Un informe sitúa el gasto estatal en dependencia en su cota más baja

El sistema de dependencia se puso en marcha en enero de 2007 para ofrecer una asistencia profesional y universal a todas aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. En teoría, la administración del Estado y la autonómica debían soportar de forma equitativa el coste del mantenimiento de los servicios (plazas de residencias para mayores, centros de día, prestaciones económicas para los cuidadores familiares). Sin embargo, ocho años después de la entrada en vigor de la ley, la aportación de la Administración central se ha reducido a su cota más baja, al alcanzar un 17,9% del coste total frente al 62,7% de las autonomías, según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentado este viernes y elaborado por esta entidad a partir de datos oficiales.

El 19,4% restante corresponde a los usuarios que, por vez primera, asumen una mayor aportación que el Estado. A pesar que desde el principio la norma contaba con que los beneficiarios sufragarían una parte del coste del servicio, el copago se ha incrementado -en especial en algunas autonomías- hasta el punto de que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha lanzado una Iniciativa Legislativa Popular para reconducir esta aportación. Entre otros aspectos, plantea que quede exento quien perciba menos de 1.333 euros al mes.

El coste total del sistema de la dependencia en 2014 fue de 6.367 millones de euros (los datos de diciembre de 2014 son estimados, ya que el Ministerio de Sanidad  y Servicios Sociales aún no ha hecho pública la estadística oficial del último mes del año pasado).

La tasa que corresponde al Estado es incluso inferior a la que recogía el Tribunal de Cuentas en el informe en el que evaluó la evolución del sistema entre los años 2011 y 2013. Este documento fijó la aportación finalista del Gobierno para dependencia de 2013 en 1.207 millones, apenas un 19,7% del coste total.

Frente a estos datos, César Antón, el director general de Imserso, la entidad del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales que gestiona la dependencia, ha pedido "rigor y sensibilidad" a la hora de difundir información sobre el sistema de ayudas para que se eviten las "elucubraciones", informa Efe.  "Se está haciendo una evaluación precipitada, sin datos definitivos y debieran esperar a los datos oficiales", ha añadido.

Los motivos del cada vez menor peso de la inyección económica del Estado en la dependencia que refleja el documento obedecen a los recortes aplicados por parte del Gobierno, como asegura José Manuel Ramírez, presidente de la asociación de gerentes. En especial, los incluidos en el real decreto de julio de 2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy de medidas “para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”.

Un ejemplo de ello es la supresión del llamado nivel acordado, una línea de financiación destinada a las autonomías dotada de 283 millones de euros que se eliminó en el año 2012. En los últimos tres años, el Estado ha dejado de inyectar por este concepto 850 millones de euros.

La retirada de fondos estatales ha supuesto que las comunidades autónomas y los usuarios, a través de un copago cada vez más elevado, hayan asumido la responsabilidad y el coste de malmantener el sistema José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

Otro ejemplo es la reducción del dinero que paga el Estado por cada dependiente. El Gobierno financia la dependencia a través una partida denominada “nivel mínimo”. Por cada beneficiario que reconocen las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se compromete a pagar una cantidad fija en función de su estado: a mayor gravedad, mayor ayuda. Mientras que en 2011, por los dependientes más graves (grado 3 nivel 2), el Ministerio pagaba 266,57 euros, ahora (grado 3) la subvención es de 177,86 euros. La reducción media de la aportación estatal derivada de esta medida fue del 13%.

A ello hay que añadir las revisiones de grado de dependencia a la baja de oficio en distintas comunidades (a menor grado, el Estado y las autonomías pagan menos por beneficiario), como han puesto de manifiesto distintas sentencias de usuarios que han ganado en los tribunales las rebajas impuestas por la Administración.

La retirada de fondos estatales ha supuesto, según explica Ramírez, que las comunidades autónomas y los usuarios, a través de un copago cada vez más elevado, hayan asumido la responsabilidad y el coste de “malmantener” el sistema. “No olvidemos que dos de cada tres dependientes son mayores de 65 años y viven de sus pensiones; y el resto son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas”. “El peso ha recaído sobre los más vulnerables”, añade.

Hay otro aspecto que tiene que ver con la reducción de la aportación de fondos estatales y que enlaza con otro de los problemas que destaca el informe: la caída de beneficiarios. “El sistema, con muchas dificultades y problemas de diseño, fue avanzando hasta inicios de 2012, en el que sufrió un frenazo y posterior estancamiento que se alargó hasta 2013 para presentar síntomas de declive en 2014”, destaca el documento.

Los últimos datos publicados por el Imserso reflejan una caída de 24.529 beneficiarios a lo largo de 2014 hasta finales de noviembre. En total la última cifra de personas atendidas asciende a 229.313 beneficiarios. Son 9.274 menos de los que usuarios atendidos que había cuando en diciembre de 2011 Mariano Rajoy asumió la presidencia del Gobierno.

A esta circunstancia se refiere la asociación de gerentes para sostener que el sistema "está colapsado" ya que, pese al gran retroceso experimentado en los últimos años, aún hay 168.000 personas en lista de espera a las que se les ha reconocido como dependientes pero qque aún no reciben ayudas.