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El CSN cuestiona los estudios sobre el almacén nuclear de Villar de Cañas

El organismo señala decenas de deficiencias y limitaciones y pide nuevos datos sobre el emplazamiento

Sondeo del terreno para el almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) en octubre de 2012.
Sondeo del terreno para el almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) en octubre de 2012.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido a Enresa, la empresa pública que construye el almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), decenas de nuevos datos y estudios sobre el emplazamiento de la instalación. Entre otras cosas, solicita más informes para asegurar que el diseño de las cimentaciones es el correcto, información sobre sismicidad en la zona, inundabilidad del terreno y composición geológica. Lo hace, según señala en un documento del 15 de septiembre al que tuvo acceso EL PAÍS, para “determinar la idoneidad del emplazamiento” elegido para alojar el almacén. Esa elección fue muy controvertida puesto que diversos informes detectaron problemas geológicos que, según varios expertos, dispararán los costes de cimentación.

El informe del CSN, firmado por Antonio E. Munuera, el director técnico de Seguridad Nuclear, enumera decenas de “limitaciones” y “deficiencias” de la información y los estudios científicos aportados por Enresa para solicitar la autorización de construcción de la infraestructura, que con un presupuesto de cerca de 1.000 millones de euros es una de las mayores obras públicas en marcha en España actualmente. El ATC (almacén temporal centralizado) acogerá durante 60 años en un único lugar el combustible gastado y otros residuos nucleares de los reactores españoles, un proyecto que lleva décadas pendiente de ejecutarse.

En el apartado de sismología, el informe critica que los estudios previos son incompletos. “Restringir el análisis a un área tan pequeña como 8 kilómetros alrededor del emplazamiento no parece suficiente”, asegura. También censura que Enresa afirme que “no existen estructuras potencialmente inestables por respuesta sísmica en el entorno del emplazamiento” cuando “solo se han tenido en cuenta las observaciones superficiales y de la geofísica, de escasa penetración desde un punto de vista de la sismicidad”. Añade que los terremotos en el centro de la Península tienen focos con profundidades mayores de los dos o tres kilómetros, y el estudio de Enresa solo llegaba hasta los 500 metros.

En hidrogeología, el informe del CSN señala que la información aportada no permite conocer cómo son las aguas subterráneas de la zona, “aspecto de máxima importancia de cara a establecer la seguridad del emplazamiento en cuanto a su estabilidad”. En el apartado de hidroquímica, el informe vuelve a señalar la falta de información respecto a las aguas subterráneas: “La densidad y distribución de puntos de agua es insuficiente y requiere de más datos”.

El informe pide a Enresa varias aclaraciones sobre los riesgos geológicos que afecten al área del emplazamiento y sus alrededores, "en cuanto al grado de peligrosidad que puedan representar". Los estudios encargados por la empresa citan "una importante falla y una zona de cizalla asociada en el flanco occidental del anticlinal de Zafra de Záncara". "Debe explicarse la relevancia de la misma", señala el texto. En cuanto a la geología estructural, añade: "Faltan datos estructurales que permitan dilucidar la interpretación cartográfica y el sentido de movimiento de las fallas".

Un tipo de roca sedimentaria que se encuentra en el terreno preocupa especialmente al CSN: una unidad de lutitas superiores en la parcela de Las Balanzas, la elegida para situar el almacén. "Conviene destacar que en esta unidad [...] aparecen procesos de karstificación, desarrollados por la disolución actual del yeso", señala.  Se llama karstificación al proceso de disolución de las rocas, que puede generar grietas, cuevas y dolinas, y por tanto, problemas estructurales, incluso el colapso del terreno. De eso mismo alertaba un informe geotécnico realizado en 2012 que el Gobierno ocultó al Congreso.

El CSN señala que la información proporcionada por Enresa tiene muchas carencias. En el apartado de geotecnia, por ejemplo, solicita nuevos estudios (tomografía sísmica) para detectar si hay oquedades en los yesos del terreno, algo “importante para definir la cimentación”.

En el estudio de la hidrología y la meteorología también formula el CSN críticas, por ejemplo, a la forma de calcular la precipitación máxima probable. "Se utilizan únicamente cinco tormentas", cuando la norma de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) "recomienda trabajar si es posible con 24 tormentas". En lo relativo a la inundación por falta de drenaje local "no se hace referencia a la necesidad de construir y mantener correctamente un sistema adecuado de drenaje de la parcela del ATC que impida su encharcamiento".

"Este problema debe resolverse adecuadamente para asegurar la ausencia de acumulación de agua en la instalación", añade, y continúa: "En los estudios realizados no se han encontrado referencias a la necesidad de contar con un sistema de alarma de lluvias o caudales extraordinarios que permitan poner en marcha los protocolos de emergencia con la máxima antelación". El texto concluye: "En conjunto en el estudio hidráulico se han observado deficiencias significativas tanto en los datos empleados como en las hipótesis realizadas para obtener los niveles de agua en la zona inundable".

Enresa explicó ayer que “el informe de petición de información del CSN forma parte del proceso de licenciamiento normal de una instalación de este tipo”. "Enresa está ultimando la preparación de esa información adicional para presentarla al CSN a mediados del mes de diciembre", añadió la empresa en una respuesta escrita.

El PSOE ha pedido hoy que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dé cuenta en el Congreso de las supuestas irregularidades detectadas en los gastos realizados en 2013 por el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el exsenador del PP Francisco Gil-Ortega, con cargo de la entidad pública, según Europa Press.

Los socialistas han hecho esta petición en la Cámara Baja basándose en una información publicada por eldiario.es en la que se acusa a Gil-Ortega de haber incumplido su contrato al cargar en su tarjeta una serie de gastos en concepto de viajes nacionales y al extranjero sin justificar.