Industria multará a Repsol por renunciar a realizar más sondeos

La petrolera Repsol se enfrenta a una multa de hasta seis millones de euros por dejar a medias los sondeos en busca de hidrocarburos en aguas canarias, a los que la compañía ha renunciado al entender que no existen recursos en cantidad y calidad suficientes como para seguir con el proyecto. Responsables del Ministerio de Industria se han reunido este martes con la Abogacía del Estado para analizar la renuncia de la compañía a continuar con su campaña en el Atlántico. Tras ese análisis, fuentes del departamento de José Manuel Soria han indicado que este abandono de los trabajos de prospección estaría tipificado en la Ley del Sector de los Hidrocarburos como una "infracción grave", lo que acarrea "una sanción administrativa de hasta seis millones". La empresa estaba obligada a realizar dos perforaciones, pero solo ha realizado una de ellas.

Repsol recibió el último permiso ministerial para acometer las labores de investigación en busca de hidrocarburos en agosto de 2014 y tenía tres años para desarrollarlas. Estaba autorizada a realizar tres sondeos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote en las cuadrículas denominadas Sandía, Chirimoya y Zanahoria. La previsión indicaba que los dos primeros pozos se hiciesen en una primera fase y era obligatorio que se realizaran. El último estaba vinculado al éxito de los dos anteriores.

Tras realizar el primer sondeo, que llegó a los 3.093 metros de profundidad, la petrolera concluyó que "los almacenes encontrados están saturados de agua y los hidrocarburos existentes se encuentran en capas muy delgadas no explotables". El pasado viernes, anunció que "no se realizarán actividades de investigación adicionales en esta zona". Es decir, que renunciaba a las perforaciones en las cuadrículas Chirimoya y Zanahoria.

Normalmente, en este tipo de proyectos de investigación la Administración incluye cláusulas para garantizar que las empresas desarrollen los trabajos. En el caso de la campaña de prospección de la petrolera frente a las Canarias, también se hizo así. Se impuso a los titulares "la obligación de perforar al menos dos pozos exploratorios, todo ello con una inversión mínima de 20 millones de euros". El plan financiero "se ha cumplido con creces", ha interpretado este martes el Ministerio de Industria tras analizar el caso con la Abogacía del Estado. Solo el alquiler del buque exploratorio Rowan Renaissance, que durante más de siete semanas ha participado en la campaña canaria, cuesta más de un millón de euros al día, según ha informado en varias ocasiones Repsol. El incumplimiento se halla en el programa de trabajos, del que solo se ha completado una de las dos perforaciones previstas, según dichas fuentes.

No está claro el momento en el que el ministerio abrirá el expediente de infracción a la compañía. Antes de hacer públicos los resultados de los sondeos, Repsol informó al Gobierno en la noche del jueves de que no continuaría con las prospecciones. Pero la empresa no ha formalizado oficialmente ante el ministerio su renuncia. Ante esta situación caben dos posibilidades. Por un lado, la firma puede realizar esa comunicación oficial, y será entonces cuando se abra el expediente. La otra opción que se maneja es que Repsol espere a que caduque la autorización administrativa dentro de tres años. En ese momento se pondría en marcha el mecanismo sancionador.

Tampoco está claro que la sanción ascienda finalmente a seis millones, el techo que figura en la normativa sobre hidrocarburos. La empresa podrá alegar en el proceso administrativo que se abra y, lógicamente, argumentará que ha hecho parte de los trabajos. En todo caso, aunque la multa fuese la más alta, a Repsol siempre le resultará más rentable pagarla que acometer una multimillonaria campaña de investigación en una zona en la que los recursos no son aprovechables, según ha reconocido la empresa.

Lo que sí está claro es que el permiso que Industria concedió a Repsol para sondear en Canarias nunca podrá utilizarlo para otro proyecto, como dio a entender el pasado jueves el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento. Fuentes del ministerio han recordado que la ley permite transferir los compromisos de inversión entre proyectos para evitar sanciones. Pero en este caso no tiene sentido, ya que Repsol ha cumplido con la inversión mínima de 20 millones a la que estaba obligada.