El Poder Judicial aprueba un plan que aleja a la juez Alaya de los ERE

La juez Mercedes Alaya está cada vez más cerca de dejar de investigar el caso de los ERE de Andalucía. El Poder Judicial ha dado luz verde al plan de refuerzo presentado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Este plan, casi con toda seguridad, supondrá la marcha de Alaya en las próximas semanas hacia la Audiencia provincial, un ascenso que ha pedido voluntariamente pero que luego ha intentado posponer para seguir investigando las causas que en los últimos años han puesto contra las cuerdas a la Junta de Andalucía. Alaya ha presentado un plan alternativo para quedarse temporalmente en su juzgado, pero el tribunal andaluz, no ha tramitado su propuesta por ahora y la magistrada no está dispuesta a optar a la que ha aprobado hoy el Poder Judicial.

Con el plan aprobado hoy, será la nueva titular del Juzgado de los ERE, la juez María Ángeles Núñez Bolaños, la que tendrá en su mano la investigación de las macrocausas que allí se instruyen, como los ERE, el caso de los avales a empresas y los cursos de formación. Contará con el apoyo de dos jueces de refuerzo en comisión de servicio, según la propuesta aprobada por el Consejo. Y será ella la que reparta el trabajo entre su equipo.

La juez Alaya pidió en diciembre voluntariamente su traslado por lo que la plaza que deja libre en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla salió a concurso y, hace unas semanas, fue adjudicada a la magistrada Núñez Bolaños. El tribunal superior andaluz diseñó entonces un plan de refuerzo para evitar que el cambio de juez termine de saturar un juzgado ya atascado. Este plan pasa por destinar dos jueces de apoyo que se repartirán el trabajo con Núñez Bolaños que, según el TSJA, marcará el criterio para distribuir los casos entre los miembros de su equipo. Este plan que ha avalado hoy la comisión permanente del Poder Judicial, formada por tres vocales a propuesta del PP y dos del PSOE, además del presidente Carlos Lesmes).

Pero, según fuentes del entorno de Alaya, la juez no tiene intención de solicitar una de las comisiones de servicio que se ofertarán. La magistrada quiere quedarse en el que hasta ahora ha sido su juzgado, pero rechaza que sea la nueva titular la que distribuya el trabajo, por lo que ha presentado un plan alternativo en el que pide posponer su traslado para seguir investigando tres casos: los ERE, los cursos de formación y los avales a empresas. Pero, por ahora, el TSJA ha metido en un cajón esta propuesta de Alaya y aún no la ha elevado al Poder Judicial. Y sin que el TSJA la eleve, los vocales del Consejo no tienen conocimiento de la propuesta de Alaya por el conducto oficial.

Sobre la supuesta imposibilidad del TSJA para elevar al Consejo la petición de comisión de permiso que Alaya solicitó al alto tribunal andaluz, trámite que este no ha llevado a cabo el TSJA, fuentes jurídicas plantean: “¿Cómo se puede dar curso a una comisión de servicio que aún no está aprobada por el Consejo?”. Desde la aprobación ayer por parte del Consejo del plan de refuerzo, la semana que viene se ofertarán las plazas y tras un plazo de unos cinco días para que los candidatos opten, la Sala de Gobierno del TSJA informará al CGPJ para que este apruebe el nuevo destino en el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla a los mejores candidatos. La fecha estimada es el próximo 9 de junio. El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, se refirió al relevo del juzgado de los ERE: “El Consejo ha resuelto y se trata de lo mejor para la mayor prontitud en la resolución de las causas de ese juzgado”.

“Si en tal caso [Alaya] opta por irse, se estaría retratando. Aparte de las motivaciones políticas, a la justicia le preocupa que no se deje ayudar por nadie y que no se termine nada”, subrayan fuentes jurídicas que piden el anonimato. Hace dos años el TSJA ya le ofreció dos jueces de refuerzo para avanzar con las causas, y Alaya rechazó la mano tendida. Esta primavera la Fiscalía Anticorrupción ha pedido archivar ciertas actuaciones por prescripción de los delitos contra empresarios de la Sierra Norte sevillana en el caso ERE.