España no ha recibido aún la petición argentina de extraditar a franquistas

España no ha recibido aún petición argentina de extradición de 19 personas vinculadas al régimen franquista o al primer Gobierno de la transición, entre ellos los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa, a las que la jueza María Servini quiere tomar declaración en relación con varios crímenes. Así ha respondido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a una pregunta parlamentaria del diputado del PNV Emilio Olabarria, en la que acusaba al Gobierno español de obstaculizar la iniciativa judicial argentina.

"Por qué el Gobierno obstaculiza el procedimiento iniciado por la jueza Servini, oponiéndose a través de la oficina española de la Interpol a su detención y augurando una futura resolución negativa a su solicitud de extradición", ha preguntado el pleno del Congreso el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria.

Rafael Catalá ha asegurado que, "desde el punto de vista judicial, el Gobierno no ha recibido una solicitud judicial de extradición". Catalá ha explicado además que ha sido "la secretaria general de Interpol quien ha dicho que la petición tiene una coleta política. Es la propia secretaria de Interpol es la que ha tomado esta decisión de no detener a los 19 excargos franquistas".

Según Catalá, "España respecta los tratados y convenios internacionales, pero en este caso no es necesario un enjuiciamiento exterior. Cuando llegue una solicitud de extradición habrá que considerarla".

La policía española no tiene previsto detener a los 19 excargos franquistas o posteriores reclamados desde Argentina e imputados por crímenes de lesa humanidad y torturas, a pesar de la orden de Interpol que ha recibió el cinco de noviembre. Entre ellos, los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa, a las que la jueza argentina María Servini quiere tomar declaración. El Gobierno español tras conocer que Interpol había iniciado diligencias para la identificación de las personas reclamadas por Servini, Catalá vaticinó que la Audiencia Nacional denegará su extradición a Argentina alegando la prescripción de los hechos y recordando la Ley de Amnistía de 1977. Interpol España ha alegado ante su Secretaria General, con sede en Lyon, una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

El ministro ha asegurado que la propia secretaría general de Interpol había calificado como "políticas" las órdenes de arresto cursadas por Argentina y que, por lo tanto, no entraban en su ámbito de competencia. Olabarria le ha contestado: "Me consta que ustedes están haciendo trampa".