La ecotasa: de la controversia al error irreparable

Se pensó la ecotasa como un mecanismo de solidaridad entre la actividad turística y el territorio en el cual esta se desarrollaba y entre los visitantes y la sociedad receptora. El mecanismo, era simple: un Fondo de Rehabilitación de los Espacios Turísticos y Naturales que se nutria de un impuesto sobre las estancias en los alojamientos turísticos. Un impuesto finalista para un fondo gestionado con la amplia participación de sectores empresariales, asociaciones agrarias, ecologistas, culturales y sindicatos. Una gestión democrática y transparente de los recursos que se obtuviesen. Los objetivos que se especificaron en la ley fueron: remodelar y rehabilitar las zonas turísticas, recuperar espacios naturales y rurales, revalorizar los elementos patrimoniales de relevancia social, cultural y turística y revitalizar el espacio agrario como elemento esencial del paisaje.

En el año 1999, cuando se constituyo el primer gobierno del pacto de progreso, las circunstancias que marcaban la posición de las Islas Baleares en los mercados turísticos internacionales eran: una fuerte competencia internacional en el segmento de sol y playa -en los últimos años se habían creado 400.000 nuevas plazas hoteleras sólo en la cuenca del Mediterráneo- y ser líderes en un monocultivo turístico altamente estandarizado –turismo de sol y playa- y fácilmente replicable. Esto conducía a estar en una buena situación en la franja medio, medio-baja del mercado –aproximadamente un 50% del total de la demanda- y, en cambio, a tener dificultades para penetrar, de manera generalizada y estable, en los estratos superiores de turismo más exigentes. En consecuencia, se padecía estacionalidad, falta de identidad y dependencia de los grandes operadores internacionales. Era evidente que debíamos fortalecer nuestro producto ante una previsible guerra de precios provocada por el aumento de la oferta internacional. De sufrir alguna crisis, esta seria de producto.

Esta necesaria mejora formaba parte de un proyecto global y de futuro que conducía a la redefinición del modelo de masas en el cual se estaba operando. Teníamos que crear un marco adecuado para que las empresas pudieran ofrecer nuevos y mejores productos: los tradicionales de sol y playa, con más valor añadido, y otros que diversificaran la oferta. Un modelo que aspiraba a revertir ciertos males endémicos, como pasar del corto plazo a la sostenibilidad, del consumo de recursos a la conservación del medio y de la estacionalidad a una mejora en la distribución de los flujos turísticos. Pero, sobre todo, buscar la complicidad social para revertir una tendencia de creciente rechazo a la actividad turística por parte de la población residente. Eran años en los cuales se clamaba contra la masificación y el agobio ambiental.

La ley estuvo vigente de mayo del 2002 hasta que fue derogada por el siguiente gobierno del Partido Popular, presidido por Jaime Matas, en octubre del 2003. Durante este periodo, entre muchas otras, se hicieron actuaciones en espacios turísticos como demoliciones de hoteles y apartamentos en arenales y primera línea de costa; se adquirieron espacios naturales como Es Canutells o Son Real, que pasaron a ser espacios públicos, y Sa Coma d’en Vidal, que se incorporó a la ruta de preda en sec de la Serra de Tramuntana. En Palma, se adquirió el edificio del antiguo cuartel de Intendencia y el casal de Can Serra. Hubo actuaciones en los humedales de Es Grau y Ses Feixes… En definitiva, de no haberse derogado el impuesto, actualmente en Baleares, se llevarían invertidos más de 1.000 millones de euros que habrían permitido poner en valor los recursos necesarios para un mejor producto turístico y crear las condiciones para un turismo más diversificado y sostenible. Si la aplicación de la ecotasa fue controvertida, su derogación constituyó un error irreparable.

Celestí Alomar fue consejero de Turismo de Baleares, con el PSOE, que creó la ecotasa en 2001.