Más allá de la frontera sur

Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es una prisión a la uno puede llegar sin haber cometido ningún delito. La mayoría de los internos de estos centros en España carecen de antecedentes penales y han acabado allí por haber incurrido en una falta administrativa: no tener papeles. Contra lo que pudiera pensarse, los CIE tampoco son destino exclusivamente de los recién llegados por la frontera sur, sino que en ellos se encuentran, sobre todo, extranjeros que llevan varios o incluso muchos años residiendo en el país. Esta condición atañe especialmente al colectivo de América Latina, que ha estado en el origen de la inmigración en España y es la segunda zona geográfica con mayor presencia en los CIE (un 36%), que sigue muy de cerca a África Subsahariana (un 38%).

“La mayoría de los latinoamericanos que están allí son gente con mucho arraigo en España”, dice Ángel Campos, miembro del grupo de visitas a los CIE de la ONG Pueblos Unidos. En 2013, dos tercios de los internos del CIE de Madrid llevaban más de cuatro años en España, y el 43%, más de siete, según un informe reciente de Pueblos Unidos. Muchos de ellos son inmigrantes que antes vivían legalmente en España y no han conseguido renovar sus tarjetas de residencia por haber perdido su empleo. En estos casos, según la organización, la policía solicita el internamiento atendiendo a la existencia de una orden previa de expulsión, pero ignorando las particularidades de cada caso, como la aportación de pruebas de arraigo que deberían impedir la entrada en el CIE.

Si la mayoría de los latinoamericanos internados en los CIE son ecuatorianos, colombianos, dominicanos y bolivianos, entre las mujeres hay más ciudadanas de Paraguay y de Brasil, según Pueblos Unidos. La organización teme que la diferencia del país de origen de acuerdo con el sexo del inmigrante se explique por situaciones de explotación sexual. Sandra (nombre ficticio), de origen latinoamericano, llegó a Europa a través de una red de trata de personas. Hace tres años, la policía la detectó como inmigrante en situación irregular y la mandó al CIE de Madrid, donde se le hizo una entrevista para concederle la protección prevista en la Ley de extranjería para las víctimas de trata sin papeles, cuenta su abogada, Gema Fernández. “Pero pasó como le pasa a muchas mujeres en los CIE: cuando dicen que son víctimas de trata se cuestiona su credibilidad; la policía sospecha que inventan esa historia para paralizar la deportación”, explica. La policía “estudia caso por caso para determinar si la mujer es víctima de trata o no, y si es cierto inmediatamente se le aplica el protocolo de trata de seres humanos”, señala un portavoz de esta institución.

Sandra logró paralizar su expulsión, aunque no por ser víctima de trata. Cuando los policías encargados de trasladarle hasta el aeropuerto de Barajas le fueron a buscar en su celda, Sandra, que asegura estar amenazada de muerte por la red en su país, se hizo cortes en el brazo para tratar de detenerles. Según Fernández, esto generó una respuesta de los policías: “Uno de ellos le llamó 'sudaca de mierda' y le tiró de las trenzas de lana que llevaba cosidas en el pelo. Una se la arranco de raíz, y de la otra le tiró tan fuerte que le golpeó la cabeza contra la pared”. Para defenderse, le arañó el brazo al policía, quien sostiene, además, que Sandra le propinó una patada, y la denunció. “Es importante decir que esta mujer mide 1,49 y pesa 43 quilos”, añade la letrada.

Esta semana, el Juzgado de lo Penal de Madrid la ha condenado a seis meses de cárcel por resistencia a la autoridad y a una multa por lesiones. Sandra relató en el juicio como el agente le agredía mientras permanecía engrilletada de pies y manos, según la Campaña por el cierre de los CIE. La organización denuncia que durante el proceso el juez no tomó ninguna iniciativa para acceder a las grabaciones de lo sucedido o para averiguar por qué no hay ningún parte médico que refiera las atenciones médicas que se le practicaron a Sandra en el CIE.

"Te meten en una habitación aparte y hacen contigo lo que les da la gana”, afirma un exinterno

La policía niega que en el interior de los CIE se produzca tanto violencia física como trato racista de agentes hacia los inmigrantes. “En el caso de que un agente cometa una irregularidad, la policía tiene mecanismos para abrir una investigación y expedientarle”, señalan fuentes policiales.

El Ministerio del Interior documenta que en 2012 se produjo el retorno forzado de 26.457 inmigrantes irregulares, pero no facilita datos recientes desglosados por nacionalidad. En 2009, según un informe de la Red Europea de Migración, 28.865 extranjeros fueron expulsados del territorio español. Entre las ocho nacionalidades más frecuentes, seis eran de origen latinoamericano. Bolivia ocupaba el segundo puesto, con 2.740 expulsiones (el 9,5% del total), detrás de Marruecos, con 10.130 (el 35,1%). Les seguían Brasil (7,7%), Argelia (7,6%), Argentina (3,2%), Colombia (2,9%), Paraguay (2,8%) y Ecuador (2,7%).

A los CIE llegan, además de víctimas de trata, otros inmigrantes cuyas circunstancias personales cuestionan su internamiento, según Pueblos Unidos, que registra en su informe visitas a decenas de internos que tenían hijos menores españoles o estaban casados. El dominicano Gregory Arturo Tabares fue internado en el CIE de Madrid pocos días antes de contraer matrimonio con una española, y la policía le negó la autorización para ser conducido al Registro Civil. “Me decían que yo tenía a mi esposa embobada con la idea de que la quería pero estaba con ella solo por los papeles”, dice Tabares. Recurrió a Pueblos Unidos, y la organización se encargó de mandar un comunicado al director del CIE, quien “se cabreó bastante” con él y le “hizo la vida imposible” en el centro: “Me agarraban del pelo y me decían que lo iban a cortar. Una vez yo me defendí y me pegaron. Te meten en una habitación aparte y hacen contigo lo que les da la gana”.

Según Ana Fornés, portavoz de la Campaña por el cierre de los CIE, son “muy frecuentes” los casos en que los policías usan violencia física contra los internos, y en que la mayoría de las denuncias los agresores están claramente identificados. “Una de nuestras peticiones es que se suspenda cautelarmente funciones a esos agresores hasta que se resuelvan los hechos, y que a las víctimas se las ponga bajo protección. En cambio vemos que muchas veces son rápidamente deportadas”, señala.