Cien millones para reparar los daños por las riadas y los temporales

El Gobierno central ha aprobado este viernes un real decreto de medidas urgentes "para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento" que han afectado a 10 comunidades autónomas desde enero. En el decreto, que no solo afecta a las últimas avenidas del Ebro, se realiza una primera estimación de 105,7 millones de euros, de los que 100,7 (el 95,2%) se destinarán a reparar "bienes de titularidad estatal". Se emplearán en arreglar infraestructuras de los ministerios de Agricultura y de Fomento y en la restauración de los daños en el dominio público.

El Ejecutivo ha reconocido que aún es pronto para poder cuantificar las indemnizaciones y ayudas a particulares y Ayuntamientos, ya que "requieren de la previa solicitud por parte de los afectados". Pero ha sostenido que "las características del temporal" y la información que han facilitado los diferentes delegados provinciales del Gobierno permiten hacer un cálculo "orientativo" que "sería de, al menos, cinco millones de euros": Medio millón para daños en "viviendas y enseres", uno para "establecimientos comerciales" y 3,5 para los Ayuntamientos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recalcó que se trata de una "estimación" y que estas cantidades podrían variar.

El montante mayor, 70,1 millones de euros, lo gestionará el Ministerio de Agricultura y se destinará para reparar los daños en el dominio público, tanto en los ríos como de la zona de costa. En la cuenca del Ebro, se emplearán 24,4 millones. Las últimas avenidas en este río han causado inundaciones en 20.000 hectáreas y han obligado a desalojar a alrededor de 1.500 personas de las riberas alta y baja, según los cálculos del Ejecutivo. Para la cuenca del Duero se dedicarán 11 millones; 3,6 en la del Miño-Sil y 4,5 en la del Cantábrico. Además, también se contemplan actuaciones en la zona de dominio marítimo-terrestre por valor de 21,5 millones.

El Gobierno resaltó que las obras que se acometan bajo el amparo de este decreto estarán exentas de seguir el proceso de "evaluación de impacto ambiental". El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, se ha quejado esta semana de que la normativa ambiental —una parte importante del río está protegida bajo la Red Natura 2000— hace complicada la limpieza de los cauces y la retirada de las islas de sedimento que hay en el río. Sin embargo, De Pedro se refería más a las labores habituales de mantenimiento y no tanto a las actuaciones de urgencia que se acometen tras las periódicas avenidas del Ebro.

Entre las medidas que recoge el decreto está que "los despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan causa directa en los daños producidos" por las riadas y temporales "tendrán la consideración de fuerza mayor". El empresario quedará exonerado de abonar las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la suspensión del contrato.