Una juez cree que la Junta andaluza propició el fraude en la formación

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha culminado la investigación contra una trama, formada por nueve personas y liderada por el empresario José Sivianes, que se lucró supuestamente mediante cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía para lograr un beneficio de cinco millones, según la juez, que responsabiliza al Gobierno andaluz de que se produjera el fraude por su inacción. Los nueve imputados, vinculados a la entidad Formación Integral para el Empleo SL, están implicados por delitos contra la Hacienda Pública, Fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad documental. Esta causa es una más de las 18 que se instruyen en Andalucía por múltiples irregularidades cometidas por empresarios beneficiados por los cursos de formación subvencionados por la Junta.

La juez censura el mismo procedimiento administrativo del Gobierno andaluz por el que la instructora Mercedes Alaya detuvo a 16 ex altos cargos de la Junta, que facilitó la entrega de ayudas públicas para cursos sin haber justificado subvenciones anteriores, todo gracias a las exoneraciones que aprobó el Ejecutivo. Es decir, la orden de 2009 para conceder la transferencia del 75% del importe concedido, por lo que quedaba el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida.

La magistrada censura la inacción de la Junta: "Limitándose la Administración a una comprobación formal del dinero empleado, es decir que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".

Formación Integral para el Empleo SL recibió subvenciones entre 2010 y 2012 "sin haber realizado buena parte de los gastos justificados que sólo corresponderían a un treinta por ciento de los importes facturados", según el auto de la magistrada por el que concluye la instrucción. La juez subraya que Sivianes defraudó supuestamente más de 120.000 euros en los ejercicios fiscales del 2011 y 2012, irregularidad propiciada por el sistema o mecanismo utilizado por la Consejería de Empleo.

La magistrada da 10 días a la fiscalía y las partes personadas para que formulen sus escritos de acusación contra los implicados.

La instrucción censura que los cursos se impartieron con un coste real del 70% menos de lo documentado a la Junta. De este modo, si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros, y el mismo concepto se facturaba por duplicado. Así, en varios cursos de Formador Ocupacional de 400 horas cada uno, figuran como docentes autorizados varias personas con 400 horas de clase cada una, pero en cambio se facturan 800 horas.