El Defensor del Pueblo respalda a los funcionarios mutualistas

La oficina del Defensor del Pueblo actuará de urgencia para tramitar las quejas individuales que reciba por los recortes de las prestaciones sanitarias que sufren más de millón y medio de mutualistas (entre funcionarios y sus familiares). Tres grandes aseguradoras privadas (Adeslas, Asisa y DKV) firmaron los conciertos con Muface, la mutua que cubre a los funcionarios junto con Isfas. En 2015 han recortado su cartera de médicos y hospitales y hay especialidades y centros a los que no pueden acudir.

El sindicato CSIF, la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y una asociación de afectados se reunieron ayer con la adjunta al Defensor, Concepció Ferré, para criticar “retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de las enfermedades”. En una plataforma digital recogen firmas para intentar que se mantengan sus condiciones sanitarias.

“Hay pacientes de oncología cuyos tratamientos están en el aire. No les dan información para agilizarlos, las clínicas les marean y les dan informaciones contradictorias; no están actuando de buena fe”, explica Juanjo San Miguel (CSIF). A principios de año, los mutualistas deben elegir entre la sanidad pública y la privada, y dentro de esta, con qué aseguradora se quedan de ente las que han firmado el concierto. San Miguel apunta que a muchos funcionarios se les ha pasado además el plazo para cambiar de modelo “porque el Gobierno no ha informado bien”. Una portavoz de la oficina del Defensor señaló que no informan de sus reuniones y remitió a este periódico a hablar con los visitantes para recabar datos.