Arresto de tarde, libertad a medianoche
El fiscal García Berro recibió órdenes superiores para dejar libre a Rato antes de que finalizaran los registros que pidió al juez
La decisión de pedir al juez de guardia de Plaza de Castilla (Madrid) la libertad de Rodrigo Rato en la noche del jueves, cuando los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera aún no habían concluido los registros en las propiedades del exministro, partió de un despacho de la jefatura del ministerio fiscal en Madrid. Esa orden torció el criterio del fiscal encargado del caso, Carlos García Berro, quien durante la mañana del jueves, había pedido al juez la detención del exvicepresidente del Gobierno tras acusarlo de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, que estaba de guardia cuando el fiscal presentó la denuncia, dictó durante la tarde del jueves una orden de registro que incluía el arresto del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Esa resolución judicial propició la escena del policía sujetando por la nuca al exvicepresidente económico de los gobiernos de Aznar para introducirlo en un coche camuflado que acaparó las portadas de los medios internacionales. Rato era a media tarde del jueves un arrestado más por fraude fiscal transportado por agentes policiales de un registro a otro en sus propiedades.
En ese momento se gestó el cambio de criterio de la fiscalía. Varias fuentes del ministerio público han confirmado a EL PAÍS que la instrucción de reclamar al juez del caso dejar libre a Rodrigo Rato —cuando aún no se habían practicado todas las diligencias reclamadas en la denuncia— partió del fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, superior jerárquico de García Berro, a quien obligó a rectificar la estrategia.
El cambio de posición del ministerio público, aceptado por el juez —que avaló por la mañana el arresto y en la tarde-noche, la puesta en libertad— causó perplejidad entre los policías del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependientes de la Agencia Tributaria, que habían entrado en la vivienda del ex vicepresidente económico del Gobierno de Aznar para registrarla tras comunicarle que estaba detenido. Con Rato todavía ante ellos repasando documentos, leyeron en las webs de los periódicos que el fiscal pediría su libertad.
El arresto duró unas siete horas, lo que tardaron los investigadores en inspeccionar el domicilio familiar de Rato y un despacho profesional situado a solo 200 metros, del que sacaron más de 15 cajas con documentación. Al regresar a su domicilio, el extodopoderoso dirigente del PP aseguró a este diario: “Estoy libre y en casa, tras haber colaborado con la justicia”.
Fuentes de la jefatura Superior de la Fiscalía de Madrid, que preside Manuel Moix, aseguraron no tener constancia de que la fiscalía solicitase ni el arresto ni la libertad del exvicepresidente del Gobierno. Esa tesis da a entender que ambas decisiones —contradictorias entre sí en solo unas horas— correspondieron al fiscal que inició la investigación, a partir de una denuncia del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España.
