El Gobierno supedita los bancos de impacto ambiental al apoyo ecologista

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quiere implantar un sistema a través del que los promotores de infraestructuras puedan compensar los daños que sus obras tengan sobre la naturaleza con la compra a terceros de trabajos de recuperación de especies y hábitats en otros lugares. El departamento de Isabel García Tejerina trabaja desde hace un año en el reglamento de los llamados bancos de conservación de la naturaleza, un modelo que se utiliza en Estados Unidos desde los ochenta y que empieza a abrirse camino en la Unión Europea con fuerza. Pero las negociaciones están atascadas.

El Gobierno introdujo esta figura en la ley de impacto ambiental, que aprobó a finales de 2013. Pero para aplicar este cambio es necesario que se desarrolle un reglamento de los bancos de hábitats. El ministerio sostiene que la aprobación de este nuevo sistema se supeditará al apoyo de los grupos ecologistas, que están negociando el documento con Medio Ambiente. "Si hay acuerdo sobre el texto antes de junio se podrá aprobar esta legislatura el real decreto", indican fuentes del ministerio.

Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, se ha reunido este lunes con los responsables de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. Algunas de estas organizaciones, como Ecologistas en Acción, rechazan el modelo de bancos de conservación de la naturaleza al considerar que implica "mercantilizar la biodiversidad". "Se le pone precio a un espacio natural", apunta Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.

Otras asociaciones plantean dudas sobre el desarrollo del sistema que planea el ministerio. "No nos oponemos, pero no tenemos prisas por aprobarlo", sostiene Juan Carlos del Olmo, responsable de WWF en España. A esta organización le preocupa la falta de capacidad de las Administraciones para comprobar que, efectivamente, los trabajos de compensación de los impactos ambientales de las grandes infraestructuras se lleven a cabo finalmente.

Los ecologistas y el ministerio coinciden en los problemas que el actual modelo tiene. Cuando un promotor quiere acometer una obra de importancia (como una carretera) necesita la autorización de la Administración. Debe lograr una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Y, en ese documento, se pueden introducir las medidas de compensación que el promotor debe desarrollar por el daño que causará su obra en la naturaleza. Pero los ecologistas sostienen que ahora no existe un control real sobre esas actuaciones de compensación que el constructor está obligado a hacer.

El paso que se daría con los bancos de conservación es permitir a los promotores que acudan a terceros, que se encargarían de acometer esas medidas compensatorias. Para ello, habría un registro en el que se recogerían diferentes trabajos de conservación de la naturaleza que ya se estén llevando a cabo. Ahí sería donde el promotor compraría esos derechos. Es un modelo parecido al del mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero existente.

El sistema se articula a través de créditos, según se recoge en el último borrador de reglamento que el ministerio ha enviado a las comunidades autónomas. El propietario de una finca acudiría a las Administraciones con un proyecto de conservación concreto de una especie o un hábitat. Las comunidades y el Gobierno valorarían luego cuántos créditos le corresponden al programa presentado. Por ejemplo, se otorgarían dos créditos por "cada hectárea destinada a alcanzar el estado de conservación favorable" de un hábitat de "interés comunitario o de interés autonómico" si el punto de partida de la zona es "desfavorable". Luego, el propietario de esos créditos los ofrecería a los promotores.

En el otro lado de la cadena estaría el sistema de cuantificación de los daños de las obras a través de las "unidades de impacto ambiental residual". Por ejemplo, un proyecto tendría "tres unidades de impacto ambiental residual por cada hectárea de hábitat destruida o alterada de manera permanente" de una zona que partiera de un estado de conservación "favorable". Las Administraciones serán luego las que determinen en cada proyecto cuántos créditos debe comprar el promotor de la infraestructura para compensar el daño de la obra que quiere realizar.