Socios de Pujol Ferrusola financiaron a CiU a cambio de contratos amañados
Informes de Hacienda y Guardia Civil destapan una trama en Lloret de Mar
Un estudio de la Agencia Tributaria basado en conclusiones de otro informe de la Guardia Civil vincula al empresario Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola en una concesión municipal que reportó a ambos unas plusvalías de 16 millones de euros, con la financiación de CiU a cambio de contratos supuestamente amañados en el ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona).
Buesa es dueño de GBI Serveis, la empresa investigada por la Agencia Tributaria. Los técnicos de Hacienda señalan en su informe que GBI Serveis financió con donaciones a las fundaciones de CiU en los años en que recibió concesiones multimillonarias en Lloret de Mar, municipio gobernado por CiU.
GBI Serveis se hizo en 2008 con el contrato municipal para un centro de tratamiento de residuos de Lloret de Mar por 29,3 millones de euros. GBI ganó el concurso pese a carecer de experiencia y pese a competir con otra empresa, Sufi, que acreditaba un amplio conocimiento del tratamiento de residuos en toda España y además presentaba una oferta más barata, según la Guardia Civil.
Las mordidas del hijo del ex presidente
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente catalán, y su ex mujer, Mercé Gironés, están imputados por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El juez Pablo Ruz investiga desde hace dos años los negocios de Pujol Ferrusola a raíz de la denuncia que presentó su examante María Victoria Álvarez. Un informe de la Agencia Tributaria abrió el camino para la imputación al señalar que las empresas de Pujol Ferrusola y su exmujer habían cobrado entre 2004 y 2012 hasta 8,5 millones de euros de 17 empresarios por supuestas labores de intermediación. Todos los clientes de Pujol Ferrusola eran, a su vez, contratistas de Cataluña durante los gobiernos de CiU.
Los empresarios que pagaron al hijo del ex presidente explicaron al juez que no existían documentos que acreditaran la contratación de Jordi Pujol Ferrusola ni el resultado de los trabajos que había realizado para ellos. Una decena de empresarios que conocieron los negocios en los que supuestamente intermedió Pujol Ferrusola aseguraron al juez que no tuvieron contacto con el hijo del ex presidente.
Cuando acudió en septiembre pasado a declarar en la Audiencia Nacional, Pujol Ferrusola aseguró entonces que no disponía de cuentas en el extranjero. Solo un mes antes, hizo una transferencia de 2,4 millones que tenía en Andorra a una empresa mexicana.
Tres años más tarde, en vísperas de los comicios municipales de 2011, el Ayuntamiento de Lloret de Mar convocó un concurso para adjudicar el servicio de recogida de basuras. “Se redactó un pliego de condiciones acorde con las conveniencias de la empresa GBI Serveis limitándose a 40 días el plazo de presentación de licitaciones y no se cumplió con el requisito de publicar el pliego de condiciones en el Diario Oficial de la Unión Europea”, según la Guardia Civil. El servicio se otorgó a GBI por un periodo de 10 años cuando la Ley de Contratos del Sector Público establece una duración máxima de cuatro años prorrogable a dos, según otra supuesta irregularidad que se apunta en el informe remitido a Anticorrupción.
La Guardia Civil sostiene que GBI, la empresa del exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, “además de realizar donaciones a las fundaciones de CiU, prestaba dinero a esa coalición que posteriormente no serían devueltos”.
La Agencia Tributaria confirma que GBI ha declarado aportaciones por 550.000 euros entre 2007 y 2010 a tres fundaciones vinculadas a Convèrgencia Democrática de Catalunya y a Uniò Democrática, los dos partidos que gobiernan en Cataluña.
La Guardia Civil sostiene que determinadas intervenciones telefónicas en la investigación abierta por este caso han permitido “constatar la existencia de una trama del ámbito político y empresarial para influir en el nombramiento de altos cargos en instituciones del Gobierno catalán para satisfacer los intereses” de Buesa, el exsocio de Jordi Pujol Ferrusola.
La Agencia Tributaria señala en las conclusiones de su informe que familiares del secretario y del interventor del Ayuntamiento de Lloret mantienen relaciones económicas con las empresas de Buesa. También apunta Hacienda que Ignacio Riera, segundo teniente de alcalde, estaría recibiendo ingresos de aseguradoras con las que “habría contratado el grupo GBI”, además de tener “una elevada carga financiera (450.000 euros) en relación con los ingresos que declara”.
La Agencia Tributaria recuerda en el último punto del informe que Jordi Pujol Ferrusola obtuvo unas plusvalías de 16 millones de euros tras vender a FCC una empresa en la que participaba junto a Buesa.
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