Tres amnistías fiscales con distinta magnitud

En abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, con apenas medio año en La Moncloa, aprobó una amnistía fiscal para que empresas y particulares que hubieran defraudado a Hacienda pudieran blanquear su dinero negro pagando solo un gravamen simbólico del 10%, muy inferior a los impuestos que habían dejado de abonar. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que agrupa al 95% de los 1.500 profesionales del sector, puso el grito en el cielo. Se trataba, para ellos, de “un atentado contra el Estado de derecho”, además de ser un mecanismo “contrario a la Constitución, que habla de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Los inspectores temían que la amnistía (eufemísticamente llamada por el Ejecutivo “regularización extraordinaria”) supusiera un “derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario”.

Además de mellar la conciencia fiscal de los ciudadanos y provocar duras críticas por ello, resultó que la amnistía del PP produjo la paradoja de que algunos de los que se acogieron a ella, creyendo que se les iba a perdonar todo, se encontraron con que al conocerse el origen ilícito del dinero aflorado tuvieron problemas judiciales. Eso ha provocado problemas con la Justicia, como ha ocurrido precisamente con Rodrigo Rato.

La amnistía fiscal del PP no es la primera que se lleva a efecto en la España constitucional, pero tiene la particularidad de que en esta ocasión Hacienda avisó expresamente de que, aunque el delito fiscal quedaba perdonado, no se renunciaba a investigar si el origen del dinero era lícito o ilícito. Con los Gobiernos socialistas de Felipe González había habido dos amnistías fiscales: una en 1984, siendo ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer, y otra en 1991, con Carlos Solchaga al frente del departamento. La primera exigía invertir en pagarés (conocidos como afros) el dinero que se regularizaba.

La medida del PP incluía un aviso: se investigaría el origen del dinero

Según dijeron en 2012 los inspectores, “no existe una diferencia fundamental” entre aquellas dos amnistías y la del PP, aunque la última les parecía “más brutalmente explícita y más clara”. Sobre todo porque en las dos primeras todavía no existía la Agencia Tributaria (se constituyó en 1992), que precisamente se creó para hacer los cambios normativos tributarios necesarios para que los ciudadanos se pusiesen al día. Con la creación de la Agencia Tributaria, un año después de la segunda amnistía fiscal, los socialistas consideraron que se había puesto el contador a cero.

Las amnistías fiscales no tienen por qué entrar en el origen del dinero, “entre otras cosas porque Hacienda está capacitada para discutir la cuestión fiscal, pero no la jurídica”, según constata una fuente sectorial. Otra cosa es que se descubra el origen delictivo posteriormente por otros cauces, ya sea en la investigación judicial o por una filtración. Pero son dos procedimientos distintos. El primero trata de normalizar el patrimonio; el segundo, que no está ligado al acto de afloramiento, si hay origen delictivo.

En 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, Hacienda conoció la existencia de cuentas opacas en el HSBC en Suiza. El Gobierno instó a los titulares a que regularizan las cuentas, entre ellas de la familia Botín. Los inspectores denunciaron ese trato de favor consistente en avisar a los defraudadores, pero reconocieron que, “al menos no se habían perdonado impuestos”.