La Junta revisó y aprobó los cursos investigados en Punta Umbría

La policía ha llamado a declarar a 61 personas en la provincia de Huelva en relación con los fraudes en los cursos de formación y en el marco de la Operación Edu, un caso que investigan 18 juzgados en toda Andalucía. El más destacado de los convocados es el alcalde de Punta Umbría (Huelva), el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, por una empresa, El Paraíso La Dehesa, de la que se desvinculó cuatro años antes de la celebración de cuatro cursos inspeccionados y calificados como sobresalientes por los técnicos de la Junta y por un asunto que ya archivó el juez. Sin embargo, la policía intenta reabrir un caso que el regidor advierte que puede suponer “daños de imposible reparación en el honor y la propia imagen”. Las consecuencias políticas están a la espera de lo que decida el juez; si fuera imputado, dimitirá.

El origen de la acción policial se produce tras un expediente de reintegro (solicitud de la devolución de las ayudas concedidas) de los 202.820 euros concedidos en 2011 para la realización de cursos relacionados con la hostelería en la mencionada empresa, de la que Rodríguez Nevado fue responsable hasta abril de 2007, cuando entregó poderes totales a su sobrino Carlos Javier Domínguez. Figuró como administrador único, sin capacidad ejecutiva, hasta que en 2011, este cargo recayó sobre María del Carmen Rodríguez, hermana del regidor.

Desde 2007, Carlos Javier y su hermano Gonzalo, según un acta notarial firmada en 2014, han sido responsables de todas las acciones de la empresa, que ni siquiera llegó a recibir las ayudas porque fueron embargadas por Hacienda.

El expediente sobre los cursos cuestiona que se llevaron a cabo acciones sin supervisión, pese a que los cursos fueron visados, aprobados y calificados como excelentes por los técnicos de Empleo. “Jamás se tomó una decisión sin contar con la aprobación de la Junta a través de sus técnicos”, alega Rodríguez Nevado, quien destaca que la propia Consejería propuso continuar con la actividad, pero la empresa renunció.

“Los cursos se impartieron, los monitores cobraron y se justificaron todos y cada uno de los gastos”, defiende el alcalde. También se cuestiona la contratación en plazo de los alumnos, una condición prevista en el convenio de formación. El restaurante asegura que se hicieron cuando fue posible, dada la estacionalidad del sector turístico, y que este proceso fue autorizado y también supervisado por los técnicos de la Junta. La defensa del regidor insta a la Administración a revisar la vida laboral de los alumnos para comprobar las contrataciones.