El Gobierno rechaza las moratorias autonómicas contra el ‘fracking’

Menos de 24 horas tardó en reaccionar el Gobierno de Mariano Rajoy ante la intención de Andalucía de aplicar una moratoria de al menos dos años para impedir que la técnica de la fractura hidráulica o fracking se use en esa comunidad para la investigación, exploración y extracción de hidrocarburos. PSOE e IU aprobaron en la tarde del 10 de diciembre una proposición de ley en el Parlamento regional en la que se imponía ese veto de 24 meses, prorrogable. Al día siguiente, el Ministerio de Medio Ambiente envió a los servicios jurídicos de la Junta un informe de tres páginas. El escrito concluye que lo aprobado en la Cámara andaluza "implica una lesión del orden constitucional de distribución de competencias".

El informe de Medio Ambiente, a modo de advertencia, recuerda que el Tribunal Constitucional ha anulado ya dos leyes autonómicas —las de Cantabria y La Rioja— que prohibían el fracking, al entender que "invaden la competencia exclusiva del Estado para regular la ordenación del sector energético y, dentro de este, el subsector gasístico".

El Ejecutivo central también ha paralizado con recursos en el alto tribunal otras dos leyes anti fractura hidráulica: la navarra y la catalana. Este camino es el que parece que seguirá con Andalucía. En este caso la Junta no había optado por la prohibición total del fracking, sino por una moratoria hasta que los estudios determinen que esta técnica "no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medio ambiente". Pero el veto temporal tampoco convence al Gobierno.

Pese al informe del ministerio, la Junta seguirá adelante con la norma que fija la moratoria, según fuentes del Ejecutivo de Susana Díaz. Estas fuentes mostraron su sorpresa por la celeridad del ministerio en remitir el escrito, que no había sido solicitado. Además, resaltaron que no es "habitual" que el Estado se pronuncie sobre una proposición de ley de un Parlamento que ni siquiera se ha empezado a tramitar.

El Gobierno legisla desde 2013 para ubicar a España en el bloque de los países profracking a pesar de la oposición de algunas autonomías y Ayuntamientos. El Ejecutivo de Rajoy comenzó a tramitar el viernes la reforma de la ley de Hidrocarburos, con nuevas tasas sobre la producción de las que podrán beneficiarse las autonomías, los municipios y los propietarios de suelo.

"Es lamentable que el Gobierno pretenda así comprar a una oposición ciudadana que se ha demostrado mayoritaria y contundente en contra de las prospecciones marinas y el fracking", han indicado este lunes Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y WWF. "Es una manera de callar a la población", abunda Pilar Lucio, responsable del PSOE de Cambio Climático y Sostenibilidad. "Esto no es más que un intento de comprar voluntades políticas", añade IU.

Pese a esta oposición, Industria planea extender —en la reforma de la Ley de Minas que prepara este ministerio— a todas las extracciones mineras el mismo modelo de tasas que en el caso de los hidrocarburos.