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Primer juicio a la corrupción masiva en el PP

La cúpula de la red Gürtel se sienta este martes en el banquillo en Valencia junto a una exconsejera de Camps y la expresidenta del Parlamento autónomo

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana confirmó este lunes la expulsión de Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda y expresidenta del Parlamento autonómico. La decisión fue anunciada unas horas antes de que Martínez se siente este martes en el banquillo de los acusados junto a otros antiguos cargos de la Generalitat y los jefes de la red Gürtel en lo que será el primer gran juicio a la trama de corrupción masiva que colonizó numerosas instituciones gobernadas por el PP.

Durante cinco años (2004-2009), los responsables de la Consejería de Turismo y los cabecillas de la red Gürtel se coordinaron para amañar la adjudicación del contrato para el montaje del pabellón turístico de la Comunidad Valenciana en distintas ferias, según la investigación judicial. La red Gürtel cobró más de cinco millones de euros por esos trabajos. Dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y su sucesora, Angélica Such; y los tres principales cabecillas de la red Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, se sentarán en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular de los socialistas piden 11 años de prisión para Milagrosa Martínez y el supuesto número dos de la trama, Pablo Crespo; y 10 años para Correa y el también cabecilla de la red, Álvaro Pérez. La fiscalía reclama para la otra exconsejera implicada, Angélica Such, una pena de nueve años de inhabilitación.

También están imputados cuatro cargos medios de la Generalitat y tres empleados de Correa. El juicio se prolongará hasta octubre.

La expulsión de Martínez se ha producido después de que el PP valenciano fracasase para cortar por otras vías la relación con la que fue consejera de Turismo en la etapa del expresidente Francisco Camps. En las últimas semanas, Martínez ni siquiera cogía el teléfono a sus correligionarios, tras haberse negado a dejar la alcaldía del municipio alicantino de Novelda como le exigía el partido, lo que hará que se siente en el banquillo como regidora.

Cinco causas entre Valencia y Madrid

El pillaje de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, donde las empresas de Francisco Correa se establecieron a finales de 2003, ha dado lugar a cinco causas judiciales que instruye el Tribunal Superior de Justicia valenciano porque en ellas, hasta ahora, había implicados diputados autonómicos del PP. El tribunal ha devuelto algunas causas a la Audiencia Nacional al no haber ya aforados, pero la Fiscalía ha recurrido al Supremo para que todas se juzguen en Valencia.

Visita del Papa. Los jueces investigan la adjudicación de un contrato de 7,2 millones a la red corrupta por parte de la televisión autonómica (Canal Nou) para la cobertura de la visita del Papa.

Fitur. Entre 2005 y 2009, Orange Market, la filial valenciana de la red Gürtel, ganó, el concurso para el diseño, montaje y desmontaje de los pabellones turísticos de la Comunidad Valenciana en distintos lugares de España. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia comienza mañana el juicio por este caso.

Financiación ilegal y delito electoral. El PP disfrutó en la Comunidad Valenciana de una fuente de financiación ilegal de sus actos electorales en las campañas de 2007 y 2008, según la investigación judicial. Empresarios contratistas de la Comunidad Valenciana y la red Gürtel actuaron para que el PP se ahorrase el coste de numerosos actos electorales.

Contratos amañados. Durante los cinco años de negocio de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Francisco Camps le adjudicó decenas de contratos, algunos a dedo y otros mediante concursos amañados, según la investigación judicial.

Delitos fiscales. Otra causa está abierta por supuesto fraude a Hacienda cometido por las empresas de la red en los impuestos de Sociedades, IVA e IRPF.

El caso de Martínez, a quien los cabecillas de la trama Gürtel llamaban La Perla, es un ejemplo de los problemas que ha sufrido el PP de la Comunidad Valenciana para desvincularse de este y otros casos de supuesta corrupción desde que Camps presentó su dimisión en los primeros compases de la legislatura por su relación con la red de Correa. En estos cuatro años, 14 diputados valencianos del PP han sido imputados, procesados o condenados por casos relacionados con la corrupción. De ellos solo han conservado el escaño el expresidente Francisco Camps, implicado ahora en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia, y Felipe del Baño, que se convirtió en parlamentario en octubre.

En el juicio que comienza este martes, los fiscales mantienen que las empresas de Correa se beneficiaron de una “remisión subrepticia y anticipada de documentos” del concurso público para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat en la feria Fitur a lo largo de cinco ediciones, entre 2005 y 2009. En paralelo a estas adjudicaciones amañadas que sumaron cinco millones de euros las empresas de Correa habrían hecho “regalos” a los cargos. El más caro, un reloj de la marca suiza Hublot valorado en 2.400 euros para Martínez. El ministerio público considera en las 40 páginas de escrito de acusación que los hechos son constitutivos de los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación, además de los de malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. Los abogados de los principales imputados niegan de manera genérica en sus escritos de defensa “los hechos” que se les atribuyen.

Martínez argumenta que no conoció el detalle de las adjudicaciones. Y que las autorizó “confiando en todo momento en las funciones y capacidad profesional que desempeñaban los técnicos de las distintas áreas”. También asegura que “nunca recibió ningún regalo” de Correa ni de su delegado en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, como mantienen la Fiscalía y la acusación popular que ejercen los socialistas.

La expresidenta del Parlamento autónomo alegó hace unos días, además, que sufre “indefensión” y “vulneración de derechos constitucionales” por la negativa del Tribunal Superior valenciano a su petición de suspender el juicio para poder estudiar documentación aportada en los últimos meses por la policía al juez Pablo Ruz, que ha instruido en la Audiencia Nacional la parte original del caso Gürtel y su ramificación del caso Bárcenas. Una solicitud que también ha realizado el considerado por los investigadores lugarteniente de la organización, Crespo.

Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, ya fue condenado en el caso de los trajes y ahora se enfrenta a 11 años de cárcel

Los fiscales sostienen que en 2004 la trama “consiguió acceder a la titular de la Consejería de Turismo, Milagrosa Martínez, y a su jefe de gabinete, Rafael Betoret”. Betoret fue condenado en 2011 a pagar una multa por aceptar trajes pagados por empresas de Correa. La misma acusación de la que Camps fue absuelto meses después por un jurado. La fiscalía pide ahora para el ex jefe de gabinete 11 años de prisión y 26 de inhabilitación.

Además de recibir con antelación las bases del concurso, la trama se benefició presuntamente de una “modificación sustancial en las condiciones del proceso de selección”, según el ministerio público. Se hizo “recaer el mayor peso en el criterio de la creatividad, estética y funcionalidad del diseño, valorado en un 40%, frente al criterio de la mejor oferta económica, que se rebajó a un porcentaje del 15%”. “Todo ello con el inequívoco propósito de hacer posible la adjudicación” a la filial valenciana del grupo, llamada Orange Market.