Los abortos legales caen un 3,3%

108.690 mujeres interrumpieron su embarazo en 2013 La estadística confirma el segundo descenso consecutivo con la ley de plazos

La estadística oficial ha venido a confirmar lo que puede considerarse una incipiente tendencia en la actual situación socioeconómica de España y con la actual legislación: la caída del número de abortos, esta vez un 3,3%, a su cota más baja desde hace siete años. En 2013 fueron 108.690 mujeres las que interrumpieron su embarazo, 3.700 menos que el año anterior, con una ley de plazos —la que aprobó el PSOE en 2010— similar a la que impera en Europa y que permite abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo. Esto supone que 11,74 de cada 1.000 mujeres en edad fértil abortaron en 2013, frente a las 12,01 de 2012. La mayoría, el 89,93%, lo hizo por elección, ejerciendo el derecho al aborto consagrado hace cuatro años.

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Los expertos atribuyen este descenso —recogido en el informe anual del Ministerio de Sanidad conocido ayer— a la salida de inmigrantes y jóvenes españolas del país, a un uso más responsable de los anticonceptivos y a la dispensación libre de la píldora del día siguiente. Pero también a la ley de plazos, que únicamente el año que arrancó produjo un repunte de los abortos (un 5%), para luego caer. “Las cifras rebaten las profecías del PP de que una ley más o menos progresista como esta iba a aumentar el número de interrupciones del embarazo. No ha sucedido”, resume el ginecólogo Javier Martínez Salmeán.

La mujer que aborta es, mayoritariamente, graduada en ESO y equivalentes (37,36%), trabajadora por cuenta ajena (45,80%), no tiene ningún hijo (45,08%), ha usado métodos anticonceptivos (44,6%) y no ha pasado nunca antes por una interrupción voluntaria del embarazo (62,76%). El grupo más amplio de las mujeres que abortaron, el 19,43%, tenía entre 20 y 24 años. La minoría, el 3,92%, más de 40. No hay cifras específicas sobre menores. La tabla del Ministerio de Sanidad solo indica que, del total de abortos, el 12,23% fueron de “19 y menos años”, frente al 12,95% de 2012.

El grueso de las intervenciones, el 90,13%, se produce antes de la semana 12 (al mismo nivel que con la ley de supuestos), y solo el 1,33% más allá de la 21. “El aborto sigue siendo temprano”, observa Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar. “Es un dato que ha ido a mejor [ininterrumpidamente desde 2004] porque el acceso es menos burocrático. Obviamente, sería mejor no tener abortos, pero eso es imposible”.

Las cifras oficiales sobre interrupción del embarazo se conocen tres meses después de que el Gobierno renunciara a modificar la actual ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desistiendo así de devolver a España 30 años atrás con una normativa de supuestos similar a la que rigió entre 1985 y 2010. Con la reforma prevista inicialmente por el PP, interrumpir el embarazo solo iba a estar permitido en caso de violación, riesgo para la salud de la mujer y, aunque jamás se aclaró bajo qué fórmula, por malformación del feto. En 2013, solo el 10,06% de los abortos se produjo por estos motivos.

La división en el Gobierno por este proyecto acabó en septiembre en su retirada y en la dimisión del ministro que la defendió hasta su caída, Alberto Ruiz-Gallardón. El presidente, Mariano Rajoy, anunció entonces que se limitaría a modificar la ley vigente para impedir que las menores, desde los 16 a los 18 años, puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Pero esa vuelta atrás, que se consumará a través de la reforma de una ley de protección de la infancia, aún no ha llegado. Llegará, según fuentes de Sanidad, a principios de 2015. Para los colectivos más conservadores, es insuficiente: Derecho a Vivir culpó ayer a Rajoy de hacer “alarde del desprecio a la vida con su traición”, por no derogar la ley vigente.

“Hay que seguir trabajando en estrategias de educación sexual para reducir los abortos. Pero los datos reflejan que la ley está funcionando”, dice Serrano. “Y el Gobierno, que ha estado ocultando estas cifras favorables a la ley, debería recapacitar y no poner más obstáculos a las adolescentes. Lo que conseguirán es que aborten más tarde y con más riesgo”.

Detrás de este descenso en el número de abortos no hay una única causa. Son múltiples. Para empezar, la situación socioeconómica del país, que ha llevado a una fuerte salida de población inmigrante, más dada a interrumpir el embarazo que la española y cuyo peso demográfico se redujo en 2013 un 7,8%, según el Instituto Nacional de Estadística. La información de Sanidad refleja que el mayor número de abortos (63,07%) corresponde a mujeres españolas, seguido por el 19,96% de americanas. En 2009, último año de la ley de 1985, eran el 47,99% y 23,85%, respectivamente.

Blanca Cañedo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa al 65% de los centros privados, abraza ese argumento, pero matiza: “No es solo el retorno de las inmigrantes a sus países. Las jóvenes españolas también están emigrando”. Y hay otro elemento a tener en cuenta: la píldora del día siguiente, un anticonceptivo poscoital para situaciones de urgencia que desde septiembre de 2009 es de libre dispensación en farmacias.

Las tablas de Sanidad evidencian que esta prestación pública sigue en manos privadas, aunque cada vez menos. Son pocos los abortos que se practican en centros públicos, el 8,96% del total, pero bastantes más que en 2009, cuando eran un 2,03%. Tras esta subida, apunta Cañedo, puede estar la apuesta de algunas autonomías por el aborto farmacológico con mifepristona y misoprostol, que pueden administrarse hasta la semana ocho de gestación.

Se prescribe por ejemplo en Cataluña, la segunda autonomía con mayor tasa de abortos (14,18%), por detrás de Madrid (14,62), en un mapa muy desigual. Ceuta y Melilla tienen un índice de 3,74 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil; Galicia y La Rioja, de 6,78; Navarra, de 7,82; Andalucía, de 11,91, y País Vasco, de 9,97, por poner unos ejemplos. “La paradoja es que allí donde la incidencia de los abortos es más baja”, considera Cañedo, “no es porque haya mejor educación, sino porque el acceso a la interrupción del embarazo no es tan fácil”.

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