato.

El magistrado decidió citar al exvicepresidente tras interrogar como testigo a la inspectora jefe. Tres meses después de su detención y del registro de su casa y su despacho, Rato comparecerá el miércoles para dar las primeras explicaciones ante un juez sobre su comportamiento fiscal en relación con sus actividades profesionales y sus empresas dentro de la causa en la que el investiga su patrimonio y sus actividades económicas.

La Fiscalía le atribuyó en un principio fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes. El juez, sin embargo, ha limitado por ahora la investigación al fraude fiscal.

El exvicepresidente tiene tres causas abiertas en los juzgados. Dos de ellas están relacionadas con su efímero mandato en Caja Madrid y Bankia. La primera investiga el supuesto fraude a accionistas por la salida a bolsa de Bankia. La segunda analiza el supuesto uso indebido de tarjetas de crédito por parte de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia durante el mandato de Rato. El tercer procedimiento afecta a sus negocios particulares.

Kradonara es la empresa de Rodrigo Rato con la que, según la Agencia Tributaria, el exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar hizo maniobras irregulares por las que ahora está imputado por delito fiscal.

Según Hacienda, Rato usaba Kradonara para facturar sus servicios de asesoramiento a Telefónica, algo irregular que suponía un ahorro importante de los impuestos que debía pagar el exvicepresidente. Además, Rato recibía a través de Kradonara ingresos del extranjero con la “finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

Tres delitos fiscales por 1.039.741 euros

Rodrigo Rato recibió entre 2012 y 2013 “importantes transferencias de dinero en cuentas corrientes de las que tiene el efectivo poder de disposición” procedentes de Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica.  El exvicepresidente recibió de esta forma el dinero "con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales pues no fueron incluidas por el mismo en las correspondientes declaraciones de su IRPF”, según la Agencia Tributaria.

A mediados de 2012, con Bankia al borde de la quiebra, el Gobierno le despidió de la presidencia de la entidad bancaria y Rato pasó a trabajar de asesor para otras empresas y bancos, con los que obtuvo ingresos declarados a Hacienda de manera supuestamente irregular.

La Agencia Tributaria sostiene que el vicepresidente facturó sus trabajos de asesoramiento  para Telefónica (307.627 euros) a través de la empresa de su propiedad Kradonara, en lugar de hacerlo como persona física. Con esa operación, Rato se ahorró mucho dinero en impuestos y defraudó al fisco, según denunció la Fiscalía de Madrid. Además, la sociedad Kradonara ocultó a Hacienda sus ingresos procedentes del extranjero "con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, según la Agencia Tributaria.

El fraude fiscal que calcula Hacienda por todos estos hechos alcanza los 445.649 euros en 2011; 350.000 euros en 2012 y 244.092 euros en 2013.