Extraer el fuel del pesquero hundido en Canarias costará hasta 31 millones
Fomento se negó el martes a facilitar el presupuesto del contrato de limpieza El ministerio ha gastado ya 9,6 millones de euros en el sellado previo de las fugas
Extraer el fuel que queda dentro del Oleg Naydenov, el pesquero hundido al sur de Gran Canaria a mediados de abril, puede llegar a costar más de 31 millones de euros. Así figura en el contrato firmado entre el Ministerio de Fomento y la empresa que se encargará de las labores. El acuerdo se formalizó hace una semana y el secretario de Estado de Fomento, Julio Gómez Pomar, presentó en Las Palmas el martes el dispositivo. Se difundió hasta una recreación de cómo serán las labores, que se desarrollarán a 2.700 metros de profundidad. Pero, pese a las preguntas de los periodistas, Gómez Pomar se negó a facilitar el coste de las operaciones. Solo aclaró que, hasta ahora, se han gastado 9,6 millones de euros en las labores previas de sellado.
Fuentes de Fomento han defendido este viernes que no se facilitara la cantidad por la que fue formalizado el contrato, que aparece ya en el portal digital de contratos del Estado. El ministerio argumenta que esos 31 millones serían el coste máximo previsto, en el caso de que quedaran todavía dentro del buque más de 1.000 toneladas de fuel. El pesquero llevaba más de 1.400 cuando se incendió en el puerto de Las Palmas. Luego, por decisión de la Capitanía Marítima, fue remolcado a mar abierto, donde se apagaron las llamas y se hundió. Desde que se fue a pique vierte fuel al mar a un ritmo aproximado de 10 litros a la hora.
Por ello, Fomento sostiene que no se puede saber cuánto fuel quedará dentro del pecio. Y, añade, que el contrato de extracción está elaborado de tal forma -con bonificaciones y penalizaciones- que no se puede saber cuánto costará la operación finalmente. Eso sí, en el contrato la cifra que figura es 31.049.920 euros.
Pero, ¿quién se está haciendo cargo de las facturas? De momento, es Salvamento Marítimo, un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Pero Gómez Pomar aseguró el martes que la factura "luego se repercutirá en toda la capacidad que se pueda a las empresas aseguradoras del barco que ha sufrido el hundimiento".
El contrato, que marca una duración de 175 días para rematar los trabajos, ha sido adjudicado por el procedimiento "negociado sin publicidad". El ministerio sostiene que se hace así por tratarse de una situación de emergencia. "Pero se ha pedido ofertas a cuatro empresas", sostiene un portavoz de Fomento. La firma que aparece como adjudicataria es Svitzer Salvage BV. Se trata de una de las dos compañías que han creado hace apenas unas semanas la firma Ardent, la sociedad a la que dijo Gómez Pomar el martes que se le había adjudicado el contrato.
Gómez Pomar sostuvo entonces que tenía "muy buenas referencias" de Ardent y destacó que fue la empresa que más rápido podría comenzar la operación, en seis semanas. Sin embargo, Ardent es de nueva creación y el contrato de 31 millones de euros no se adjudicó a la mencionada corporación, sino a Svitzer, que forma parte de Ardent después de una fusión. Svitzer es la empresa líder en el mercado de respuestas de emergencia marítima.
En un comunicado fechado el 21 de abril, se anunciaba su fusión con Crowley Maritime, otra empresa de emergencias marítimas, para crear la mencionada Ardent, que se va a encargar de la extracción del fuel mediante un sistema de campanas que se colocarán sobre las fugas de fuel que tiene el pecio. En el citado comunicado, Peter Pietka, director ejecutivo de la fusión resultante, explicaba que Ardent "se convertirá en líder de la industria de la eliminación de residuos y en la respuesta de emergencia". Tiene su sede en Houston, aunque cuenta con oficinas en los Países Bajos, Reino Unido y Singapur.
Cuestionados por la experiencia previa de la empresa que se encargará de realizar la operación, Mario Peña, representante de Ardent que estuvo junto a Gómez Pomar, señaló que tenían "mucha y en muchas partes del mundo". Citó dos ejemplos: la extracción del fuel del submarino Woodfor en Castellón, una maniobra que se realizó a 80 metros de profundidad, y otro trabajo realizado en Angola.
Un precedente judicial de hace 15 años
El arrastrero ruso Oleg Naydenov se incendió el 11 de abril en el puerto de Las Palmas. Las llamas comenzaron unas horas antes de que el barco partiera rumbo a una campaña pesquera de varios meses, por lo que llevaba los tanques llenos de combustible. Al día siguiente, ante la incapacidad de apagar el fuego, Capitanía Marítima decidió sacarlo a mar abierto. Las llamas se extinguieron, pero el barco no resistió y se hundió a 15 millas al sur de Gran Canaria.
Tras el hundimiento, que ha hecho que Salvamento Marítimo mantenga un amplio dispositivo en la zona para evitar que el fuel del Oleg Naydenov toque las playas, la fiscalía especializada en medio ambiente decidió abrir una investigación. El capitán del buque declaró ante el fiscal y sostuvo que fue un error sacar el barco del puerto.
Fuentes jurídicas informan de que el Capitán Marítimo de Las Palmas, que tomó la decisión, también ha declarado ante la fiscalía. Y ha defendido su actuación, que en su día se justificó en el riesgo de que una explosión y el vertido afectaran al puerto y a la plata potabilizadora de la ciudad.
Entre la documentación que la Administración ha aportado en esta investigación figura un caso parecido de 2000 en el mismo puerto. En mayo de aquel año, el pesquero María Teresa Rodríguez, de 41 metros de eslora, se incendió en el puerto de Las Palmas. Los bomberos no consiguieron apagar el fuego y Capitanía Marítima decidió sacarlo del puerto. El barco se acabó hundiendo en mar abierto.
La aseguradora Allianz comenzó entonces una batalla, primero administrativa y luego judicial, contra el Ayuntamiento de Las Palmas y el Ministerio de Fomento, a los que reclamaba 2,1 millones de euros. Pero perdió.
Primero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sentenció que no fue incorrecta la actuación de los bomberos de Las Palmas. Luego, la Audiencia Nacional respaldó las decisiones de Capitanía Marítima. "Llegando a ser incontrolado, cabe deducir que cuando fue ordenado su alejamiento el barco estaba irremisiblemente perdido, por más que el hundimiento total se retrasara", indica la sentencia de 2006 de la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El fallo concluye que el "alejamiento" de aquel pesquero "se fundamenta en la necesidad de atemperar los riesgos derivados del incendio incontrolado del buque en una zona portuaria y tras agotar los medios de extinción".
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