Las autonomías del PSOE denuncian errores en la aplicación de la ley Wert
Canarias, Andalucía y Asturias estudian judicializar los cambios en educación secundaria
Representantes de las tres comunidades autónomas presididas por el PSOE – Andalucía, Canarias y Asturias- han denunciado esta mañana “errores de bulto” en el real decreto que adapta a la LOMCE los contenidos de secundaria y bachillerato que deben estudiar los alumnos a partir del curso que viene. Ese decreto será debatido esta tarde con el ministerio y el resto de autonomías en una conferencia sectorial.
Las tres comunidades socialistas, que barajan llevar este asunto a los tribunales, han reiterado su petición de que se posponga un año la puesta en marcha de estos currículos, como señalaron el pasado 29 de diciembre en una denuncia conjunta con Cataluña (CiU).
El consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso, ha destacado la “pésima calidad técnica” de la normativa “con lagunas e incoherencias a las que espero que [el ministerio] dé solución”. Señala la “contradicción que supone que en el mismo texto aparezca en el aparato 2 que la reválida no tendrá efectos académicos en el curso 2016/17 y en el apartado 6 que sí lo tendrá”.
Canarias se reserva el derecho de llevar a lo judicial este decreto
Manuela Armas, viceconsejera de Educación en las islas
Alonso pedirá al ministro José Ignacio Wert esta tarde que aclare quién debe financiar los costes de esta reválida y “cuál va a ser la solución para aquellos jóvenes que aprobando el curso no pasen la reválida, es decir, no tendrán título y se quedarán en tierra de nadie”. También ha reiterado que se busque un pacto de Estado por la educación “que dé estabilidad y rigor desde el consenso”.
Victorina Fernández, directora general de Formación Profesional y Ordenación de Asturias, que acude a la reunión de la tarde en sustitución de la consejera Ana González, ha insistido en que “no hay tiempo material para la implantación y no está clara la financiación”. Las comunidades autónomas deben adaptar los currículos aprobados por el ministerio para su aplicación el próximo curso.
Canarias “se reserva el derecho de llevar a lo judicial este decreto”, ha explicado Manuela Armas, viceconsejera de Educación en las islas. “Crea un grave precedente que por primera vez se apruebe en el Consejo de Ministros [el pasado 26 de diciembre] una norma cuya versión final se va a dar hoy en conferencia sectorial, lo que incumple el reglamento”, ha añadido Armas ha pedido la dimisión del ministro Wert recordando que la mayoría de los partidos de la oposición acordaron derogar la LOMCE si el PP pierde las próximas elecciones. Las tres comunidades esperarán a las respuestas que dé esta tarde el ministro sobre este asunto antes de dar el posible paso a los tribunales y reclaman también más tiempo para estudiar los cambios que se han producido entre el borrador que se envió a las regiones en junio y el documento final publicado en enero.
“Somos Estado igual que el señor Wert”, ha añadido Luciano Alonso, que considera una “falta de respeto institucional” no haber conocido el documento antes. “Me parece una magnífica idea” la propuesta judicial de Canarias, ha remachado Alonso.
“Compartimos el criterio de que esta ley se está imponiendo y no se está respetando a las comunidades autónomas”, ha añadido la directora general asturiana quien, no obstante, ha señalado que debe de ser su consejera quien anuncie si abren o no la vía judicial. “Creemos verdaderamente que todos juntos podemos ofertar a la ciudadanía un sistema educativo que de iguales oportunidades a todos los españoles y españolas”, ha valorado Fernández.
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