Alaya deja su juzgado con la imputación de dos exconsejeros

La juez Mercedes Alaya se despidió este martes del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, del que se ha hecho cargo María Ángeles Núñez Bolaños, con un auto sobre el fraude en los cursos de formación que repite la tesis de los ERE, que la Junta creó un sistema para beneficiar a empresas. La magistrada imputa por presuntos delitos de prevaricación y malversación al exconsejeros de Empleo Manuel Recio, al de Economía Antonio Ávila y a cinco responsables más de distintas áreas de estos departamentos, incluyendo el también exconsejero Antonio Fernández, de haber "concebido indiciariamente”, a través de los organismos de la Junta (...), “la formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma, generando una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones".

 La juez argumenta su tesis en las "carencias deliberadas de la Administración", entre las que destaca: la ausencia de programación, evaluación, seguimiento y documentación justificativa en la mayoría de los expedientes, incumplimientos de las contrataciones obligadas en las ayudas de concesión directa, retraso injustificado en la comprobación y concesión de certificaciones sin garantías.

Añade la magistrada que, entre 2010 y 2011, "no se elaboró ni un solo expediente de reintegro [petición de la devolución de las ayudas] a pesar del panorama de irregularidades descritas por la Intervención General".

También centra sus acusaciones la juez en las exoneraciones, suspender o retrasar la exigencia de justificaciones de gastos que sumaron 950 millones de euros hasta octubre de 2013. La Junta de Andalucía siempre ha defendido que estas son legales, pero Alaya las considera una “rara avis” en la legislación de otras comunidades.

Según la magistrada, las entidades beneficiarias de subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía  "ofrecían cursos con una calidad muy por debajo de lo que se les pagaba" y obtenían "importantes beneficios" con el consentimiento de los implicados. Entre los receptores de ayudas, la juez destaca en su auto a los sindicatos, la Confederación de Empresarios de Andalucía, miembros del consejo de administración del SAE, grandes entramados empresariales y la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo.

Además de los exconsejeros señalados, Alaya ha implicado en el supuesto fraude a los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro Barba, Alejandro Rueda Cruz y Pedro Eugenio Gracia. Además imputa al jefe del Departamento de Gestión Económica del Servicio de Formación de Empleo de la Delegación Provincial de Granada, Juan Manuel León Sánchez, al que además cita a declarar el próximo 29 de junio.

El fraude en los cursos de formación se investiga en estos momentos en 18 juzgados andaluces, pero la juez Alaya ha mantenido un pulso para hacerse con esta macrocausa, según un auto en el que requirió a la policía que dejara a la Guardia Civil que asumiera la investigación

La policía, sin embargo, mantiene sus actuaciones y ayer mismo tomó declaración al alcalde de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado, en el marco de la Operación Edu, que investiga también los fraudes en la formación.

Alaya ya había reclamado las causas abiertas a los demás juzgados de la comunidad que investigan los cursos. Dos juzgados de Cádiz se inhibieron ante la reclamación de la juez, aunque la Audiencia de esta provincia está analizando un recurso contra esta decisión. Pero otro juzgado de Málaga se negó a enviarle a Alaya sus investigaciones sobre las irregularidades en esta provincia. La idea de la juez es hacer otra macrocausa similar a la de los ERE, iniciativa a la que se oponen los fiscales andaluces.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, e Izquierda Unida han anunciado ya que su grupo pedirá al resto de partidos que conforman el Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre los cursos de formación. El PP justificó la iniciativa ante las "graves irregularidades en la concesión, gestión y justificación de las subvenciones otorgadas por la Administración andaluza en materia de formación profesional para el empleo desde el ejercicio 2002 hasta 2014".