El Consejo de Estado afea a Wert las prisas en su gran plan universitario

Una vez más el problema es el tiempo. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen sobre el gran plan del Ministerio de Educación para las universidades españolas —que supone abrir la posibilidad de que implanten voluntariamente grados de tres años frente a los actuales de cuatro— en el que le afea que la reforma tiene “un plazo muy breve” y pide que se amplíe para permitir “una adaptación más coordinadas por las Universidades al nuevo sistema”.

La misma semana en la que seis comunidades autónomas —las tres gobernadas por el PSOE (Andalucía, Canarias y Asturias), Cataluña (CiU), País Vasco (PNV) y Navarra (UPN)— han reclamado una moratoria para implantar la reforma educativa en secundaria y bachillerato, el órgano consultivo considera que el gran cambio que el equipo de José Ignacio Wert plantea en los campus necesita un horizonte mayor que el próximo septiembre, cuando el ministerio prevé que empiecen las modificaciones.

El ministro anunció el 24 de junio que su departamento estudia que, de forma “optativa” y “selectiva”, las universidades puedan ofertar grados de tres años más dos años de máster frente a los cuatro años más uno actualmente en vigor. “Para muchos, la fórmula elegida por España supone un freno para la internacionalización de las universidades considerable”, dijo el ministro. Su propuesta cuenta fundamentalmente con el apoyo de los rectores catalanes y el rechazo de la conferencia general que los aglutina (la CRUE).

El Consejo de Estado valora en el dictamen fechado el 15 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la falta de estabilidad en la regulación “no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España”. El ministerio argumenta que en los países “de nuestro entorno” es más habitual el grado de tres años y considera que esta modificación facilitará la internacionalización de los estudiantes españoles al homogeneizar el modelo.

El informe del Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, analiza un borrador real decreto que modifica otros dos previos. El real decreto 1393/2007, que regula las enseñanzas universitarias oficiales, y el 99/2011 que regula las de doctorado. Además de los plazos, estas son las principales objeciones que pone al proyecto del ministerio:

• Convivencia con las licenciaturas. La reforma “tiene una especial relevancia y consecuencias de gran calado en el sistema universitario español. En tal sentido, téngase en cuenta que todavía en algunas universidades están conviviendo los dos sistemas”. España implantó el Plan Bolonia de forma generalizada en 2010, por lo que en 2014 se graduaron las primeras promociones. Este modelo sustituye por grados las antiguas licenciaturas, ingenierías y diplomaturas, de las que aún quedan alumnos en los campus. El Consejo subraya además que el propio ministerio indicaba en su expediente “que es prematuro establecer un diagnóstico sobre los resultados y rendimiento del sistema 4+1 [cuatro años de grado y uno de máster]”.

• Un acuerdo general. “Una falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas durante los últimos años no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España”, prosigue el dictamen. Para el órgano consultivo resultaría “muy deseable que se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema”. El real decreto fue revisado en la Conferencia Sectorial de política universitaria, en la que participan todas las comunidades autónomas con el ministerio. Se mostraron conformes “con carácter general”, señala el documento. Murcia y Madrid, ambas gobernadas por el PP, alertaron de que la convivencia de los dos modelos “va a generar problemas e incertidumbres de cara a la internacionalización de las Universidades”. También recoge objeciones de distintos rectores y colegios profesionales sobre la confusión de la convivencia de los dos modelos o el coste que pueden suponer. Y refleja el visto bueno de las universidades catalanas Pompeu Fabra o Barcelona. Esta última plantea dudas, no obstante, “acerca de la oportunidad del momento”.

• Mismo título, distinta duración. “Llama también la atención que la flexibilidad que introduce la norma y que, a juicio del ministerio, constituye un camino para conseguir mayor eficiencia en el sistema, sin embargo, puede generar disfunciones”, añade el Consejo. Entre otras, que un título tenga distinta duración en una universidad y en otra. “Convendría valorar si sería más adecuado que el mismo título tuviera en todas las universidades la misma duración”, recomienda el organismo. “Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del proyecto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra”.

• Las profesiones reguladas. Los títulos que habilitan para actividades profesionales reguladas (arquitectos, enfermeros, dentistas, fisioterapeutas…) tendrán un plan de estudios que “se regirá por la normativa sectorial que sea de aplicación”, según el borrador del ministerio. El Consejo de Estado considera que no es suficiente porque “no en todas las normas sectoriales se establece expresamente la duración” y reclama al Ejecutivo que regule mejor este punto. También solicita una aclaración para que se fijen los criterios sobre lo que ocurrirá con los alumnos que “no habiendo superado el grado en sus términos actuales (240 créditos) sí que han superado 180 créditos”.