La renta mínima de inserción solo llega al 1,35% de la población

Las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas solo atienden al 1,35% de la población española (637.573 personas, 258.408 familias), según los datos que ha hecho públicos el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes a 2013. Estos fondos, dirigidos a combatir la exclusión social para lo que se destina una media de 270 euros al mes por familia (el máximo es de 667 euros), han aumentado un 15% en un año. La suma total de ayudas alcanza 1.040 millones de euros que se reparten de forma muy desigual por parte de las diferentes comunidades.

La tasa Arope (del inglés ar risk of poverty or social exclusión) es el valor de referencia europeo para medir las situaciones de riesgo o exclusión social. Según la encuesta de Condiciones de Vida difundida por el INE en mayo, uno de cada tres ciudadanos (el 27,2%) está en esta situación de precariedad social, ya sea por carencia material severa, por baja intensidad laboral en el hogar o el riesgo de pobreza.

A esta población se dirigen las rentas mínimas de inserción que bajo distintas fórmulas funcionan en España. Las hay garantizadas a quienes cumplen los requisitos establecidos, como la renta de inclusión social de Navarra o la renta de garantía de ingresos del País Vasco. Y también hay prestaciones sujetas a la capacidad presupuestaria, por lo que una vez finalizados los fondos se dejan de prestar ayudas. Es el caso de la Comunidad Valenciana (renta garantizada de ciudadanía) o la prestación canaria de inserción.

Esta heterogeneidad está, en buena medida, en la base de las extraordinarias diferencias que existen en la concesión de las ayudas en todo el territorio. En cabeza están el País Vasco y Navarra, con coberturas del 6,2% y del 5% de su población. Por encima de la media están también Melilla (2,8%), Asturias (2,5%), Aragón (1,8%), Andalucía (1,8), Ceuta (1,6%) y Cantabria (1,6%).

En el otro extremo, a la cola figura Castilla-La Mancha y Extremadura (0,2%), Murcia (0,4%), Canarias (0,5%) y la Comunidad Valenciana (0,6%). Se da la circunstancia de que estas cinco autonomías, la que peor asistencia ofrecen, son las únicas que han reducido el número de beneficiarios respecto al año pasado. La caída es especialmente relevante en Canarias, con un 25% menos de perceptores y Extremadura, con una reducción del 6,4%.

"El hecho de que este tipo de prestaciones apenas alcancen al 1,3% de la población significa que las instituciones públicas no están atendiendo el gravísimo problema que existe en España de cientos de miles de personas amenazadas de pasar de una situación de pobreza a otra de exclusión", comenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 

Podemos lanzó antes de las elecciones europeas una propuesta para garantizar estas ayudas en forma de renta básica universal. El secretario general del PSOE criticó recientemente esta iniciativa, que, dijo, costaría 160.000 millones de euros y no sería viable económicamente.